El asalto de fuerzas militares israelíes contra la prisión de Jericó, en la Cisjordania ocupada, que dejó un saldo de dos muertos y una veintena de heridos, es una provocación similar, en sus posibles consecuencias, al «paseo» del ahora agonizante Ariel Sharon por la explanada de las Mezquitas en Jerusalén, hecho que desató la segunda Intifada. El pretexto para esa agresión ­llevarse al dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), Ahmed Saadat, acusado por Tel Aviv del asesinato de un ministro de Turismo, en 2002­ es insostenible, toda vez que el presidente palestino, Mahmud Abbas, ofreció al régimen ocupante que lo mantendría en prisión.

Cabe recordar que el reclusorio de Jericó era vigilado y supervisado por elementos estadunidenses y británicos, los cuales se retiraron poco antes de la agresión israelí, alegando la «inseguridad» del recinto. En suma, Washington y Londres regalaron a los ocupantes el argumento y la oportunidad para que perpetraran el asalto.

Un funcionario inglés citado por las agencias arguyó que su gobierno y el de George W. Bush habían exigido previamente a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que mejorara los sistemas de vigilancia de la prisión atacada y que, ante la inacción de Abbas, ordenaron la salida de los elementos extranjeros encargados de la cárcel. Aun suponiendo que el antecedente fuera cierto, quedaría claro que Gran Bretaña y Estados Unidos actuaban como carceleros de los israelíes, y no con el propósito de ayudar a los palestinos.

En todo caso, la inmoralidad de Washington y Londres es apabullante. Sólo desde una insensibilidad extrema y desde un enorme cinismo puede exigirse a un pueblo ocupado, afectado por la miseria, el desempleo, la represión más inmisericorde, el robo territorial más descarado y el bloqueo de sus presupuestos que se ocupe de construir cárceles al gusto de Israel.

Por si cupiera alguna duda al respecto, este episodio deja en claro de qué lado están las potencias anglófonas en el conflicto palestino-israelí y echa por tierra la farsa de Londres y Washington como «promotores de la paz». Los gobiernos de Bush y de Tony Blair no desean la existencia de un Estado palestino ni la convivencia pacífica entre los dos pueblos, sino la perpetuación del martirio nacional de los ocupados.

Conforme Israel empeñaba en el ataque una fuerza desmesurada ­tanques, vehículos blindados, misiles disparados desde helicópteros­ y procedía a desnudar, maniatar y secuestrar arbitrariamente a guardias de la prisión, a civiles y a algunos presos, la ira se propagó entre los palestinos de Gaza y Cisjordania y se produjo una ola de violencia contra locales estadunidenses e ingleses, y contra ciudadanos occidentales en general. Ciertamente, es del todo lamentable que personas inocentes ­entre ellas, activistas solidarios con Palestina­ hayan sido agredidas o secuestradas, lo que no ayuda en nada a la causa de los habitantes de Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental.

De hecho, ante los ataques contra intereses extranjeros la Organización de Naciones Unidas y la Cruz Roja optaron por retirar a su personal de esos territorios, lo que agrava el desamparo de la población palestina. Pero habría que hacer gala de una insensibilidad como las que ostentan Blair y Bush para no comprender la exasperación social causada por el asalto a la cárcel de Jericó, perpetrado con la complicidad y la colaboración de Washington y Londres.

Finalmente, y dejando de lado a Saadat como pretexto, cabe preguntarse qué buscaba realmente el régimen de Tel Aviv en esa prisión. El premier palestino, Ismail Haniyeh, dijo que la incursión era un operativo electoral de cara a los comicios que habrán de celebrarse en Israel en dos semanas. Acaso el jefe de gobierno en funciones, Ehud Olmert, haya buscado realizar una exhibición de brutalidad militar con el propósito de incrementar los sufragios de su partido; pero debe considerarse también la posibilidad de que el régimen de Tel Aviv esté buscando provocar una nueva oleada de furia insurreccional entre los palestinos a fin de justificar nuevas mutilaciones territoriales de Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental, desestabilizar el proceso de integración de un nuevo gobierno en la ANP ­cuyo nuevo primer ministro pertenece a Hamas, organización vetada por Israel­ y hacer imposible la reanudación del diálogo entre ambas partes.