Las autoridades israelíes limitarán a partir del uno de febrero las transferencias que reciben presos palestinos desde la Autoridad Nacional Palestina (ANP), según una ley aprobada por el Parlamento y que ha causado la indignación de los afectados. La nueva legislación israelí, aprobada el año pasado pero que aún no se había aplicado, considera que […]
Las autoridades israelíes limitarán a partir del uno de febrero las transferencias que reciben presos palestinos desde la Autoridad Nacional Palestina (ANP), según una ley aprobada por el Parlamento y que ha causado la indignación de los afectados.
La nueva legislación israelí, aprobada el año pasado pero que aún no se había aplicado, considera que las ayudas financieras a presos acusados por delitos contra la seguridad del Estado son un forma de ‘apoyo y aliento al terrorismo’, por lo que a partir de ahora las sumas serán más reducidas e individuales.
Según el diario ‘Haáretz’, cada preso podrá recibir al mes un máximo de 1.300 shékels (unos 234 euros), cuando hasta ahora no existía limitación alguna.
Parte del dinero que reciben los más de 8.000 presos palestinos en cárceles israelíes procede de sus familiares, del Ministerio para Asuntos de Prisioneros de la ANP -que se encarga de su mantenimiento- y de las milicias de las que formaban parte.
Las milicias transfieren fondos de forma regular a sus militantes capturados por Israel, dinero que a partir de ahora no recibirán, a menos que los afectados encuentren vías para ocultar su origen.
La aplicación de la nueva ley israelí establece también que el dinero será ingresado de forma individual en una cuenta a cada prisionero, y su origen inspeccionado por el Servicio de Prisiones.
Hasta ahora, los presos recibían sus ayudas a través de sus respectivos líderes que se encuentran en la misma cárcel. Estos recibían todo el dinero y lo repartían entre sus compañeros de acuerdo a la militancia política de cada uno, manteniendo una dependencia jerárquica similar a la que existía fuera de prisión.
El jefe del Servicio de Prisiones, Yaacov Granot, expresó hace meses su preocupación por el descontrol en estas transferencias, en particular porque ciudadanos palestinos de nacionalidad israelí -los llamados árabes-israelíes- condenados por actividades terroristas, también reciben ayudas de la ANP.
Bajo el nuevo régimen, Granot ha ordenado congelar las transferencias a estos presos, ya que se trata de ciudadanos israelíes.
El Banco Postal, mediante sus sucursales en las cárceles, será el encargado de abrir una cuenta a cada preso y de entregarle el dinero en mano, en un intento de romper la jerarquización y dependencia entre los presos.
La nueva ley israelí causó en su momento la indignación de los dirigentes palestinos encarcelados, ya que con ello pierden la influencia que tenían sobre sus compañeros de prisión.
Una fuente del Servicio de Prisiones dijo al diario ‘Haáretz’ que ‘estamos tratando de conservar la calma entre los presos’, al destacar que éstos reciben una cantidad muy superior a la que es autorizada a un delincuente común israelí, que asciende ‘a varios cientos de shékels’.
‘Debíamos haber restringido aún más las cantidades mensuales, a varios cientos de shékels, con lo que tienen suficiente para sus necesidades mínimas; eso es lo que está autorizado a los delincuentes comunes’, dijo la fuente al diario.
‘No hay ninguna razón por la que un terrorista en nuestras prisiones reciba más (dinero), incluso si llega del lado palestino’, agregó.