Juan José Arévalo afirma en ‘Despacho Presidencial’ que fue el único Presidente latinoamericano en ofrecer el voto afirmativo para crear el Estado de Israel, antes de las sesiones en Naciones Unidas (NU), en mayo de 1948. La defensa del voto de Guatemala en Nueva York se confió a Jorge García Granados, quien integró en 1947 […]
Juan José Arévalo afirma en ‘Despacho Presidencial’ que fue el único Presidente latinoamericano en ofrecer el voto afirmativo para crear el Estado de Israel, antes de las sesiones en Naciones Unidas (NU), en mayo de 1948.
La defensa del voto de Guatemala en Nueva York se confió a Jorge García Granados, quien integró en 1947 la Comisión designada por NU para recorrer territorio palestino y que en agosto de ese año presentó la propuesta conocida como «partición de Palestina». El representante guatemalteco respaldó la división, la cual era aceptada por los israelíes pero rechazada por los árabes.
Durante las sesiones de 1948, las NU sometieron a la votación individual de los Estados si se admitía o rehusaba la referida «partición». El 14 de mayo, Estados Unidos manifestó su aprobación. La delegación guatemalteca «se apresuró» a cumplir con compromiso asumido por Arévalo, acto al que se sumó el asentimiento de Uruguay. Esos «dos votos latinoamericanos sirvieron de estímulo a los gobiernos indecisos, y los votos favorables a la ‘partición’ fueron sumándose. El Estado de Israel quedaba por fin aprobado por las Naciones Unidas.» (1998: 328.)
Israel debe su existencia como Estado a una votación de Naciones Unidas, pero este 9 de julio hizo caso omiso del principal órgano judicial del organismo mundial, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la cual declaró que es «ilegal» el muro construido por Israel para separar a los palestinos en Cisjordania. El dictamen determinó que las normas del derecho internacional han sido violadas con esa muralla, pues limita la libertad de locomoción y restringe los derechos al trabajo, la salud, la educación y al bienestar del pueblo palestino.
El gobierno hebreo ha declarado que no acatará la resolución. La CIJ determinó que el muro constituye una «anexión de hecho» de territorios palestinos ocupados, por lo que solicitó a Tel Aviv derribar la parte de la muralla edificada en Jerusalén del Este, cesar la obra, pagar indemnizaciones a la población afectada y devolver las tierras confiscadas. La Corte hizo un llamado a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para adoptar las medidas necesarias que pongan fin a la «situación ilegal» creada por la ignominiosa construcción.
La resolución del supremo tribunal internacional refrenda las denuncias formuladas en todo el planeta acerca de las graves violaciones perpetradas por el régimen de Ariel Sharon contra civiles en Cisjordania, en nombre de la seguridad de Israel. La Corte desechó las justificaciones de Sharon para erigir el muro; en cambio, reconoció que esa construcción, junto con otras medidas, han impedido al pueblo palestino ejercer su autodeterminación.
La sentencia de la CIJ sólo recibió el voto en contra del representante estadounidense en la Corte. Las posiciones de Tel Aviv y Washington quedaron aisladas en el ámbito internacional y sobrepasadas por el reconocimiento de la ilegalidad de las políticas del gobierno israelí, las cuales arrojan un saldo devastador en vidas humanas y destrucción material. El cerco tiene ahora una longitud de 170 kilómetros, pero sus constructores pretenden que se extienda a lo largo de 730 kilómetros, en los que quedará cercada una población de 800 mil palestinos. Con el pretexto de proteger los asentamientos israelíes en la zona, igualmente ilegales, Sharon pretende consumar el despojo de Jerusalén del Este y de los territorios ocupados en Cisjordania en 1967 durante la Guerra de los Seis Días.
En Gaza y Cisjordania se consuma un genocidio ante el cual la comunidad internacional no debe permanecer inerte. Guatemala no puede ufanarse de que contribuyó de manera significativa en la creación del Estado israelí si no exige que las principales instancias de Naciones Unidas dejen de retrasar la toma de decisiones que pongan fin a la ilegalidad de Tel Aviv y Washington en Medio Oriente.
29 julio 2004