Los últimos incidentes provocados por Israel con los activistas pro palestinos que formaban parte de la iniciativa humanitaria conocida como ‘flytilla’ -nombre que ya tomó una acción similar el año pasado- muestra una cara negativa de la que se denomina la única democracia de la región, y es su aparente pavor ante las iniciativas democráticas […]
Los últimos incidentes provocados por Israel con los activistas pro palestinos que formaban parte de la iniciativa humanitaria conocida como ‘flytilla’ -nombre que ya tomó una acción similar el año pasado- muestra una cara negativa de la que se denomina la única democracia de la región, y es su aparente pavor ante las iniciativas democráticas y pacíficas.
En esta última iniciativa, llamada ‘Bienvenidos a Palestina‘, los activistas pretendían llegar a Belén a través del aeropuerto israelí de Ben Gurion, desde donde cogerían un autobús privado israelí que les llevaría hasta la localidad, llegando incluso a pedir escolta policial para demostrar que Israel no era su destino, sino Cisjordania. En vista de la negativa de las autoridades hebreas, el propio alcalde de Belén, Victor Batarseh, solicitó a Tel Aviv que permitiera la visita de los «amigos» y que «no les humillara» .
Ante la iniciativa pacífica, el Ejecutivo israelí ha vuelto a entrar en pánico, como parece que le ocurre cada vez que ha de enfrentarse a propuestas similares. Así, el Ministerio de Interior envió una carta a las compañías aéreas para que prohibieran el embarque a las personas incluidas en una lista que adjuntó debido a su intención de participar en la acción. Para intentar defender este acto, argumentó que «a la luz de los comentarios por parte de activistas radicales pro palestinos, en los que han dicho que pretenden llegar en vuelos comerciales desde el extranjero con la finalidad de alterar la paz y enfrentarse a las fuerzas de seguridad en el aeropuerto de Ben Gurion y otros puntos de fricción, se ha decidido prohibir su entrada, de acuerdo a la Ley de Entrada a Israel».
Esta aseveración, con la que Tel Aviv cuelga automáticamente la etiqueta de radicales y violentos a todos los que participan en una protesta contra la ocupación -nada diferente de lo que hace con su presentación de la población palestina como terrorista o potencialmente terrorista- contradice completamente con los comunicados publicados por la organización del evento, que reiteró en varias ocasiones que sus intenciones eran pacíficas y que ni siquiera pretendían quedarse en territorio israelí.
Ahondando en la retórica criminalizadora, el ministro de Seguridad Pública, Yitzhak Aharanovitch, dijo que «Israel evitará esta provocación de la misma manera que todos los países prohíben a elementos hostiles cruzar sus fronteras» y subrayó que «los provocadores serán tratados con firmeza y rapidez, no habrá persecuciones en los pasillos del aeropuerto».
Sin embargo, las compañías aéreas siguieron las instrucciones del Gobierno israelí, cancelando billetes y prohibiendo el embarque a la mayoría de los activistas, pese a lo que algunos de ellos llegaron a Ben Gurion, donde fueron recibidos por un fuerte dispositivo policial. La mayoría de ellos fueron detenidos en el lugar sin presentar resistencia y deportados, aunque algunos pudieron llegar a Belén y contar lo sucedido.
El tratamiento por parte de Israel de civiles extranjeros que llegan al país es, cuanto menos, preocupante, aunque choca aún más el silencio y simpatía con que son recibidas estas acciones por parte de la comunidad internacional, que parece no tener problema en que sus ciudadanos sean tratados como criminales y deportados nada más llegar a un país en un vuelo comercial.
Esta postura por parte del Gobierno de Israel no es novedosa, baste recordar su forma de actuar ante la ‘flytilla’ del año pasado, que siguió el mismo modelo y ante la que la respuesta policial fue exactamente igual. En aquella ocasión, el jefe de operaciones de la Policía, Nisim Mor, aseguró que «no se permitirá que los extremistas monten jaleo».
Sin embargo, no han sido estas las actuaciones más brutales de las fuerzas de seguridad de Israel a la hora de detener una muestra pacífica de solidaridad con el pueblo palestino. La Marina israelí abordó en mayo de 2010 por la fuerza en aguas internacionales una flota de seis embarcaciones de la organización Free Gaza para evitar que rompiera el bloqueo que el Estado judío mantiene contra el enclave costero, asesinando a nueve civiles -ocho de ellos de nacionalidad turca y uno con doble nacionalidad turco-estadounidense- y provocando heridas de diversa consideración a más de una treintena.
En ese caso, las Fuerzas Armadas de Israel consideraron que era necesario actuar con fuerza letal contra una flotilla, y especialmente un barco, en el que viajaban civiles, periodistas y personalidades internacionales, sólo para evitar que se pudiera entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se hiciera con el control del enclave en 2007, argumentado que debía controlar la entrada y salida de productos y personas para inspeccionar los materiales que puedan ser utilizados para la fabricación de explosivos, armas y artefactos caseros.
Esta medida ha provocado una grave crisis humanitaria en la Franja y la ha convertido ‘de facto’ en una gran cárcel. Tampoco la comunidad internacional ha conseguido hacer nada para levantar este bloqueo, a pesar de los múltiples llamamientos a ello, a causa del respaldo que Estados Unidos -que también mantiene impuesto un bloqueo durísimo e ilegal contra Cuba- da al Gobierno israelí.
Este bloqueo fue una consecuencia de la celebración de elecciones democráticas en los Territorios Ocupados Palestinos en 2006, en los que ganó la lista Cambio y Reforma, vinculada a Hamás. Tras muchos años pidiendo al movimiento que abandonara las armas y se presentara a unas elecciones democráticas, cuando lo hizo no fue reconocido por la comunidad internacional -léase Occidente- que respondieron con una serie de duras sanciones, lo que provocó en 2007 el estallido de enfrentamientos entre Hamás y Al Fatah, hasta entonces partido mayoritario, que provocó la división administrativa y territorial.
En este caso, el de las elecciones democráticas en Palestina, Israel tampoco mostró ningún entusiasmo por esta muestra de libertad de elección política y reaccionó oponiéndose diametralmente a ella. De nuevo, Tel Aviv mostró una política muy similar, por no decir calcada a la de Washington; la de mantener el discurso pro democrático siempre y cuando los resultados de las acciones no sean contrarias a los intereses del Estado hebreo.
Además, hay que recordar que la tan cacareada democracia israelí lo es sobre el papel, pero no tanto en la realidad debido a la discriminación que sufren los árabes israelíes -e incluso los judíos ashkenazíes- frente a los judíos de ascendencia occidental. De hecho, según la ONG Mossawa, el 70% de los árabes israelíes son pobres y únicamente el 17% de las mujeres de este grupo social trabaja, frente al 52% de las hebreas.
No faltan ejemplos de la postura antidemocrática y autoritaria de Israel, pero cabría destacar dos que son muy recientes y que muestran la forma de actuar del Ejecutivo hebreo: tras el reconocimiento de Palestina como Estado miembro por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Israel ordenó el incremento de la construcción de asentamientos en los Territorios Ocupados -lo que contraviene el Derecho Internacional y equivale a un crimen de guerra- y congeló los fondos que ha de enviar a la Autoridad Nacional Palestina.
La segunda es la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de investigar la situación sobre el terreno en Palestina, Israel decidió romper relaciones con el organismo y aseguró que no permitiría que el equipo de investigadores entrara en el territorio, algo que choca con la postura de Tel Aviv respecto a la investigación de posibles crímenes en otras partes del mundo, sin ir más lejos, en la vecina Siria.
En cualquier caso, dejando de lado la situación dentro de Israel, el terror y rechazo que muestra Tel Aviv ante las propuestas civiles de corte pacífico es una de las grandes lacras que sufre de cara a su reconocimiento internacional como un interlocutor válido alejado del fanatismo y la violencia contra todo aquello que se oponga a sus planes.
A pesar de ser difícil debido al peso militar y la impunidad con que ha contado durante todos estos años, gracias a los vetos constantes de Estados Unidos a todas las resoluciones votadas en el Consejo de Seguridad, Israel ha de asumir la oposición como algo natural, sobre todo teniendo en cuenta las prácticas criminales que lleva a cabo, y predicar con las prácticas democráticas por las que aboga públicamente.