Izquierda Unida está ultimando su propia propuesta de reforma constitucional, que se discutirá y aprobará en el seno de la federación con vistas al próximo curso político, y todo ello mientras el Gobierno espera para finales de año la respuesta del Consejo de Estado sobre las cuatro materias que pretende modificar. También Esquerra Republicana, el […]
Izquierda Unida está ultimando su propia propuesta de reforma constitucional, que se discutirá y aprobará en el seno de la federación con vistas al próximo curso político, y todo ello mientras el Gobierno espera para finales de año la respuesta del Consejo de Estado sobre las cuatro materias que pretende modificar. También Esquerra Republicana, el otro socio parlamentario del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la pasada semana los ejes de su proposición, que en su caso incluirá el derecho de secesión.
Como se sabe, el Gobierno ha ceñido a cuatro cuestiones la reforma de la Carta Magna: el Senado, la igualdad en la sucesión en la Corona de hombres y mujeres, la participación en la Unión Europea y la denominación y enumeración de las CCAA. Para IU, limitar las novedades a estas cuatro cuestiones es «claramente insuficiente» y prepara un documento en el que reflexiona sobre estos mismos capítulos y propone ampliar las reformas a otros.
Entre las iniciativas de la organización de izquierdas, destaca la que concierne a la regulación del procedimiento por el que pueda cambiar en el futuro tanto el número como el territorio de las Comunidades Autónomas, que no existían antes de 1978 y que «es de suponer que en algún momento futuro pueden variar o desaparecer», se dice en el documento.
En todo caso, se aclara, el procedimiento que se recoja de «fusión, integración o segregación», así como la desaparición de las comunidades, debe regularse «con estrictas garantías democráticas y respeto a la voluntad de los ciudadanos de los territorios afectados expresada mediante consulta popular».
En el documento, al que tuvo acceso Europa Press, se expone que la coalición no defiende su «propuesta máxima» ante una reforma constitucional, la instauración de una república federal, que supondría una revisión completa de la Constitución. «Son reformas parciales que no ponen en peligro el sistema constitucional ni sus valores», se asegura, para añadir que «la mejor opción será aquella que consiga el mayor grado de adhesión». «En este punto es un mal negocio vencer, pero no convencer».
Comunidades Autónomas
Con respecto a la denominación de las CCAA en la Constitución, se entiende que debe recogerse la oficial que emplea cada una de ellas y en cuanto al orden de mención, propone el que se fijó en el proyecto de constitución federal de 1873 (en aquel texto se citaba a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Valencia y Regiones Vascongadas, además de Cuba y Puerto Rico).
Por otro lado, en el documento se explica que la inclusión de las 17 CCAA en el texto constitucional deja sin sentido el articulado de que reguló la creación de las autonomías y las competencias que irían asumiendo.
Aclaradas las Comunidades que existen, se propone a cambio que se regule el procedimiento por el cual puede variar «el número y el territorio de las entidades que componen el Estado», un tipo de disposiciones, se asegura, que son habituales en el derecho constitucional de países federales como Alemania o Suiza y en Estados regionales como Francia o Italia.
En cuanto a las competencias de las CCAA, se defiende en la propuesta la redacción de un reparto «nítido» entre ellas y el Estado, y que para todo aquello que no suponga una delimitación de esas competencias, las comunidades puedan reformar sus Estatutos según su libre decisión.
En este apartado sobre el Estado autonómico, se incluye en el documento también la revisión de las Disposiciones Transitorias de la Constitución, puesto que como tales «han agotado ya su vigencia». Como excepción, sin embargo, se propone mantener la Cuarta, que regula la anexión de Navarra al País Vasco si así lo decide su Parlamento y los ciudadanos en referéndum. «Materialmente, se trata más de una disposición adicional que transitoria», se dice en el texto, en el que se agrega que este mecanismo, además, es para los navarros «garantía» de su «derecho a decidir sobre su propio futuro institucional».
Otras de las iniciativas que se plantean en este capítulo autonómico son la eliminación del artículo 145.1 de la Constitución, que prohíbe la federación entre Comunidades Autónomas, y la supresión de las provincias como «ente local necesario», dejando libertad a las CCAA para fijar su organización territorial. También la circunscripción provincial debe desaparecer a la hora de votar, se dice, para «no primar las hectáreas sobre los ciudadanos», dentro de la reclamación de IU de que se modifique el sistema electoral.
Economía, participación, estado social
Como se ha señalado, en este documento todavía de carácter interno se expone que puede aprovecharse el impulso reformista para incluir otras novedades en la Constitución más allá de las cuatro propuestas por el Gobierno. Así, se propone sentar las bases de un sistema financiero de carácter federal, así como la participación de las CCAA en la formación tanto del Tribunal de Cuentas, como del Consejo Económico y Social.
Y entre las medidas que se califican de «profundización democrática», los redactores del texto proponen por ejemplo que se vincule el voto a la residencia y no a la nacionalidad, para abrir la puerta de los colegios electorales a los inmigrantes, y que se haga «obligatoria» la «democracia participativa» en los ayuntamientos, es decir, que se introduzcan mecanismos de participación directa de los ciudadanos en cuestiones como los presupuestos. Otra iniciativa es que se proscriba «prácticas viciosas como la ley de acompañamiento de los Presupuestos».
Y en el capítulo del Estado social de Derecho, se quiere que los derechos económicos, sociales y culturales logren un rango superior. Se propone que pasen a ser derechos fundamentales, al menos, en el caso del derecho a la vivienda, la seguridad social, la protección de la dependencia, el derecho al trabajo y el derecho al medio ambiente. En el caso del trabajo, se plantea que en el texto constitucional se recoja como una «obligación» de los poderes públicos el garantizar el acceso al mismo.
De los distintos artículos sobre los que se incluyen modificaciones en la iniciativa en la que trabaja IU, se encuentra también el 15, el derecho fundamental a la vida. Para la coalición, tiene que añadirse en este párrafo la abolición de la pena de muerte incluso en tiempos de guerra (única salvedad de la Constitución actual), así como la renta básica y el derecho a «una muerte digna».
Sucesión de la Corona y el Senado
En cuanto a la eliminación de la preferencia del hombre sobre la mujer en La Corona, en el documento se recalca la apuesta republicana de IU, aunque se asegura que la iniciativa del PSOE puede tener algo de «ejemplificador». Se añade sin embargo que hubiera sido mejor eliminar la discriminación entre el actual heredero y sus hermanas.
En cuanto a la reforma del Senado, se defiende que se convierta en foro para que las CCAA participen en la formación de la voluntad del Estado y colaboren entre sí. La elección de los senadores debe corresponder a los Gobiernos autonómicos (en número igual para todos) y a los Parlamentos autonómicos (número de acuerdo a la población de la CCAA).
Este nuevo Senado, tiene que tener amplias funciones, tanto como legislador, con iniciativa exclusiva en algunos casos, competencia de enmienda de los Presupuestos, etc; como órgano de control del Gobierno y como órgano de política autonómica. En este tercer plano, se defiende que la Cámara Alta tenga competencia para conocer y decidir sobre la estructura político-territorial del Estado y para tratar todo aquello que afecte a las Comunidades Autónomas, tanto en el Estado como en la Unión Europea.