En las provincias orientales, entre las que figura Granma, se resgistran los mayores índices de violencia de género de Cuba, según autoridades penales.
La naturalización de la violencia, la victimización de las mujeres y la omisión de los temas asociados a este problema de salud, representan las principales causas que afectan hoy los procesos penales en la provincia de Granma, según juristas locales.
Especialistas de la Fiscalía Provincial, de Medicina Legal y académicos de varias instituciones locales y nacionales, intercambiaron sobre realidades, investigaciones y propuestas que influyen en el territorio, en un panel realizado el 7 de diciembre en el Hotel Sierra Maestra de esta ciudad del oriente cubano.
Ada Marín, jefa del Departamento de Protección de la Familia en la Fiscalía Provincial, informó que, entre 2017 y 2018, se incrementaron en 30 las denuncias por algún tipo de violencia hacia mujeres, lo cual sitúa a la provincia entre los primeros cinco territorios del país que padecen este fenómeno.
«Comparado con los 9.000 casos penales que ocurren en un año, las cifras no son significativas, pero siempre es importante luchar contra cualquier acto de violencia», agregó Marín.
La experta sumó que existe la percepción popular que las sanciones que se imponen no tienen la rigurosidad necesaria.
«Por eso muchas mujeres optan por no denunciar, y viven un proceso de victimización», apuntó.
En ese sentido, confirmó que no existen legislaciones en la isla caribeña que permitan proceder con total especificidad, sobre todo en aquellos casos de violencia psicológica, acosos o actos físicos de difícil comprobación.
Por su parte, Mariyoleidis Lominchar, psicóloga del Departamento de Medicina Legal de Bayamo, explicó que la mayoría de las víctimas de violencia, especialmente las residentes en zonas rurales, no saben cómo reaccionar, qué aspectos legales deben conocer o dónde pedir ayuda.
La también colaboradora de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia insistió que las localidades más afectadas son las zonas rurales, entre ellas Buey Arriba.
La especialista agregó que todavía existe mucho temor a la denuncia por las repercusiones sociales o la dependencia económica que se tiene del maltrador.
«Muchas de estas mujeres viven en condiciones de hacinamiento, con bajos recursos económicos y una evidente dependencia del hombre. Estas condicionantes influyen en que denuncien o no el maltrato», sumó.
«Incluso, hay mujeres que luego de denunciar y proceder la sentencia continúan su relación y atienden a sus victimarios en la propia cárcel», añadió.
No obstante, las expertas indicaron la necesidad de percibir la violencia como un fenómeno a solucionar de forma multisectorial.
Durante el panel se proyectaron también testimonios desoladores sobre víctimas de violencia que deciden, en muchas ocasiones, perdonar a sus maltratadores.
Entre las principales justificantes alegadas por mujeres en esa situación figuran la crianza en pareja de los hijos, la dependencia económica y la permanencia de sentimientos amorosos.
En las entrevistas, algunas implicadas lamentaron el poco alcance de las legislaciones cubanas actuales, además de la benevolencia de las sanciones impuestas a los hombres violentos.
La Jornada Cubana por la No Violencia hacia las Mujeres 2018, que cada año coordina el no gubernamental Centro Oscar Arnulfo Romero, continuó este viernes las actividades centrales en la provincia del Granma con el intercambio de experiencias y proyectos de jóvenes de todo el país.
Como parte del II Evento Científico y de Creación «Juventudes por la equidad social y la no violencia hacia las mujeres», representantes de varias provincias expusieron buenas prácticas comunicativas y de acciones comunitarias enfocadas a contrarrestar este fenómeno en la sociedad cubana actual.