Recuperación económica, seguridad energética, autonomía estratégica. Las cartas del gobierno más progresista de la historia para afrontar el semestre de presidencia española del Consejo de la Unión Europea están dispuestas sobre la mesa. Frente a las turbulencias financieras en un contexto marcado por la congelación salarial, la inflación y las subidas de los tipos de interés, el rescate continuo de los grandes propietarios. Con los cortes del flujo de gas proveniente de Rusia y la urgencia de asegurar el suministro energético, una renovada apuesta por los combustibles fósiles. Ante la extensión de la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones geopolíticas, el reforzamiento de la militarización y la criminalización de la protesta.
En el marco del capitalismo verde y militar, las posibilidades de acometer la tantas veces anunciada transformación del modelo productivo, así como de acelerar la transición energética y de cumplir con los planes de descarbonización, han quedado sepultadas bajo las bombas en la frontera oriental de la UE. Cuando los únicos objetivos realmente importantes son los que marcan los mercados financieros, el Pacto Verde Europeo no sirve casi ni para hacer discursos. Blackrock lo mismo gestiona las oportunidades de negocio en el capitalismo verde que las oportunidades de negocio en medio de la guerra: gestionar las oportunidades de negocio es la razón de ser de Blackrock (Martínez, 2023), eso es tan obvio como que el Green New Deal está en fase terminal.
La Unión Europea siempre ha tratado de proyectarse como el policía bueno de la globalización capitalista, con unas posiciones internacionales en materia ambiental menos agresivas que las del resto de las grandes potencias. Y, sobre todo, con una narrativa que ha insistido en su declarada preocupación por la inclusión social y los derechos humanos en todo el mundo. Pero esta imagen se ha venido abajo en los últimos tiempos. Sin desconocer que la construcción de la Europa fortaleza siempre se ha fundamentado sobre las bases de la explotación, el extractivismo y el neocolonialismo, los ideales progresistas que formalmente presidían la acción de la UE ya no aguantan ni siquiera en el papel. Más allá de evidenciar el fracaso del greenwashing, la necesidad de asegurar el aprovisionamiento de gas natural y de minerales críticos, de controlar las fronteras (exteriores e interiores) y de garantizar los dividendos empresariales han terminado de liquidar los valores europeos.
En la segunda mitad de este año, durante la presidencia española de la Unión Europea, pretenden cerrarse tres grandes acuerdos comerciales con sendos gobiernos progresistas latinoamericanos, así como certificar avances normativos, tanto a nivel europeo como en las legislaciones nacionales de los Estados miembros, para concretar la diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente. La agenda progre de la UE pasa, por un lado, por blindar los intereses de las grandes corporaciones europeas y, por otro, por ofrecer una pseudo-regulación sobre sus impactos socioecológicos que carece de efectividad real. Mientras a lo interno se imponen las condicionalidades –como la reforma laboral y la de las pensiones– exigidas por Bruselas, de cara al exterior se trata, como ya se ha encargado de recalcar la ministra de Industria, Turismo y Comercio del gobierno español, de “reforzar alianzas estratégicas que contribuyan al abastecimiento de la UE y generen nuevas oportunidades de comercio e inversión para los operadores de la Unión”. El progresismo europeo era esto.
De
la austeridad al neokeynesianismo
En la Unión Europea, tras el crash de
2008, la salida de la crisis pasó por la austeridad.
Ya se sabe, el mismo guion que ha dirigido las políticas neoliberales en los
últimos cuarenta años: flexibilización del mercado laboral, privatización de
los servicios públicos, mercantilización de los bienes comunes, aumento de los
impuestos indirectos, descenso de la presión fiscal para las grandes fortunas,
socialización de las pérdidas empresariales, disminución del gasto social. Con
el golpe financiero en Grecia y la reforma del artículo 135 de la Constitución
española, con los recortes en los presupuestos de sanidad y educación,
los hombres
de negro se convirtieron en los ejecutores
del rescate de las élites político-empresariales. Y la deuda, como antes en
tantas crisis en las regiones periféricas, se volvió una forma de gobierno.
La década anterior también nos dejó, en la vieja Europa, el vuelco del sistema de partidos y el auge de los estallidos sociales. Del 15-M en la provincia España a la rebelión de los chalecos amarillos en Francia (Kouvelakis, 2019), en buena parte del continente se reprodujeron las movilizaciones para enfrentar las imposiciones de las instituciones financieras. Atemperada, que no resuelta, la inestabilidad político-económica, los grandes poderes que operan en la Unión Europea tomaron buena nota de las grietas en su estrategia para los siguientes conflictos que estaban por venir.
Cuando llegó la pandemia y se produjo la ruptura de las cadenas globales de valor y el frenazo de la economía mundial, la respuesta de los poderes económico-financieros fue notablemente diferente, al menos en primera instancia. Primero quedaron en suspenso los techos del gasto y las limitaciones al déficit público, que habían sido absolutamente intocables en la década anterior. Luego se procedió a la inyección masiva de fondos públicos al sector privado, ya fuera vía subvenciones de costes laborales o bien mediante el despliegue de un amplio abanico de mecanismos estatales de rescate económico. Y después se aplazaron los recortes sociales. Las instituciones que nos gobiernan demostraron que, efectivamente, habían aprendido de los errores de las políticas austeritarias. Que habían aprendido a comunicar las restricciones de una manera mucho más sofisticada y menos frontal, no que hubiera que descartar los recortes.
En el marco de la reconstrucción pospandémica, el Estado asumió el rol central en el sostenimiento de la economía. No es que vuelva el Estado porque nunca se fue; más bien, el Estado vendría ahora a reactivar la economía de la mano del capital transnacional y a pilotar la transición del modelo productivo hacia los nuevos nichos de negocio verdes y digitales. En un giro de la Unión sobre sí misma, las políticas monetarias expansivas y el endeudamiento masivo –solo en el primer semestre de este año se emitirá tanta deuda como entre 2009 y 2019– aparecieron como los vectores clave para una salida neokeynesiana de la crisis que prometía no dejar a nadie atrás.
Los fondos Next Generation han sido el elemento más distintivo de las propuestas para salir de la crisis. En el caso español, 140.000 millones de euros movilizados desde el sector público, con una condicionalidad sujeta a reformas estructurales, que sobre todo se han configurado como una potente inyección para sostener las cuentas de resultados de las grandes corporaciones. El cambio de modelo ni está ni se le espera: las mismas compañías que han liderado el capitalismo español desde mediados del siglo pasado, cada vez más concentradas y centralizadas tras las fusiones y la entrada de grandes fondos transnacionales en su accionariado, son las que abanderan ahora la supuesta transformación y resiliencia de la economía española.
Parecería que el neoliberalismo hizo crack y que estamos ante un retorno de la preeminencia del poder político sobre el poder económico, cuando la realidad es que los Estados centrales caminan entrelazando sus intereses con los de las grandes corporaciones. En la prolongada crisis estructural del capitalismo global, los aparatos estatales son la única tabla de salvación del capital transnacional. El Estado, además de para seguir reforzando la arquitectura jurídica de la impunidad, se ha hecho imprescindible para que no se venga abajo todo el andamiaje económico-financiero (González y Ramiro, 2022). La inflación como forma de gobierno; la subida de los tipos de interés como el enésimo rescate de la banca.
El
fin de los valores europeos
Paz, libertad e independencia energética. Derechos humanos, solidaridad y
energía limpia. Democracia, diversidad y protección del clima. Los eslóganes de
la última campaña de la Unión Europea buscan recuperar el brillo de los valores europeos para proyectar de nuevo una imagen de
preocupación social y ambiental. En el marco de un conflicto bélico que ha
puesto en riesgo la garantía de los recursos energéticos esenciales para el
metabolismo económico de la Unión, la Comisión Europea trata de legitimar la
profundización de las dinámicas de militarización y securitización. En un
estado de excepción permanente donde los derechos colectivos se desplazan por
un necrocapitalismo cada vez más generalizado (Hernández y Ramiro, 2022), la UE
pretende hacer bandera de la cohesión social. Y en medio del avance de la
emergencia climática y la pérdida acelerada de biodiversidad, la Unión quiere
jugar otra vez el comodín verde.
La evolución del proyecto europeo siempre resultó funcional a los intereses de las grandes corporaciones europeas. Fueron estas las que, en un primer momento, impulsaron y dirigieron la creación del Mercado Único y la Unión Económica y Monetaria, para luego poder ampliar mercados más allá de las fronteras de los Estados-nación europeos. Y fueron estas las que, acto seguido, amarraron la seguridad jurídica de sus contratos y negocios a través de los tratados de Maastricht y Lisboa. En el marco de ambos tratados se fueron aprobando las sucesivas directivas, planes y estrategias que situaron la política comercial como el pilar fundamental de la acción exterior de la UE.
En el Estado español, la aplicación de las condiciones de entrada al club europeo desde los años ochenta fue la condición de posibilidad para la modernización del spanish model. Una etapa clave, sin la que no podría entenderse la internacionalización de las principales compañías españolas, que se fue sucediendo en las décadas siguientes y siempre con un elemento inalterable: el apoyo que les brindaron todos y cada uno de los gobiernos españoles, que asumieron (y asumen) sin fisuras la internacionalización empresarial como una cuestión de Estado (Ramiro y González, 2019). Con la desregulación laboral y ambiental, la liberalización económica y la privatización de las empresas estatales como banderas, en Maastricht se otorgó carta de naturaleza al paradigma neoliberal en el viejo continente.
Para que fuera posible llegar hasta la actual Unión Europea, primero tuvo que producirse el desmantelamiento del Estado del bienestar puesto en marcha durante los treinta gloriosos en Europa occidental. Los criterios de convergencia, con los que se imponía a los Estados miembros fuertes restricciones en relación al déficit y la deuda pública, resultaron muy eficaces para ir eliminando el poco o mucho Estado social –en unos países más, en otros bastante menos y, siempre, a partir de la explotación e invisibilización del trabajo reproductivo realizado por las mujeres– que se había logrado construir. Las instituciones económico-financieras internacionales, por su parte, insistieron en todo momento en la necesidad de reducir los gastos públicos improductivos como la educación, la sanidad, las pensiones o los servicios sociales.
Actualmente, en materia de relaciones comerciales con otras regiones, que son políticas transferidas por los Estados miembros a la Comisión Europea, las prioridades están marcadas por la necesidad de conservar la posición en las cadenas globales de valor y garantizar la seguridad energética y la provisión de las materias primas indispensables para redoblar la apuesta por el capitalismo verde y digital (Fernández et al, 2022). Estos aspectos son cruciales, dada la gran dependencia energética y material de Europa, su estancamiento económico y su desventaja en estos nuevos mercados frente a China y EE UU. De ahí que la UE haya querido imprimir un fuerte ritmo a la negociación y firma de tratados de comercio e inversión.
La promoción de la democracia, los derechos humanos y las soluciones a la crisis ecológica suele contemplarse en este tipo de acuerdos, pero siempre como una cuestión que no pasa de ser declarativa. El neocolonialismo, de hecho, impregna desde la negociación hasta las cláusulas que materializan las relaciones comerciales y de inversión. Los acuerdos de comercio e inversión se basan en una lógica jurídica contractual asimétrica que blinda las relaciones de fuerza; dicho de otro modo, conforman el esqueleto del entramado jurídico-político de dominación.
Es precisamente la desregulación en otros países del sector servicios, la inversión, la contratación pública y las políticas de competencia, así como la re-regulación de los derechos de propiedad intelectual, lo que hace posible la expansión global de los intereses europeos. Se subordinan los territorios, bienes, servicios y mano de obra de las regiones periféricas a las prioridades económicas y los criterios de rentabilidad de las transnacionales europeas. Avanza la sofisticación normativa que consolida la arquitectura jurídica de la impunidad y se anteponen los contratos corporativos y los objetivos de negocio sobre el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. “Defendamos nuestros valores para proteger nuestro futuro y el de nuestras familias, el clima y el planeta”, dice mientras tanto la campaña You are EU.
Acuerdos
comerciales y re-regulación
El pasado 2 de enero, al día siguiente de la toma de posesión de Lula da Silva
como presidente de Brasil, la recién nombrada ministra de Medio Ambiente,
Marina Silva, tiraba la línea del nuevo gobierno: su tarea más importante, “arreglar
los problemas” que obstaculizan el acuerdo comercial entre la Unión Europea y
Mercosur. “No entendemos una nueva agenda plena con América Latina si no
forjamos unos lazos comerciales reforzados con la región”, afirmaba apenas una
semana después Reyes Maroto. “Es por ello que España defiende una pronta firma
y ratificación del acuerdo con Mercosur y de los acuerdos modernizados con
México y Chile”, añadía la ministra de Industria, Turismo y Comercio en una
reunión con todos los embajadores españoles.
El Estado español ha ejercido habitualmente como la punta de lanza de la UE a la hora de negociar los tratados comerciales y de inversión con los países latinoamericanos. Ya en 2010, durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y Caribe, el gobierno español lideró la firma del acuerdo de asociación con Centroamérica, que tuvo lugar en Madrid con la presencia de Porfirio Lobo, el presidente resultante del golpe de Estado y del fraude electoral que habían tenido lugar en Honduras unos meses antes. “La respuesta a la prosperidad se encuentra en la unión de los esfuerzos, donde la capacidad para el crecimiento económico y por tanto la política social está en la apertura, en la liberalización y no en las fronteras”, afirmó entonces el presidente Zapatero (Ramiro y González, 2010).
El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se viene negociando desde hace más de veinte años (Kucharz, 2021). Del lado europeo, con la promesa de que servirá para favorecer las importaciones de carne, soja, etanol, biodiésel y minerales críticos; en la parte latinoamericana, con la idea de que facilitará la llegada de productos industriales y bienes de equipo por la supresión de la mayoría de aranceles. En 2019 se llegó a una versión bastante avanzada del acuerdo, pero algunos países europeos mantuvieron una posición contraria a la ratificación. El problema, oficialmente, son las cuestiones ambientales: la Amazonia y el cambio climático; las presiones clave, sin embargo, provienen del lobby agrario y del capital transnacional europeo, que quiere lograr un mayor acceso a recursos y mercados.
Que viene la extrema derecha es un eslogan funcional en tiempos de elecciones, pero aquí lo verdaderamente importante son los negocios de nuestras empresas. Por eso, en 2021, ni la ministra de Asuntos Exteriores del gobierno español ni el vicepresidente de la Comisión Europea tuvieron ningún problema en viajar a Brasil para reunirse con Bolsonaro con el objetivo de desbloquear el acuerdo comercial. Las posibles reticencias del lado europeo a negociar con un gobierno neofascista, en todo caso, han quedado sepultadas con la victoria de Lula. Así, en los últimos meses se han reanudado las negociaciones bilaterales a puerta cerrada para lograr llegar a tiempo a firmar el acuerdo en el segundo semestre. De concretarse, el acceso de las grandes empresas de la UE a un mercado potencial de más de 700 millones de personas se presentaría como un logro de los gobiernos progresistas.
“La apertura internacional es un pilar fundamental para la Unión Europea. Gran parte del progreso económico y social cosechado hasta la fecha habría sido imposible sin ella”. Con este mantra, repetido recientemente por Pedro Sánchez, quiere justificarse la nueva oleada de tratados de comercio e inversión que se han fijado como prioridad para la presidencia española de la UE. Junto al acuerdo con Mercosur, la intención del gobierno es que antes de finales de año se rubriquen los tratados comerciales con Chile –con la renovación del texto ya cerrada y solo pendiente de ratificación– y México –con quien se ha acometido la modernización del acuerdo existente desde hace dos décadas– para así asegurar el acceso de la UE a nuevos mercados y materias primas críticas. Valga recordar que en el triángulo compuesto por Bolivia, Chile y Argentina se encuentran prácticamente dos tercios de las reservas mundiales de litio.
En un contexto de profunda reestructuración empresarial, los Estados centrales europeos han preparado el terreno para, llegado el caso, asumir el rescate del sector energético. Mientras el gobierno francés ha apuntado la necesidad de “tomar el control de algunas empresas energéticas” para frenar la escalada del precio de la electricidad –y eso que el Estado ya posee el 84% de EDF, la principal eléctrica del país—, el gobierno alemán ha nacionalizado Uniper, la mayor importadora de gas.
El gobierno español, por su parte, lidera la posición europea para abandonar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) porque no sirve para cumplir con los compromisos de París, pero al mismo tiempo está impulsando muchos otros acuerdos similares y promoviendo nuevas infraestructuras gasísticas –con la excusa del hidrógeno verde– que van a contribuir a incrementar el desorden climático. La asimetría normativa es el principio fundamental de la lex mercatoria: la única seguridad jurídica que se valora es la vinculada a los intereses de las grandes empresas. La salida del TCE, sin duda, es una buena noticia; tampoco hay duda de que, en el mismo sentido, habría que denunciar todos los demás acuerdos comerciales en vigor en lugar de estar impulsándolos como si no hubiera un mañana.
El relato de las propuestas de futuro para la recuperación pasa por el reforzamiento de la arquitectura jurídica de la impunidad. Los planes de transformación y resiliencia, tras la invasión de Ucrania, han sido reformulados para adaptarse a los requerimientos de la renovada estrategia RePowerEU: rebajar aún más las barreras ambientales para garantizar por todos los medios el suministro energético a la Unión Europea. En el caso español, las reformas del mercado laboral y de las pensiones, exigidas por Bruselas para proceder al desembolso de los fondos europeos, han servido para blindar el coste de la indemnización por despido y para aumentar el periodo de cómputo de las jubilaciones. Y con la ley mordaza ni derogación ni reforma ni nada, cuatro años de gobierno progresista y se va a quedar tal y como estaba.
Otra de las prioridades de la UE es el impulso de una directiva europea sobre empresas y derechos humanos basada en la noción de diligencia debida, sin salirse del marco de la unilateralidad y la autorregulación empresarial. Una sofisticación jurídica que devalúa la dimensión del respeto de los derechos humanos por parte de las grandes compañías, puesto que no implica la creación de nuevas obligaciones directas de carácter extraterritorial. Venimos insistiendo en ello desde hace dos décadas: no existen instrumentos jurídicos efectivos a nivel global para controlar los impactos sociales, económicos, laborales, ambientales y culturales de las actividades económicas de tipo transnacional. La diligencia debida contribuye a avanzar en la creación de normas vinculantes… vaciadas de contenido, porque estas únicamente se vinculan a la elaboración, revisión y actualización de los planes empresariales sobre los riesgos relativos a los derechos humanos (Hernández, González y Ramiro, 2021).
Contra
la Europa del capital y la guerra
La salida progre de la crisis queda en evidencia con el impulso
de la UE a los acuerdos comerciales neocoloniales para acceder a las materias
primas fundamentales para el capitalismo verde y digital. Igualmente, con el
empobrecimiento causado por la inflación y la subida de los tipos de interés;
lo segundo venía a combatir lo primero, según la ortodoxia económica, y de
seguir así va a acabar redundando en una crisis de impago masivo. Y también con
la creciente criminalización del derecho a la protesta (Hernández, González y
Ramiro, 2022), la creación de normas ineficaces para el control del poder
corporativo y la proximidad de un nuevo ajuste estructural para calmar a los
mercados en un contexto de endeudamiento impagable. Los hombres de negro, aunque de forma menos visible que en la década anterior,
ya están aquí.
Siempre ha habido una cara b del proyecto europeo. Cientos de organizaciones sociales, políticas y sindicales lo denunciaron en 1995, en el primer semestre de presidencia española de la Unión Europea. En la siguiente ocasión que España tuvo la presidencia de la UE, en 2002, cientos de miles de personas se manifestaron contra la Europa del capital y la guerra por las calles de Barcelona y Sevilla. Y en 2010, en paralelo a la VI Cumbre UE-América Latina y Caribe, una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos celebrada en Madrid juzgó simbólicamente a las transnacionales europeas por sus impactos en el continente americano.
Ramón Fernández Durán, que participó en todas aquellas movilizaciones, acostumbraba a incluir en todos sus trabajos una completa genealogía de los movimientos sociales que se organizan para hacer frente a las injusticias del capitalismo global. La construcción de la Europa fortaleza, la imposición de una constitución económica supranacional, el declive de las metrópolis globales, la insostenibilidad del capitalismo verde, los Estados acudiendo prestos al rescate del capital transnacional, unas formas de gobierno cada vez más autoritarias para tratar de contener el descontento social… Vale mucho la pena volver a sus textos hoy, ahora que España ha organizado la última cumbre de la OTAN y va a liderar el Consejo de la UE, para resituar las perspectivas de los movimientos ante la recuperación económica en el marco del declive del proyecto europeo y las disputas por la hegemonía en el capitalismo global (VVAA, 2021).
En términos económicos, afrontamos un escenario prolongado de estancamiento y recesión, de la mano de unos crecientes niveles de endeudamiento y desigualdad. En términos políticos, asistimos a la privatización de la democracia y al derrumbe del Estado social. Y en términos ecológicos, enfrentamos el agotamiento de un modelo de crecimiento basado en el consumo de combustibles fósiles y en la depredación ambiental. En este escenario, cualquier posibilidad de avanzar hacia horizontes emancipadores basados en la equidad social y la justicia ambiental solo puede pasar por confrontar los discursos y las prácticas de las grandes corporaciones y las élites político-empresariales. Al fin y al cabo, se trata, como aprendimos con Ramón (Fernández Durán, 2001: 132), de “profundizar en la construcción de redes internacionales contra el enemigo común: el capitalismo global, que permitan la confluencia de la pluralidad de antagonismos que confrontan las instituciones que lo representan”.
Referencias:
Fernández, Gonzalo; González, Erika; Hernández, Juan y Ramiro, Pedro (2022) Megaproyectos: claves de análisis y resistencia en el capitalismo verde y digital, Bilbao: OMAL. Disponible en: https://omal.info/spip.php?article9739
Fernández Durán, Ramón (2001) “Capitalismo global, resistencias sociales y estrategias del poder”, en Fernández Durán, Ramón; Etxezarreta, Miren y Sáez, Manolo, Globalización capitalista. Luchas y resistencias, Barcelona: Virus.
González, Erika y Ramiro, Pedro (2022) “El Estado-empresa español en el capitalismo verde”, La Pública, 1, pp. 18-23. Disponible en: https://lapublica.net/es/articulo/capitalismo-verde-espana/
Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (2021) “Diligencia debida, cuando la unilateralidad se vuelve la norma”, El Salto, 17 de marzo. Disponible en: https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/impunidad-corporaciones-ong-parlamento-europeo-diligencia-debida-cuando-unilateralidad-vuelve-norma
(2022) Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos, Madrid: OMAL. Disponible en: https://omal.info/spip.php?article9904
Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro (2022) “Salir del necrocapitalismo: los derechos humanos frente al poder corporativo”. viento sur, 102, pp. 81-105. Disponible en: https://vientosur.info/salir-del-necrocapitalismo-los-derechos-humanos-frente-al-poder-corporativo/
Kouvelakis, Stathis (2019) “La insurgencia francesa. La economía política de los ‘gilets jaunes’”, New Left Review, 116/117. Disponible en: https://newleftreview.es/issues/116/articles/the-french-insurgency.pdf
Kucharz, Tom (2021) 25 preguntas y respuestas sobre el Acuerdo UE-Mercosur, Madrid: OMAL. Disponible en: https://omal.info/spip.php?article9643
Martínez, Rubén (2023) “El nuevo ecologismo de los ricos (I)”, Crític, 3 de marzo. Disponible en https://www.elcritic.cat/opinio/ruben-martinez/el-nuevo-ecologismo-de-los-ricos-i-158270
Ramiro, Pedro y González, Erika (2010) “De la ‘Europa Global’ a la Cumbre de los Pueblos: Enlazando alternativas frente al modelo neoliberal”, Pueblos, 42. Disponible en: https://omal.info/spip.php?article796
(2019) A dónde va el capitalismo español, Madrid: Traficantes de Sueños. Disponible en: https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_UTIL_CAP_ESPA_web.pdf
VVAA (2021) Colapso y desorden global. Pensando con Ramón Fernández Durán, Madrid: Baladre, Zambra y Libros en Acción. Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/188234/colapso-y-desorden-global-pensando-con-ramon-fernandez-duran/
Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
Fuente: https://vientosur.info/la-agenda-progresista-de-la-ue-en-el-capitalismo-verde-y-militar/