En varios textos recientes, entre ellos “La recomposición de la izquierda del PSOE”, he realizado distintos análisis sociológicos sobre las tendencias sociopolíticas entre las bases de las izquierdas y fuerzas progresistas, así como las características de la recomposición de la representación de las fuerzas del cambio, en particular, la pugna por su primacía y la relación entre Sumar y Podemos. Su unión electoral aparece como una condición clave para reeditar un nuevo Gobierno de coalición progresista, con una influencia más significativa de la izquierda transformadora para garantizar la consolidación y ampliación de los avances sociales y democráticos en la siguiente legislatura.
Ahora me detengo en un aspecto más general: el complejo camino para articular las élites representativas y dirigentes de este conglomerado llamado frente amplio o fuerzas del cambio, en esta nueva fase de reequilibrio global entre sus grupos políticos más relevantes y la definición y gestión de las tareas, estrategias y alianzas para profundizar en esa transformación sustantiva del país y su contexto. Hago alusión a un tipo de problemas, ya endémicos en la historia de las izquierdas: sus inclinaciones hacia la división y la pugna corporativa y/o doctrinaria, con la consecuencia de limitar su capacidad transformadora igualitario-emancipadora, a gran escala y en el marco europeo, salvando circunstancias excepcionales.
Las élites de derechas tienen una relación diferente a la de las izquierdas respecto de las estructuras socioeconómica, cultural y de poder. La burguesía ascendente, frente a las estructuras del Antiguo Régimen, se fue consolidando en el interior de éste, con el desarrollo capitalista, la pugna cultural y los conflictos político-institucionales, hasta ser hegemónica. Su poder institucional e ideológico estaba también asentado en una burocracia estatal y de seguridad y, particularmente, en una estructura de control económico, basada en la desigualdad social y la subordinación popular, desarrollada en varios siglos: primero, mercantil, luego industrial y, finalmente, financiera. Sus élites representativas o sus partidos políticos, sin llegar a ser un simple consejo de administración para la gestión pública, estaban interconectadas con ese poder real. Dicho de otra forma, los poderes fácticos -socioeconómicos, ideológicos, institucionales- tienen una influencia decisiva, con puertas giratorias y flujos corporativos, en la implementación de las políticas públicas y la gestión de su representación institucional. El principio de realidad, de los intereses y demandas que se defienden, se impone de forma más directa y explícita sobre la composición y la gestión de sus élites políticas.
Las élites de izquierdas, en estos Estados capitalistas o de mercado europeos, no tienen una base estructural de poder consistente, en las distintas esferas: intervención y regulación económica, control del aparato estatal e ideológico-mediático. Su capacidad transformadora deviene de su fuerza social y democrática, de su arraigo y capacidad de articulación de las mayorías populares, de su peso en las instituciones representativas. Y, derivado de ello, de su capacidad y legitimidad de gestión institucional, normalmente en los ámbitos intermedios: gobiernos municipales y autonómicos y parlamentos, así como el acceso a posiciones gubernamentales en una posición secundaria respecto de las estructuras fundamentales del poder o las políticas de Estado, con cierta influencia limitada a través de la concertación social, en el ámbito empresarial o con la colaboración en organismos para-institucionales y participativos. Los auténticos poderes fácticos, más en el ámbito internacional, se escapan al control democrático y, en particular, a la influencia de las izquierdas. De ahí que las propias instituciones representativas estén en crisis por su impotencia para satisfacer el bien común.
Dejo al margen la caracterización de la socialdemocracia europea, con una posición ambivalente entre los dos campos sociopolíticos. Su pertenencia doble, con la ambición de centralidad, sucumbe cuando se manifiesta el conflicto entre las corrientes de fondo, de la involución neoliberal, regresiva y autoritaria, frente a una dinámica de progreso del bienestar social y democrático. A diferencia de las décadas gloriosas del pacto keynesiano y el desarrollo del Estado de bienestar, supone su crisis política y representativa, si no se aborda la fuente de poder democrático fundamental: la respuesta suficiente a los intereses y demandas de la mayoría popular de la sociedad frente al poder establecido.
Así, para la izquierda transformadora o las fuerzas del cambio de progreso, es fundamental ampliar su capacidad articuladora y representativa con la mayoría social. Es su base de poder democrático, mediando sus procesos sociales y electorales. Sus élites políticas o representantes institucionales pueden tener una relativa vinculación con sus electorados o bases sociales, cierto contrato social en base a los programas o proyectos legitimados en sus procesos participativos. Pero no suelen tener unas fuertes y amplias estructuras de articulación sociopolítica y cultural con las que mantener una interacción o diálogo con los grupos sociales, más o menos dispersos, desde la autonomía de cada cual, que condicione su propia autonomía decisoria y gestora, aunque se palie con distintas consultas.
Se ha hablado mucho de la legitimidad de origen -y su parcial agotamiento- de las fuerzas políticas del cambio como expresión del proceso de protesta social de todo el lustro de 2010/2014, conocido como movimiento 15-M y que fue mucho más amplio y diverso, incluido las variadas mareas y huelgas generales contra los recortes sociales y por la justicia social y más democracia. Pero, salvo la cuarta ola feminista, con una gran participación, movilización general y apoyo social durante casi un lustro, con la correspondiente pugna por su orientación, la activación cívica y su articulación y persistencia en amplios y organizados movimientos sociales es débil; aunque haya corrientes de opinión significativas o movilizaciones parciales relevantes, como son la concienciación y la actividad medioambiental y por las pensiones públicas, la vivienda o la sanidad pública. Podemos decir que lo más consistente y continuado, como estructura organizada, ha sido el sindicalismo, por un lado, y el nacionalismo periférico, por otro, particularmente el catalán y el vasco.
Pues bien, la representación política de esa amplia base social de izquierdas o progresista, con esa articulación sociopolítica y cultural limitada, tiene unas características específicas, diferenciadas de las de derecha (o las del Partido Socialista, con su doble pertenencia). Por un lado, son más autónomas al no tener una dependencia directa de estructuras organizadas de contrapoder social -movimientos sociales-, institucional -burocracia político-institucional, incluido la judicial y de seguridad- o económico -empresarial, sector público y tercer sector-. Por otro lado, también tienen una menor conexión estable y articulada con su base social popular, que no pueden resolver por la simple interpelación pública o el alegato continuado de su representación de la gente, el pueblo o las familias trabajadoras.
En ese sentido, de menor fluidez relacional, los dirigentes políticos progresistas suelen ser menos realistas respecto de los intereses y demandas, más o menos explícitos, de su base social representada y poco articulada, las capas populares, más difíciles de obtener sin un profundo arraigo social. Por tanto, en los dos últimos siglos, existe cierta inclinación al idealismo entre las fuerzas alternativas, a la sobrevaloración doctrinaria del discurso o el programa/proyecto para conformar fuerza social.
El protagonismo se tiende a centrar en la búsqueda de legitimidad y apoyo electoral a ese liderazgo. Así, se expande la pugna discursiva, medio preferente para competir por la legitimidad de los distintos grupos que aspiran a su representación, orientación y gestión institucional. Se pone en primer plano los componentes corporativos o sectarios de los distintos núcleos dirigentes o aspirantes a ello, dejando de lado el auténtico proceso selectivo y cooperativo que debería curtir la representatividad y capacidad articuladora: la acción colectiva democratizadora e igualitaria de las relaciones sociales.
La consecuencia es la infravaloración de lo más importante para la acción política: la vinculación y generación de activación popular, siendo realistas de los distintos momentos y contextos, con la idea de fortalecer la participación democrática o, dicho en otros términos, la capacidad contractual y transformadora del contrapoder popular. De forma sociopolítica, a través del estímulo a las demandas reivindicativas o conflictos sociales por la pugna distributiva, cultural y democrática frente a discriminaciones y subordinaciones concretas. De forma político-electoral-institucional a través de la acción política reformadora y participativa. El cambio de la subjetividad y las mentalidades y la pugna cultural e ideológica deben estar vinculados con la experiencia relacional de las mayorías sociales en pro de sus derechos y la mejora de sus condiciones vitales, objeto fundamental, así como con la influencia político-institucional.
Por tanto, el aspecto principal para garantizar una fuerte y unida representación política es su arraigo social, su conexión real con la gente para su activación en defensa, aceptada y explícita, de sus intereses y demandas, inmediatas y más generales. Y de ello se deriva su intermediación interpretativa e institucional en el proceso reformador sustantivo y real.
Es cuando se prestigia la política o los grupos políticos, al menos, los progresistas y de izquierda transformadora. Y es cuando el factor de la unidad política, no solo electoral, se vuelve más fundamental en cuanto va dirigido a esa tarea articuladora de la activación cívica frente al poder establecido y por una alternativa de progreso para el país. De ello dependerá su traslación al campo electoral e institucional y, en definitiva, los cambios estructurales y de la relación de fuerzas políticas.
Es la auténtica política útil o transformadora en beneficio sustantivo de la mayoría popular y de garantía de las condiciones políticas necesarias para consolidar el cambio social y de progreso para la próxima década. Es el largo y complejo camino para la formación y consolidación de una representación política unitaria y con fuerte sentido social, ético y democrático.
Antonio Antón. Sociólogo y politólogo.
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