La Audiencia Nacional tendrá que investigar el asesinato del camarógrafo español José Couso por tropas de Estados Unidos en Bagdad, según una decisión tomada ayer por el Tribunal Supremo. El alto tribunal estimó que la justicia española es competente en todos los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, lo cual implica que lo […]
La Audiencia Nacional tendrá que investigar el asesinato del camarógrafo español José Couso por tropas de Estados Unidos en Bagdad, según una decisión tomada ayer por el Tribunal Supremo.
El alto tribunal estimó que la justicia española es competente en todos los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, lo cual implica que lo es también en el caso de Couso.
La decisión es una victoria de la familia y los amigos del camarógrafo que desde su asesinato el 8 de abril de 2003 en Bagdad se reúne ese día de cada mes frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para exigir justicia.
Con esa decisión, el Tribunal Supremo estimó el recurso interpuesto por la familia del periodista, en especial su madre María Isabel Permuy y su hermano Javier, que encabezan el movimiento a favor de que se haga justicia y se castigue a los asesinos.
La sala de lo penal, señala una nota de prensa, valoró el recurso en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2005 que estableció que la Justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad fuera de España.
El caso de José Couso será devuelto a la Audiencia Nacional, donde deberá comenzar de nuevo la instrucción. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había estimado un recurso presentado por el fiscal contra la orden de busca y captura dictada por el juez Central de Instrucción número 1 Santiago Pedraz.
Esa instancia entendió que la muerte de Couso y del cámara de Reuters Taras Protsyuk no se trató de «un acto intencional doloso de causar la muerte», sino de «un acto de guerra realizado contra un enemigo aparente, erróneamente identificado».
La Audiencia se había plegado así a los argumentos de Estados Unidos y el tribunal dejó sin efecto entonces el auto del juez Pedraz que ordenaba la busca, captura y detención a los efectos de extradición de los militares norteamericanos autores del asesinato.
Estos son el sargento Thomas Gibson, capitán Philip Wolford y teniente coronel Philip de Camp, que se encontraban en el tanque que disparó de manera conciente contra el hotel Palestina donde estaban los periodistas extranjeros.
El procedimiento se inició a raíz de una querella presentada por la familia de Couso en la Audiencia Nacional que fue admitida a trámite por el ex juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco el 17 de octubre de 2003.
En la querella se solicitaba, entre otras diligencias, el interrogatorio de esos militares norteamericanos.