E l juicio al Procés queda visto para sentencia después de cuatro meses en que las partes, Fiscalía, Abogacía del Estado, acusación popular y defensas han mantenido sus posiciones, y en medio del nuevo escenario político abierto después de las elecciones generales, municipales y europeas. Una judicialización de una voluntad política ejercida democráticamente, a través […]
E l juicio al Procés queda visto para sentencia después de cuatro meses en que las partes, Fiscalía, Abogacía del Estado, acusación popular y defensas han mantenido sus posiciones, y en medio del nuevo escenario político abierto después de las elecciones generales, municipales y europeas.
Una judicialización de una voluntad política ejercida democráticamente, a través de un referéndum de autodeterminación, que pone a prueba al Estado y de la que depende la gobernabilidad española. En este sentido, la represión hacia Cataluña supuso la tumba política del gobierno de Mariano Rajoy y, ahora, con el inicio del nuevo ciclo político, con Pedro Sánchez en la Moncloa seguramente con el apoyo -interno o externo- de Unidas Podemos y otras candidaturas soberanistas de todo el Estado, habrá que poner fin a la represión, a la involución democrática y al recorte de libertades para avanzar en la resolución negociada y dialogada del conflicto entre Cataluña y España, sino, la desobediencia civil pacífica volverá a ser la única opción.
Durante el juicio la Fiscalía y sus testigos han articulado un relato de un supuesto clima insurreccional, con intimidación y violencia contra la policía, hasta acabar definiendo en sus informes finales que lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de estado contra la orden constitucional y que, por lo tanto, tiene que mantener la petición de rebelión, además de los otros delitos. En este sentido, la extrema derecha de Vox, que ejerce la acusación popular, han reforzado los alegatos de la Fiscalía y han acusado a los líderes independentistas de organización criminal. Por el contrario, la Abogacía del Estado no ha visto la violencia estructural que requiere el delito de rebelión, pero si el uso de la fuerza como prevé la sedición. Por su parte, las defensas han criticado la poca solidez jurídica de los argumentos de la Fiscalía, calificándolos de mitin político con una visión del antiguo régimen y sin ninguna referencia a los derechos de libertad de expresión y de reunión. Así mismo, han alegado que la Fiscalía preparó los testigos de la Guardia Civil, que las acusaciones no tienen pruebas y que se basan en el llamado derecho penal del enemigo. En sus alegatos finales las defensas se han centrado en el ejercicio de los derechos civiles y en la naturaleza parlamentaría de los hechos que se imputan, han asumido la desobediencia para negar la rebelión y la sedición, han negado también la violencia y la malversación y, han concluido que la sentencia del Tribunal Supremo puede ser una oportunidad para devolver a la política la resolución del conflicto. Finalmente, los acusados han reiterado su compromiso con la autodeterminación a través del diálogo y la negociación.
Unos acusados que llevan más de un año y medio en una prisión preventiva injusta y que se enfrentan a penas que van desde los 7 hasta los 25 años de prisión, por unos hechos en que la justicia europea no ha visto violencia en ninguna parte. Una situación de perplejidad cuando el máximo responsable político de la Generalitat durante el 1-O, el presidente Carles Puigdemont, tiene libertad de movimientos por todo el mundo, excepto en el Estado español. Mientras tanto, sus compañeros presos políticos, algunos de ellos cargos electos tomaron posesión de sus actas en las Cortes Generales -en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo- para pocos días después consumarse su suspensión. Una decisión que es prácticamente una inhabilitación llevada a cabo por la mesa del Congreso, en un tira y afloja, en el que el Tribunal Supremo le ganó la partida a la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no defendió -por intereses partidistas en medio de la campaña del 26M- los derechos de los diputados electos.
Así mismo, los observadores internacionales han denunciado, durante el juicio, la concepción poco democrática de los argumentos de la Fiscalía, han criticado la descontextualització de los videos, han acusado al presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, de sobreactuar, de desconsiderado, de obstruccionista con las defensas, de favorecer el discurso subjetivo de los policías, de permitir la banalización de la violencia y, finalmente, han cuestionado su imparcialidad.
En conclusión, un juicio a los líderes políticos y civiles del movimiento independentista que ha puesto de manifiesto el callejón sin salida jurídico-político en que se ha metido el estado español y que tendrá en la sentencia un antes y un después para la democracia española, y un nuevo Momentum para la sociedad catalana que tendría que parecerse más al espíritu del 1 y el 3 de octubre de 2017 que no a una nueva convocatoria electoral si, realmente, se quiere avanzar en hacer efectivo el derecho de autodeterminación.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
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