Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
La reunión, patrocinada por el ministro de cooperación internacional qatarí Jaled Al-Atiya en un hotel de Londres, continuó hasta las cuatro de la madrugada del viernes 4 de agosto, y a ella asistieron Saeb Ereikat, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización por la Liberación de Palestina (OLP), y un grupo de importantes expertos juristas británicos en derecho internacional. El objetivo era preparar un documento de trabajo que contuviera un anteproyecto legal que la OLP pudiera presentar ante las Naciones Unidas cuando en el mes de septiembre solicite el reconocimiento del estado palestino.
Los expertos juristas ingleses aseguraron a Ereikat que, en base al derecho internacional, la OLP cuenta con varios argumentos legales firmes para presentar su petición ante las Naciones Unidas.
En una primera ojeada, la reunión parecía indicar la determinación palestina a seguir adelante con su compromiso de septiembre, especialmente porque el presidente palestino Mahmud Abbas insiste en que la Autoridad Palestina (AP) pedirá el reconocimiento de Palestina ante las Naciones Unidas. Pero, a partir de una mirada más cuidadosa, aparecen ciertas señales dudosas acerca de la seriedad del plan, como son determinadas declaraciones del mismo Ereikat, en las que dijo que aún no se había fijado una fecha para presentar la petición ante las Naciones Unidas, contrariamente a todo lo que los dirigentes palestinos han estado diciendo, es decir, que este paso iba a darse en septiembre. Otros indicios incluirían los intentos de Abbas de relanzar conversaciones bilaterales con Israel con la esperanza de que los resultados de esas conversaciones puedan suponer una alternativa al plan de ir a la ONU en septiembre.
Los medios de comunicación palestinos e israelíes han revelado que el presidente israelí Shimon Peres canceló una reunión secreta con Abbas después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se negara a darle algún mensaje positivo para entregar a Abbas que pudiera convencer al presidente palestino de no ir a las Naciones Unidas. Los círculos palestinos rechazan esta posición, argumentando que la AP no conseguirá nada yendo a la ONU mientras haya negociaciones en curso.
«Ir a la ONU debería ser parte de una nueva estrategia para sustituir a la estrategia de las conversaciones bilaterales», sugirió Hani Al-Masri, director del Centro de Estudios e Investigación de los Medios Palestinos. «Hemos pagado un alto precio por confiar en las negociaciones sin conseguir objetivo alguno. Ir a las Naciones Unidas debe ser una política permanente no sólo una reacción temporal porque han fracasado las negociaciones. Ir al Consejo de Seguridad debe ser el primer capítulo de una nueva alternativa de la estrategia palestina que incluya otros capítulos, episodios y medidas para afrontar la situación actual tras el fin y fracaso del proceso de paz. El compromiso de septiembre debería ser el comienzo del desenganche de las negociaciones bilaterales que los Acuerdos de Oslo pusieron en marcha hasta el día de hoy, y que tan sólo han dado como resultado catástrofes, pérdida de territorio, de Jerusalén y de nuestra causa. Han dividido al pueblo y a la patria y han hecho retroceder la causa palestina a todos los niveles.»
Al-Masri subrayó los muchos obstáculos a que se enfrenta el compromiso de septiembre, el más importante de los cuales es el rechazo de Estados Unidos y de los países europeos con más peso a reconocer la estatalidad palestina. Advirtió contra el Cuarteto, que ha sido incapaz de redefinir la base o marco de referencia del proceso de paz. Al-Masri explicó que la importancia de la decisión de ir a las Naciones Unidas «subyace en el hecho de que es un divorcio final de la opción de las negociaciones bilaterales y la preparación para abordar otra estrategia capaz de conseguir los objetivos que las negociaciones no pudieron alcanzar».
Al mismo tiempo, advirtió en contra de esperar demasiados beneficios de ir a la ONU, apuntando a la realidad de que los territorios palestinos están bajo ocupación militar israelí, cualquiera que sea su estatuto legal.
Incluso si la AP presenta su petición ante las Naciones Unidas en septiembre, hay indicios de que su liderazgo está haciendo cuanto puede para enviar señales tranquilizadoras tanto a Tel Aviv como a Washington de que las consecuencias de la medida no irán más allá de la sede de la ONU. Especialmente, de que Israel no tendrá que enfrentar repercusiones sobre el terreno. La prueba más firme de esto es que Abbas estuvo de acuerdo en enviar a los directores de las agencias de seguridad de la AP a Washington a reunirse con sus homólogos israelíes bajo los auspicios de Dennis Ross, el asesor del presidente Barack Obama. Ross quiere asegurarse de que las agencias de seguridad en Ramallah no permitirán que septiembre se convierta en un punto de inflexión para la resistencia popular palestina ante la ocupación y sus manifestaciones.
Estadounidenses e israelíes son conscientes de que las agencias de seguridad de la AP nunca permitirían un relanzamiento de la resistencia armada a la ocupación en Cisjordania, pero les preocupa que el compromiso de septiembre sea un punto de inflexión para las protestas populares que pudieran desencadenar una tercera Intifada.
Ross no invitó a los dirigentes de las agencias de seguridad solo para asegurar la promesa de que no iban a permitir un levantamiento popular después de septiembre, sino para supervisar también un acuerdo entre los jefes de la seguridad de la AP y el ejército israelí respecto a un detallado plan en aras a conseguir ese objetivo. EEUU quiere asegurar a Tel Aviv que las reacciones palestinas después de septiembre se mantendrán dentro de los parámetros políticos permitidos. En términos prácticos, esto significa que EEUU quiere establecer un mecanismo que calme los temores de Israel en caso de que las condiciones de la seguridad se deterioren de forma que amenacen a Israel y agoten al ejército y a las agencias de seguridad israelíes.
Después de las reuniones de Washington, la AP envió claras y obvias señales que no intentaba cambiar las reglas del juego. Intensificó las detenciones contra líderes y activistas de Hamas y de la Yihad Islámica en Cisjordania, a pesar del acuerdo de reconciliación. Otro indicador es el debilitamiento del acuerdo de reconciliación con Abbas insistiendo en que Salam Fayad forme un nuevo gobierno interino, aunque tal nombramiento es firmemente rechazado por Hamas y contestado por algunos círculos de Fatah.
Mientras tanto, abundan las sospechas de comunicados sobre una crisis financiera en la AP y su incapacidad para pagar los salarios, mientras los expertos económicos insisten en que las finanzas de la AP no han cambiado tanto. Incluso aunque hubiera una crisis, Argelia le transfirió recientemente casi 60 millones de dólares y Arabia Saudí tomó la decisión de transferirle también ayuda financiera urgente.
Basam Sakarna, presidente del sindicado de empleados de la AP y personalidad destacada en Fatah, dijo que la crisis financiera que Fayad está reclamando es artificial. Sakarna acusó al gobierno en Ramallah, diciendo que el tesoro de la AP tiene liquidez para pagar los salarios pero que no da la orden para tener frustrados a los funcionarios de la AP.
Otros observadores creen que la supuesta crisis salarial trata de distraer al pueblo para conseguir uno de dos objetivos. O bien sentar las bases para tomar la decisión de no ir a la ONU, o retrasar la medida indefinidamente; o bien enfriar la reacción del pueblo palestino frente al compromiso de septiembre distrayéndole con los problemas financieros.
Con semanas aún por delante, sigue siendo una incógnita cuáles serán las consecuencias de septiembre para los palestinos. Aunque los dirigentes de Ramallah dicen que nada va a cambiar, para no enviar señales a la comunidad mundial, especialmente a EEUU, de que el movimiento de septiembre es un punto de inflexión, no hay ninguna posibilidad de que este paso presione a Occidente a cambiar de postura respecto a Israel. Por otra parte, el statu quo ante no es ninguna opción, al menos si los dirigentes de la AP quieren evitar la ira de la calle palestina.