Del 16 al 21 de agosto se celebró en Madrid la llamada «Jornada Mundial de la Juventud», un evento organizado por la Iglesia Católica para «renovar la fe de los jóvenes y promover la palabra de Dios». El acto central de estas jornadas fue la visita del Papa Benedicto XVI, cuyas misas fueron verdaderas movilizaciones […]
Del 16 al 21 de agosto se celebró en Madrid la llamada «Jornada Mundial de la Juventud», un evento organizado por la Iglesia Católica para «renovar la fe de los jóvenes y promover la palabra de Dios». El acto central de estas jornadas fue la visita del Papa Benedicto XVI, cuyas misas fueron verdaderas movilizaciones de masas.
La visita llegaba en un contexto de aguda crisis económica, con los dos grandes partidos, los medios de comunicación y los poderes económicos privados coincidiendo en que la única salida de la depresión pasa por el recorte en el gasto social y el empeoramiento generalizado de los derechos laborales y sociales de las clases subalternas. Sin embargo, los poderes públicos municipales y regionales, en manos del derechista Partido Popular, pero también el Gobierno central de Zapatero, no han dudado en brindar todo tipo de subvenciones directas e indirectas, así como exenciones fiscales, a los organizadores y promotores de las Jornadas católicas.
Esto ha provocado las iras de gran parte de la población que ya se encontraba políticamente activa en el movimiento 15-M, los llamados «indignados». Al cuestionamiento del enorme gasto público en la visita del líder de una confesión religiosa privada se han unido las quejas por la vulneración de la supuesta «aconfesionalidad del Estado» y el sometimiento de los poderes públicos a un credo privado, así como las protestas de mujeres, homosexuales, lesbianas y militantes por la libertad y la diversidad sexual, contra una institución marcadamente homófoba y patriarcal.
En el plano de la política institucional, el Partido Popular ha capitaneado las movilizaciones católicas, mientras que el Partido Socialista parecía contentarse con que la visita del Papa no se volviese en contra de su ya debilitado Gobierno. Esta puede ser la causa de que haya cedido a la que claramente iba a ser una movilización de masas conservadora. No hay que olvidar que la Iglesia Católica en España es la principal institución de la sociedad civil, estuvo estrechamente vinculada a la dictadura franquista (1939-1975) y es aún el encuadramiento fundamental de la base popular de la derecha. No obstante, su capacidad de interpelación en cuestiones «morales» excede con mucho los caladeros electorales de la derecha, y alcanza a importantes sectores que en otras cuestiones pueden adoptar posiciones «progresistas». Es esta amplia capacidad de convocatoria y plasticidad, por la que la Iglesia es un agente político que sin embargo se ofrece como por encima de la pugna política, la que hace de esta institución un poder fundamental en España, con enorme capacidad de veto, poder económico y lobby.
El Papa y sus cientos de miles de «peregrinos» subvencionados llegaban sin embargo, aunque pretendiesen pasarlo por alto, a un país sacudido por las movilizaciones de los indignados contra la élite política tradicional y la salida regresiva de la crisis: una movilización social sin precedentes desde la transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria, que ha comenzado a reconstituir un cierto campo político popular-multitudinario.
Era obvio que ambas fuerzas iban a encontrarse. En el movimiento 15-M hubo quienes apostamos por no desgastarse en este choque, que se producía sobre el terreno ideológico más favorable a la derecha, aquel sobre el que siempre ha conseguido base popular: el religioso. Quienes así argumentábamos, sosteníamos que sobre esta agenda la derecha podía procesar la complejidad del 15-M, clasificarlo en la «extrema izquierda» y comenzar su cerco, primera movilización a las puertas de la próxima legislatura conservadora; operación mucho más complicada sobre una agenda de defensa de la sanidad pública y la educación pública, el derecho a la vivienda y la impugnación de la casta política unida por los recortes -por citar solo algunos de los temas principales del 15-M.
Efectivamente, no hubo convocatoria «oficial» del Movimiento a protesta alguna, pero el 15-M es más un estilo, una identidad difusa y un repertorio de intervención política que una sigla. Así que las redes sociales, los lemas y muchas de las gentes del movimiento se encontraron en la calle en una primera protesta contra el financiamiento público de una visita religiosa privada. Esa protesta se encontró en la ya emblemática «Puerta del Sol» con militantes católicos y, ante el cruce de gritos, la policía reprimió con saña a los manifestantes laicos. Se abría entonces un ciclo de 3 días de protestas contra la brutalidad policial.
Si la violencia policial contra los manifestantes laicos mostraba que este era un escenario simbólico sobre el que la represión podía volver a justificarse como una cuestión de orden público contra «extremistas», y respondía a las presiones de un PP ya gobernante im pectore, la extraordinaria resistencia ciudadana demostraba que el 15-M ha transformado de forma profunda los comportamientos y la cultura política de sectores crecientes de la juventud y del campo progresista.
La presión ciudadana y la vasta documentación gráfica -y difundida por Internet- de los abusos policiales ha supuesto un hito democrático: el PSOE, temeroso de una mayor erosión en las Elecciones Generales de otoño, ha forzado a su propio Gobierno, más que renuente, a abrir una investigación interna. Dos sindicatos policiales han reconocido que puede haber habido «excesos» y han llamado a esclarecer responsabilidades. Con independencia de la credibilidad que estos pronunciamientos susciten, es claro que se trata de un hecho que jamás habría ocurrido de no haberse producido la vibrante reacción ciudadana. Se trata de otra pequeña victoria de la movilización social abierta con el 15-M: como las instituciones no respondían a la demanda creciente en la opinión pública de que la policía debía ir identificada para que, en tanto que funcionarios públicos, sus actuaciones fuesen fiscalizables, la ciudadanía ha inventado formas públicas no estatales de rendición de cuentas: la cara de los policías agresores se multiplicaba a las pocas horas por las redes sociales, y ni los medios de comunicación empresariales ni los partidos podían desconocer los hechos. Por otra parte, el 15M ha demostrado que es ya un actor insoslayable en la política española, capaz de intervenir incluso en las condiciones más adversas.
La movilización católica, que de forma escasamente disimulada apuntaba a un «reenmarcamiento» de la problemática social en el país, redirigiéndola de la conflictividad política pública al ámbito privado-religioso-espiritual, ha servido para demostrar la capacidad de masas que conserva la Iglesia, y para recordarle al 15-M que, lo mismo que la mayoría silenciosa que con De Gaulle barrió las barricadas tras el declive de la revuelta de Mayo del 68, en España queda un fuerte, cohesionado y articulado bloque social de la derecha, con capacidad hegemónica sobre sectores flotantes que se posicionan según cuales sean los ejes que dividan el escenario político.
La euforia de las masas de jóvenes católicos y la espectacular capacidad organizativa de la Iglesia han elevado la moral de la base popular de la derecha, le han hecho retomar su pulso de calle y movilización, y han vuelto a postular el catolicismo como el relato que reanude el bloque dominante español. De manera más importante, ha reconstituido, preparado y actualizado las bases conservadoras de un orden existente que parecía socialmente cercado los últimos meses.
El arte de la guerra, y de su continuación por otros medios; la política, es fundamentalmente escoger el terreno y las condiciones de la disputa. Conviene que el 15M no libre todas las batallas de desgaste que sus adversarios le propongan, y elija con inteligencia los temas, referentes y motivos en torno a los cuales pueda profundizar la brecha entre los polos en construcción: pueblo y el régimen. La reforma constitucional en marcha es sin duda uno de ellos, como lo evidencia la firme voluntad pactada por PSOE y PP de evitar cualquier consulta a la ciudadanía en un asunto de tal calado, que podría convertirse, de celebrarse, en un plebiscito para el régimen.
Artículo originalmente publicado en el semanario boliviano «La Época» el 28/8/2011
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