Pocos años antes de que reventara la burbuja inmobiliaria, parecía que el «boom» no tenía límites. En 2005 se proyectaron en España más de 800.000 viviendas, según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Con mayor o menor precisión, los medios informativos recurrían a la siguiente comparación: se construían tantas casas como la suma de […]
Pocos años antes de que reventara la burbuja inmobiliaria, parecía que el «boom» no tenía límites. En 2005 se proyectaron en España más de 800.000 viviendas, según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Con mayor o menor precisión, los medios informativos recurrían a la siguiente comparación: se construían tantas casas como la suma de Alemania, Francia y Reino Unido. Se daba la circunstancia, además, que el 92% de las viviendas se dirigían a la venta en el mercado libre, sin ninguna ayuda pública. Otra perspectiva posible es la del consumo de cemento, que en 2016 fue de 11,1 millones de toneladas, mientras que en 2006, durante la expansión urbanística, se elevaba a 55,89 millones de toneladas. «La alianza entre el sector inmobiliario español y la banca fue muy potente, cada diez años generan una crisis y me temo que no será la última», afirma el arquitecto urbanista Fernando Prats (Madrid, 1944), uno de los autores con Yayo Herrero y Alicia Torrego del libro «La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico» (Libros en Acción).
El precio de la vivienda nueva aumentó en España un 3,3% en 2016, según un informe de ST Sociedad de Tasación. Se registraron el pasado año 403.900 operaciones de compraventa de casas, la mayor cifra desde 2010 según el INE, y un 13,6% más que en 2015. ¿Se está cocinando un nuevo desaguisado urbanístico? El diario El País encabezaba el 26 de marzo la portada del suplemento de Negocios con el titular «La burbuja inmobiliaria acecha. El inquietante auge del mercado de la vivienda», aunque a continuación matizaba que la mayoría de los expertos descarta de momento una nueva «burbuja».
Tras la presentación del libro «La gran encrucijada» en un acto del Frente Cívico-Valencia, Fernando Prats advierte de procesos nuevos que tienen lugar en las ciudades, como el de los apartamentos turísticos en Madrid y Barcelona. «Generan un ‘tirón’ de los precios al alza, y expulsan a la población que reside en los barrios tradicionales; la rentabilidad de una vivienda en alquiler turístico para el propietario puede ser un 400% superior al del alquiler tradicional o a largo plazo». Un estudio del Ayuntamiento de Barcelona sobre el que informó El País en septiembre de 2016 cifraba en 15.881 los apartamentos turísticos en la ciudad, de los que sólo 9.606 contarían con licencia; así pues, un 39,5% de la oferta sería irregular.
El informe añadía que los alquileres turísticos representan el 7,7% del parque de alquiler en Barcelona, con significativas consecuencias: reducción de la oferta y desorbitado aumento en el precio de los alquileres convencionales. Entre julio y octubre el consistorio ordenó el cierre de 709 apartamentos turísticos irregulares. También hizo públicas las sanciones de 600.000 euros a las plataformas Airbnb y HomeAway, por el anuncio de viviendas turísticas sin licencia. En Madrid el Ayuntamiento se hizo eco en una nota de prensa de las estimaciones hechas en 2014 por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y la Comunidad de Madrid: de las 8.000 viviendas turísticas de la región, sólo el 10% son legales.
Además de coautor de «La gran encrucijada», libro cuya segunda edición ha visto la luz en febrero de 2017, Fernando Prats es uno de los autores del «Informe sobre ciudades» y del «Libro Blanco sobre edificación sostenible en España» (2005). Otro proceso sobre el que llama la atención es el de las «Smarts Cities» (ciudades inteligentes), «uno de los que mejor refleja el proceso de acumulación económica privada en la ciudad». Consiste en la introducción de tecnologías de la información, comunicación y gestión de datos (TIC y Big Data) para la gestión de servicios urbanos complejos. «Se están moviendo ya ingentes sumas de dinero e influencia», subraya el arquitecto, «pero la aplicación de los programas no es tan sencilla ni resolutiva como pretenden las empresas». Aunque el éxito y la pompa no admitan discusión. En noviembre de 2016 la Smart City Expo de Barcelona batió records con la presencia de 600 ciudades, 576 expositores y 412 ponentes. El congreso contó con siete ejes temáticos: Technology, Society, Governance, Sustainability, Mobility, Safety e Innovation & Startups. Además, empresas como Bosch, Cisco, FCC, Ferrovial, Fiware, Huawei, Mastercard, Microsoft, Philips, SAP, Seat, Siemens, Suez, Telefónica y ZTE expusieron en el salón sus últimas tecnologías y «soluciones urbanas». Prats sostiene que no se trata de renunciar a la «gestión inteligente» de las ciudades, pero «se está construyendo un relato según el cual esto sólo pueden hacerlo las grandes compañías»; sin embargo, el sector público ha resuelto con gran acierto cuestiones como la semaforización municipal o la información online sobre la llegada de los autobuses a las paradas.
La presencia de cárteles al acecho de servicios públicos privatizados no constituye una novedad. Y «es también una cuestión de poder, como entreguemos estos servicios al sector privado habremos perdido una enorme fuente de autonomía social», afirma el miembro del Comité de los informes de Energía, Transporte y Edificación del Programa España Cambio Global 2020-2050, de la Universidad Complutense. Según el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo 2010-2013 el 45,5% de la contratación pública del consistorio (2.200 millones de euros sobre un total de 4.800 millones de euros) resultó adjudicada a siete empresas. Las compañías más beneficiadas (por cantidad de las adjudicaciones) fueron Sacyr (797 millones de euros), Ferrovial (485 millones), y FCC (409 millones). Organizaciones sociales han denunciado que las siete empresas concesionarias suman 223 filiales en paraísos fiscales. En noviembre de 2016 el Ayuntamiento de Barcelona elevó a la Fiscalía toda la información sobre un presunto fraude de 850.000 euros por parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa encargada de los servicios de limpieza y recogida de residuos en los barrios de Ciutat Vella, L’Eixample y Gràcia. La denuncia comprende el periodo 2013-2015 pero, según el consistorio, podría extenderse a años anteriores.
Pero tal vez se apunten los inicios de una tendencia a la reversión. Una de las colaboradoras del libro «La Gran Encrucijada», la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia R. Palop, sintetizaba la casuística en un artículo publicado en eldiario.es, «(Re) municipalizar para recuperar lo nuestro» (enero de 2017). Además de la docena de municipios catalanes que han remunicipalizado la gestión del agua desde 2010, señala casos como los de Torrelavega (Cantabria), Ermua (Bizkaia), Arteixo (A Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Lucena (Córdoba) o las 22 poblaciones de la provincia de Sevilla agrupadas en el consorcio «Aguas del Huesna». María Eugenia R. Palop recuerda que la gestión privada o mixta (público-privada) en las ciudades medianas y grandes de Cataluña resulta un 25% más cara; en Barcelona, según la plataforma «Agua es vida», la diferencia alcanza el 91,7%.
En marzo de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulaba la concesión para la gestión hídrica en el área metropolitana de Barcelona, de la que fue adjudicataria una empresa mixta con participación mayoritaria de Agbar (Aguas de Barcelona). El fenómeno es global, destaca la especialista en derecho y medio ambiente: el referéndum en Hamburgo (2013) para recuperar la gestión de la energía eléctrica, la recompra por parte del gobierno finlandés del 53% de la red eléctrica nacional; los ejemplos del transporte público en Londres y Kiel (Alemania), e incluso la nacionalización del petróleo y el gas en Argentina, Bolivia y Venezuela.
El Informe «Perspectivas Mundiales de Urbanización» de Naciones Unidas (julio de 2014) señala que el 54% de la población mundial vive en áreas urbanas, y con tendencia al incremento: el porcentaje podría alcanzar el 66% en 2050. Se da la circunstancia que más de un tercio del aumento previsto, según detalla el informe, se concentra en sólo tres países: India, China y Nigeria. Las ciudades no son «una maqueta fría sobre la que discutir», destaca Fernando Prats, ni un objeto inane de análisis demográfico. El arquitecto urbanista recuerda que el 15 de octubre de 2011 ciudadanos de Madrid, Tokio, Seúl, Berlín, Roma, Lisboa, Bruselas, Londres o Nueva York salieron a la calle movilizados por la consigna «Unidos por el cambio global». El manifiesto afirmaba: «Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos -y a las élites financieras a las que sirven- que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro». Una investigación de la Universidad de Columbia y la Friedrich-Ebert-Stiftung Office de Nueva York contabilizó 843 protestas en 83 países entre 2006 y julio de 2013, cuyo motivo principal fue la justicia económica, las políticas de austeridad, las deficiencias en la representación política y los derechos de la población. La crisis marca el punto de inflexión, al pasarse de las 87 protestas en 2009 a las 116 en 2010, 153 en 2011, 160 en 2012 y 111 (primer semestre de 2013).
En 1964 el sociólogo Ruth Glass utilizó por primera vez la palabra «gentrificación». En términos sencillos, significaba la sustitución de la población de un barrio -en muchos casos, en el centro histórico de una ciudad- por otra recién llegada y con mayor poder adquisitivo. Soho en Nueva York, Beleville en París o Southwark en Londres, pero también el Raval de Barcelona, el barrio de la Magdalena en Zaragoza, la calle del Desengaño en Malasaña (Madrid) y los barrios de Campanar y el Cabanyal (Valencia). «Hay barriadas en Madrid donde puede que las viviendas sean de muy buena calidad, pero la vida urbana ha desaparecido», señala Fernando Prats, que menciona los casos de Sanchinarro y los nuevos Programas de Actuación Urbanística (PAU) en el norte de Madrid. «Cuando aumenta el valor inmobiliario, propietarios de una vivienda de alquiler intentan deshacerse de los inquilinos»; sin embargo, «cada vez valoramos más el centro como un espacio más humanizado, y donde son más factibles las relaciones personales». El arquitecto cita «alternativas» como Can Batlló, un complejo industrial del textil con origen en la Barcelona de finales del siglo XIX, convertido hoy en un espacio vecinal autogestionado en el barrio de la Bordeta.
En un mapa del territorio español pueden localizarse 13 áreas metropolitanas con más de 500.000 habitantes. A largo plazo se observan con mayor precisión las tendencias de fondo. Un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2007 señalaba que el déficit (extralimitación) ecológico aumentó un 40% entre 1955 y 2005; ese año el déficit alcanzó las cuatro hectáreas globales por habitante, un 260% superior a la biocapacidad disponible. Informes del Observatorio de la Sostenibilidad en España apuntan que ya en el año 2000 ciudades como Madrid hubieran necesitado 46 veces su término municipal para equilibrar la «huella» ecológica; Barcelona, 83 veces y Bilbao, 100. Los desequilibrios pueden constatarse asimismo a escala global.
El informe «Perspectivas Mundiales de Urbanización» (2014) de la ONU destaca el aumento de 10 megaciudades en 1990 a 28 en el año 2014. Encabeza la ratio Tokio con 38 millones de habitantes; le siguen Nueva Delhi, 25 millones; Shangai, 23 millones y otras tres megalópolis con 21 millones de habitantes: Ciudad de México, Bombay y Sao Paulo. Naciones Unidas prevé que en 2030 haya en el planeta 41 ciudades con más de 10 millones de habitantes. Fernando Prats ha incluido muchas de estas cifras en el libro «La gran encrucijada». Frente a los desafueros urbanísticos, defiende la idea de «biorregión»: «Una economía que priorice el ‘hinterland’ rural/agrícola/natural y las culturas locales/regionales con un criterio social y verde».
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