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El Ayuntamiento de Valencia planea la construcción de viviendas, polígonos industriales y centros comerciales en zona hortícola

La ciudad que devora su huerta

Fuentes: Rebelión

Cemento, carreteras, rotondas, viviendas, centros comerciales, polígonos industriales… El nuevo Plan General de Valencia, actualmente en fase de alegaciones, plantea la reclasificación de 415 hectáreas de huerta, en las que se podrán construir 17.000 viviendas y diferentes infraestructuras. El área metropolitana de Valencia cuenta con una superficie aproximada de 12.000 hectáreas de huerta. La oposición […]

Cemento, carreteras, rotondas, viviendas, centros comerciales, polígonos industriales… El nuevo Plan General de Valencia, actualmente en fase de alegaciones, plantea la reclasificación de 415 hectáreas de huerta, en las que se podrán construir 17.000 viviendas y diferentes infraestructuras. El área metropolitana de Valencia cuenta con una superficie aproximada de 12.000 hectáreas de huerta. La oposición política al PP en el ayuntamiento, organizaciones sociales y colectivos vecinales han advertido de la amenaza que el nuevo Plan General, que sustituirá al de 1988, implica para una zona de huerta milenaria, de origen islámico medieval.

Después de una década de trámites, la mayoría absoluta del PP en el consistorio valenciano ha dado un acelerón a la aprobación del Plan General. Tal vez se expliquen las urgencias por la proximidad de las elecciones municipales del 24 de mayo, que podrían inaugurar un cambio de mayoría en el consistorio. Según el colectivo Per l’Horta, la urbanización y construcción de viviendas en la huerta no se justifica por necesidades demográficas (la ciudad ha perdido 30.000 vecinos en cinco años) ni por urgencias habitacionales (Valencia tiene actualmente unas 60.000 viviendas vacías, que publicaciones especializadas en vivienda de alquiler elevan a 214.000, a lo que se agregan solares para construir otras 38.000).

El documento de planeamiento condicionará el urbanismo de la capital valenciana durante décadas. La campaña «Horta és futur» explica las consecuencias de la reclasificación de suelo de huerta: «No es excusa decir que no se va a construir de inmediato. Recalificar más tierras de huerta es persistir en el modelo especulativo que nos ha llevado al desastre». Para revertir la calificación de «urbanizable» y preservar estas tierras, habrá que pagar indemnizaciones millonarias a los propietarios, se afirma en el documento de recogida de firmas. Además, «es posible que los beneficiarios del Plan General sean bancos y constructores que compraron los terrenos para especular y ahora quieran hacer caja». Pero lo importante no es sólo el valor paisajístico y patrimonial de la huerta, ya que el Plan General de Valencia también «pone en peligro el pulmón verde de la ciudad (la huerta), fuente de trabajo y alimentos saludables». Josep Gavaldà, del colectivo Per l’Horta, afirma que el Plan General «debería retirarse de manera inmediata, porque no se ajusta a la vigente Ley Urbanística Valenciana ni a las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana; eso sería suficiente para elaborar otro Plan en el que interviniera la ciudadanía, no intereses espurios».

La amenaza del asfalto se cierne sobre la huerta de barrios y pedanías de la capital como Campanar, Benimaclet, Benimàmet, la Torre, Castellar-Oliveral, La Punta y el entorno del Monasterio de San Miguel de los Reyes, en muchos casos tierra hortícola fértil y actualmente en cultivo. Pero los riesgos no se limitan a lo previsto en el Plan General de Valencia. Los nuevos documentos de planeamiento de municipios limítrofes con la capital caminan por la misma senda. Por ejemplo en Alboraya, el consistorio propone viviendas, suelo industrial y terciario en zona de huerta. En Tavernes Blanques se plantea la reclasificación de una considerable proporción del suelo rústico del municipio.

El portavoz de EUPV-IU en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, ha centrado sus críticas en la ampliación del Campus de la Universitat Politécnica sobre la huerta norte de la ciudad, en un sector de 227.613 metros cuadrados calificado como «dotacional universitario». La propuesta municipal incluye la construcción en la zona («sector Vera») de varias rotondas y una nueva ronda viaria. El concejal de izquierdas ha manifestado su oposición, asimismo, a otros proyectos con impacto sobre la huerta, como el túnel previsto bajo el Monasterio de San Miguel de los Reyes, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat Valenciana en 2007. Sanchis ha explicado que en la pedanía de Mahuella, con 15 casas y 40 habitantes, el ayuntamiento ha planificado la reclasificación de casi 80.000 metros cuadrados de terrenos de huerta. En un principio estaba prevista la construcción de 628 viviendas, pero las alegaciones de los municipios colindantes forzaron la conversión en suelo de uso terciario. El «bocado» a la huerta también se aprecia en los barrios de la Torre (814 viviendas), La Punta (4.740) Benimàmet (3.478) y Campanar (3.250 viviendas). En los cuatro sectores se habilita suelo para uso terciario y servicios. En la pedanía de Faitanar, donde se localiza una de las zonas de huerta mejor conservadas de la parte sur, está previsto un polígono industrial (además de suelo terciario) en un sector de casi 800.000 metros cuadrados.

En 2001 se produjo una gran movilización ciudadana en defensa de la huerta, que culminó en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por 117.000 firmas, que la mayoría absoluta del PP rechazó en las Cortes Valencianas. En 2015 se reanuda la batalla contra la revisión del plan general, de momento, con la masiva presentación de alegaciones. Además, «Horta és futur» recogió por Internet 2.000 firmas de apoyo en 12 horas. El 7 de febrero unos 2.000 vecinos de la pedanía de Castellar-Oliveral, pedanía cuya huerta se ve particularmente afectada, se manifestaron contra el nuevo planeamiento. Próximamente hay previstas «bicifestaciones» siguiendo la ruta Benimaclet-Benicalap, y otra en Campanar.

La perspectiva comparada permite introducir matices y observar en profundidad el crecimiento de la ciudad a costa de su huerta, en una relación muy problemática que dura décadas. El arquitecto y activista en defensa de la huerta, Carles Dolç, recuerda que el anterior Plan General, de 1988 (con el PSOE en el gobierno municipal), declaraba urbanizables 815 hectáreas de huerta (que aumentaron a 911 hectáreas por ampliaciones posteriores, sobre todo de la Universidad Politécnica, y por la construcción de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto). El Plan General que actualmente diseña el PP reclasifica menos hectáreas de huerta (415), «pero en una coyuntura de crisis económica y sin crecimiento demográfico». El urbanista subraya los dos principales «bocados» del nuevo plan: la ampliación de la Universidad Politécnica, «que desde un inicio se construyó y creció a costa de la huerta», y la expansión de la ciudad hacia el norte (Tavernes Blanques y Alboraya), donde hay previstas casi 2.000 viviendas y zonas de terciario sobre tramos de huerta singularmente fértiles. Existe el riesgo, incluso, de que llegue a formarse una conurbación hacia el norte.

Valencia cuenta con 800.000 habitantes (1,5 millones si se considera el área metropolitana). Carles Dolç critica la ausencia de una planificación global que tenga en cuenta, incluso en el caso de que se apueste por el crecimiento, las viviendas vacías, el suelo urbanizable o las zonas industriales de los municipios metropolitanos. «Éste es un error de partida enorme, que acaba afectando a la huerta», opina el urbanista. Los viejos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) del franquismo incorporaban este criterio en la misma denominación de los planes («Plan Generación de Ordenación Urbana y su Cintura», de 1946; y «Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca», de 1966). El PGOU de 1966 es «el del desarrollismo por excelencia», apunta Carles Dolç, aunque las principales heridas a la huerta se dan a partir de los 80 (La Punta y Vera). «El Plan General de 1988 y el que actualmente se diseña son también expansivos», remata. Tras una década de trámites para el actual plan, el urbanista resalta que no ha habido participación pública, ni reuniones por barrios, con los vecinos y organizaciones de la sociedad civil.

Más allá de los números, sectores concretos que sufrirán los impactos del hormigón y planos con «manchas» de suelo que eliminan el verde, al arquitecto y miembro de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, Arturo Sanz, aporta ideas de fondo para la comprensión del problema. «Todavía es posible rodear la ciudad de Valencia por zonas de huerta, de manera continua», explica. Establece un distingo entre la huerta de la zona norte, «que se halla en muy buenas condiciones», y la parte sur, «mucho más deteriorada por la construcción de grandes infraestructuras, como el AVE, el nuevo cauce del río, Mercavalencia, la depuradora de Pinedo, la extensión de Renfe o la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto». La cuestión no es baladí. Cuando se construyen carreteras e infraestructuras (incluidas vías férreas y canalizaciones), se fragmenta la huerta y se generan «bolsas» aisladas de territorio hortícola que desde ese momento quedan «sentenciadas».

Otro apunte esencial para comprender el nuevo Plan General es la proliferación de zonas calificadas como «parque público» urbano. A pesar de lo que sugiere la denominación -incluida en los sectores de Benimaclet, San Miguel de los Reyes, Vera o Campanar- «implica la destrucción de la huerta histórica», zanja Arturo Sanz. «Por muy verde que sea el jardín urbano, no tiene nada que ver con el terreno de huerta», añade. En el barrio de Benimaclet se reclasifica a «urbanizable» un sector de casi 358.000 metros cuadrados, con la posibilidad de construir 2.600 viviendas en la huerta y una reserva de suelo de 47.000 metros cuadrados para un gran centro comercial. El cementerio de Benimaclet, uno de los pocos de la ciudad en un entorno de huerta, podrá cambiar de contexto: ladrillo y edificaciones. Ocurre en el camposanto y en la alquería de Serra en Benimaclet, en acequias, molinos y ermitas, y es un fenómeno que se repite por toda la ciudad. Los edificios con valor patrimonial que se conservan, pero a los que se priva del contexto adecuado. «¿Qué sentido tienen las alquerías rodeadas de fincas y centros comerciales», se pregunta Sanz.

Algunos de los argumentos más rotundos contra el Plan General de Valencia, y el tratamiento que otorga a la huerta, se hallan en el Plan de Acción Territorial (PAT) de protección de la Huerta, de rango superior al planeamiento urbanístico municipal y al que éste ha de subordinarse. Pero el PAT permanece ya seis años en algún cajón de la Generalitat Valenciana, administración a la que compete impulsarlo, pendiente de aprobación definitiva. «La huerta de Valencia, aunque es el paisaje cultural vivo más relevante, carece de protección adecuada y se encuentra seriamente amenazada por la actividad urbanística y la presión de las infraestructuras», puede leerse en el documento. Según los estudios realizados por expertos para la elaboración del PAT, «si en 1950 sólo había desaparecido un 10% de la huerta histórica, en 2006 está tendencia se ha acentuado de forma alarmante, al haberse constatado una desaparición de huerta histórica del 30%, lo que exige una intervención urgente para corregir esta tendencia».

El PAT de la Generalitat Valenciana es un venero de razones a favor de la preservación de la huerta. Por ejemplo, según el informe Dobris de la European Environmental Agency (1998), sólo quedan, además del valenciano, cinco espacios más de huerta mediterránea en Europa. «Todos ellos amenazados de desaparición debido al crecimiento urbano y a los cambios socioeconómicos; por tanto, no sólo tiene interés local o regional, sino universal». Además, para en el proceso de participación pública del PAT se realizaron consultas ciudadanas. Más del 90% de los encuestados, según el documento, «quieren que la huerta se proteja, y a más del 80% les gustaría poder disfrutar de recorridos ciclistas y peatonales; el 68% estaría dispuesto a pagar más dinero por productos de calidad de la huerta».

Algo aparentemente tan simple como una raya en la planificación urbanística puede desgarrar biografías. La pedanía de Castellar-Oliveral, al sur de la capital, lleva décadas soportando la implantación de grandes infraestructuras y la urbanización de su huerta, así como la escasez de zonas verdes y vías de acceso, según denuncia la asociación vecinal. El nuevo Plan General de Valencia plantea el desdoble y la ampliación de las autovías V-30 y V-31, y la construcción de varias rotondas (todo ello en zonas con casas y cultivos de huerta); en suelo urbano dentro de la pedanía también se modifica la calificación de un área con viviendas y calles consolidadas, que pasan a «no urbanizable». Empar Puchades, de 59 años, recuerda cómo las autoridades franquistas expropiaron la alquería y las tierras donde laboraba su padre, con el fin de promover el Plan Sur (nuevo cauce del Turia, cuyas obras finalizaron con una visita del dictador en diciembre de 1969). «Mi abuelo murió pronto y mi padre no volvió a ser la misma persona; acabó trabajando en una fábrica y llorando por la tierra; además, nos tuvimos que deshacer de carros, herramientas y caballos».

Pero los jerarcas del desarrollismo no lo tuvieron fácil. La resistencia familiar, recuerda esta vecina de Castellar, duró tres años hasta que en 1967 finalmente derribaron la casa y perdieron las tierras de labor. Evoca -casi cuatro décadas después, en conversación telefónica- la presencia de las máquinas, el corte de carreteras y a su padre detenido por la guardia civil. Fue como el abono para luchas posteriores. A mediados de 2000 los vecinos paralizaron tres programas urbanísticos vinculados a la construcción de viviendas en la pedanía, «en la mejor zona de huerta de l’Horta Sud de Valencia». El último hito, prosigue Empar Puchades, se produjo hace cuatro años: «con la asociación vecinal paramos momentáneamente un proyecto de vías rápidas con cuatro carriles». El desarrollo de la ciudad a expensas de su huerta es también una historia de la épica vecinal. Hace quince años el proyecto de Zona de Actividades Logísticas del Puerto (ZAL) arrasó 73 hectáreas de huerta feraz, destrozó alquerías y despojó a 135 familias de sus casas y estilo de vida. Hoy es un erial.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.