El domingo pasado la Corte Suprema de Israel rechazó por 6 votos contra 5 la apelación de organizaciones de derechos humanos y parejas mixtas (entre ciudadanos israelíes y palestinos) para anular la ley que niega los derechos de ciudadania a los palestinos que contraigan matrimonio con israelíes. La ley propuesta por un ministro del partido […]
El domingo pasado la Corte Suprema de Israel rechazó por 6 votos contra 5 la apelación de organizaciones de derechos humanos y parejas mixtas (entre ciudadanos israelíes y palestinos) para anular la ley que niega los derechos de ciudadania a los palestinos que contraigan matrimonio con israelíes.
La ley propuesta por un ministro del partido judío religioso Jaz en el 2002 obligaba a las familias a separarse o a abandonar el estado judío.
A pesar del impacto de la noticia en los medios de comunicación, y como fue publicado en el numero anterior de Socialismo o Barbarie, sabemos que el pueblo palestino no es el único que sufre la xenofobia y racismo del estado, las familias de Etiopia también deben separarse para emigrar a Israel, ya que, a diferencia de parejas mixtas entre judíos y gentiles de otros países que pueden gozar de todos los derechos de ciudadania en Israel, el estado no consiente la inmigración numerosa de negros, para ser sincero y directo.
No obstante la «actual» primicia que incumbe a los palestinos resulta más absurda ya que en Israel el numero de habitantes árabes supera el millón, muchos de los cuales están ubicados limitando con la franja de Cisjordania, lo que facilita la relación entre personas de ambas naciones, que hablan el mismo idioma, aplastados por la misma bota y de la misma religión, lo que presenta el matrimonio entre israelíes y palestinos como un hecho más predispuesto. No se trata de simple inmigración a un país desconocido, muchos de los casos significan un cambio de ciudad por la ubicación geográfica (Um Al Fahem por ejemplo limita con Cisjordania).
Esta vez no voy a extenderme con un articulo propio, a continuación les ofrezco una traducción que hice para SoB de la Asociación Adalah por los derechos de la minoría árabe en Israel:
Adalah: una mayoría de 6 a 5 en la Corte Suprema aprobó la ley más racista en el Estado de Israel, prohibiendo la unión de familias sobre la base de su procedencia nacional: palestinos. Incluso la Corte de Sudáfrica en 1980 durante el Apartheid se rehusó a aprobar una medida similar que contradiga el derecho a la familia.
Attorney Hassan Jabareen (Director General de Adalah): la Corte Suprema legisló 3 leyes en referencia a la ciudadania basandose en el transfondo etnico: una ley directa dirigida a la poblacion judia, su ley al retorno, una segunda medida en cuanto a los extranjeros siempre considerando su grado de procedencia, y una tercera, la más perjudicial que afecta a los ciudadanos arabes.
Hoy, 14 de Mayo del 2006 la Corte Suprema de Israel, por 6 a 5, presento su decisión basada en un documento de 263 paginas en la cual rechaza la apelación de Adalah y otras 6 apelaciones, incluyendo la de Derechos Civiles. Las apelaciones demandaban la anulación de nacionalidad e ingreso a Israel, la cual viola el derecho de contraer matrimonio entre ciudadanos israelíes y palestinos habitantes de los territorios ocupados.
Los miembros mayoritarios de la Corte Suprema de Justicia, quienes aprobaron la ley como constitucional fueron: Mishael Heshin, Miriam Naor, Asher Gronis, Yonatan Adiel, Eliezer Rivlin y Edmond Levy. La minoría estaba integrada por: el jefe de la Suprema Corte Aharon Barak, Dorit Bienisch, Ayala Procaccia, Salim Jubran y Esther Hayut.
El juez Heshin, quien lidero a la mayoría, alego que los ciudadanos de Israel no disponen de ningún derecho constitucional que autorice a la Corte a cancelar una ley dictada por el Parlamento, según la cual cónyuges «extranjeros» no disponen de ningún permiso para ser recibidos legalmente por Israel. Según Heshin, el derecho a la dignidad humana no incluye ninguna obligación constitucional sobre el estado para permitir a «extranjeros» contraer matrimonio con ciudadanos israelíes e ingresar en el estado. Heshin añadió que en su opinión, «el conflicto bélico contra la autoridad Palestina» justifica la ley, que pretende prevenir el ingreso de elementos perjudiciales para la seguridad en el estado de Israel. El juez Lev declaró que la ley es inconstitucional, pero que la apelación debe ser rechazada y darle lugar al Parlamento para enmendar el error. Los miembros restantes de esta mayoría argumentaron que, aunque la ley viola derechos constitucionales, es factible.
El jefe de la Corte Suprema (Aharon Barak), en defensa de la minoría, indicó que «la cuestión concierne al derecho de los ciudadanos israelíes de establecer una familia en condiciones igualitarias, derivada del derecho humano a la dignidad, como figura en la ley básica (Dignidad humana y Libertad). Un ciudadano tiene el derecho de conducir su vida familiar con su cónyugue en Israel. Israel representa su hogar y su entorno social, cultural, histórico y sus raíces. Esta violación de derechos afecta directamente a la población árabe israeli. En consecuencia, la ley viola los derechos de los ciudadanos árabes en Israel a la igualdad.
El jefe de Justicia Barak, junto con otros jueces de la opinión minoritaria, decidieron que la ley es desproporcionada, respondiendo al argumento de Heshin, ya que quita la posibilidad de verificar casos puntuales, aplicándose como restricción a una comunidad especifica. Por lo tanto los cinco jueces concluyeron en que la ley inconstitucional debe ser cancelada.
En respuesta a la medida, Adalah señalo hoy que la Suprema Corte efectivamente aprobó la ley más racista del Estado. Una legislación que impide la unión de familias en base a su procedencia nacional: Palestina.
Ofreciendo un ejemplo Adalah añadió que «en 1980, durante el Apartheid, la Corte Suprema de Sudáfrica rehusó aprobar leyes similares a las aprobadas en Israel, ya que contradicen los derechos de la familia».
El director general de Adalah, Anttorney-Hassan Jabareen destacó que la Corte Suprema legislo 3 leyes en referencia a la ciudadanía basándose en el trasfondo étnico: una ley directa que afecta a la población judía, su ley al retorno; una segunda medida en cuanto a los extranjeros, siempre considerando su grado de procedencia; y una tercera, la más perjudicial, que afecta a los ciudadanos árabes.
Adalah Attorneys Jabareen y Orna Kohn iniciaron la apelación en la Corte Suprema en agosto del 2003, desafiando la legitimidad de la ley racista y exigiendo su anulación. La ley niega a los ciudadanos palestinos de Israel ascender de status dentro del país y preservar a su cónyugue proveniente de los territorios ocupados. Desde su vigencia, miles de familias afectadas se vieron obligadas a separarse, abandonar el país o vivir ilegalmente dentro de Israel bajo el permanente riesgo de ser detenidos y deportados.
La apelacion fue hecha en nombre de Adalah, las familias El-Sana y Tbilah afectadas por la ley, Shawqi Khatib, el presidente de la Alta Comision de ciudadanos árabes israelíes, y miembros árabes del Parlamento: Mohamad Barakeh, Dr. Azmi Bishara, Abd Al-Malek Dahamshe, Talab El Sana, Issam Mahul, Wasel Taha, Dr. Ahmad Tibi, y Jamal Zahalka.
Como Adalah argumentó en su apelación, la medida viola severamente los derechos humanos y fundamentales de libertad resguardados en la ley doméstica e internacional, incluyendo derechos de igualdad, libertad, privacidad y vida familiar. La ley es mayormente discriminatoria para los ciudadanos árabes de Israel, la mayoría de los ciudadanos dispuestos a contraer matrimonio con palestinos residentes en los territorios ocupados.
Adalah inicio la apelación inmediatamente considerando la ley dictada en julio del 2003 por el Parlamento, decisión tomada previamente por el gobierno en mayo del 2002. El parlamento aprobó una serie de modificaciones que sólo en apariencia permitirían la unión de familias entre árabes residentes en Israel y palestinos de los territorios ocupados. Sin embargo, las nuevas modificaciones permitían únicamente la aplicación individual de visas temporales en Israel, lo que es aun más humillante, abandonando a estas personas, privándolas de oportunidades laborales, beneficios sociales, etc.
Como Adalah declaró ante la Suprema Corte, la nueva modificación de la ley incluye nuevas restricciones, considerando la edad y el género, negando el acceso de la mencionada visa temporal a hombres palestinos por debajo de los 35 años de edad y a mujeres por debajo de los 25. Esta medida fue tomada arbitrariamente, sin ningún fundamento ni evidencia factible, destacó Adalah. Otra modificación niega el derecho de ingreso al país a palestinos que según fuentes del Ejercito estén relacionados con individuos que fuesen considerados una amenaza para la seguridad del Estado.
De esta forma, como Adalah argumentó ante la Corte, bajo las modificaciones de la ley, los más básicos derechos humanos pueden ser revocados dependiendo únicamente de las relaciones familiares, sobre las cuales las personas no tienen control.
Desde la apelación, hace 3 años, Adalah reiteradamente desafió a que la ley sea justificada como medida de seguridad. El Ministro de Seguridad dijo ante la Corte que la ley es una medida esencial para proteger la seguridad israelí, ya que palestinos pertenecientes de los territorios ocupados, quienes obtuvieron residencia en Israel por medio de la unión familiar estuvieron en muchos casos involucrados en actividades terroristas.
Sin embargo, los casos que pueden ser citados como ejemplo se reducen a 25 sobre de miles de palestinos que han obtenido la ciudadanía. Este Ministro, que fue interrogado acerca de la participación de palestinos residentes en Israel en actividades terroristas, no logró aportar datos contundentes ni ofreció detalles.
Adalah, en respuesta, afirmo que, incluso en caso de que el dato sobre los 25 palestinos vinculados con el terrorismo sea real, los números constituyen un diminuto porcentaje, por lo cual la ley es completamente desproporcionada.
Varios Comites de las Naciones Unidas hicieron un llamado a Israel para revocar la prohibición de las uniones de familias. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (UN HRC), en el párrafo 21 sobre las Conclusiones de Observaciones en Israel en Agosto del 2003, El Comité de la ONU por la Abolición de la Discriminación Racial (UN CERD) y el Comité de la ONU por la Abolición de la Discriminación contra las mujeres (UN CEDAW) condenaron la ley.
El Parlamento Europeo, organizaciones internacionales por derechos humanos, la Federación Internacional por Derechos humanos, Amnistía Internacional y «Human Rights Watch». (Traducido al español por Ivan Vanney para El Centro Legal de Derechos para la Minoria Arabe en Israel (Adalah).