Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Mujeres palestinas desinfectándose antes de entrar en un centro de ayuda del campo de refugiados de Shatila en Beirut– (Foto: Mohamed Azakir/Reuters)
Líbano confirmó recientemente el primer caso de COVID-19 entre los refugiados palestinos en el país.
El caso se detectó en Wavel, un campo de refugiados ubicado en el valle de la Baqaa, cerca de Baalbek. Después de que el paciente fuera trasladado al Hospital de la Universidad Rafik Hariri en Beirut para recibir tratamiento, Bachir Khodr, presidente del gobernorado de Baalbek-Hermel, anunció que el campamento iba a cerrarse y a ponerse bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad del Estado libanés.
Aunque el número de casos confirmados de COVID-19 en el Líbano superaba los 700 el 27 de abril, y en marzo se instituyó un confinamiento a nivel nacional, no se han impuesto medidas de seguridad similares en otros lugares. El anuncio refleja las décadas de vigilancia securitaria sobre los refugiados palestinos en el Líbano, y hará que su vida, bastante difícil ya, sea aún más dura.
El confinamiento se declaró el 15 de marzo. Se espera que las medidas de emergencia estén vigentes durante algún tiempo.
Las autoridades libanesas también han adoptado una serie de medidas preventivas para evitar la rápida propagación del virus, incluido un plan de ayuda para las familias pobres.
Todos menos los refugiados
Sin embargo, los refugiados palestinos y sirios no tienen derecho a ese apoyo, que se extiende solo a los ciudadanos libaneses.
Hay más de 475.000 refugiados palestinos registrados en el Líbano, a los que no se considera ciudadanos, y las dos terceras partes de ellos son pobres.
Más de 60.000 viven con menos de 2 dólares al día y dependen de las subvenciones financieras trimestrales y de la asistencia proporcionada por la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, que es de aproximadamente 50 dólares por persona y trimestre.
Esta ayuda apenas fue suficiente para satisfacer sus necesidades básicas antes de que comenzara la crisis económica del año pasado, y mucho menos ahora ante una pandemia mundial. Y el confinamiento, que se aplica tanto a los campamentos de refugiados como al resto del país, ha afectado especialmente los ingresos de los refugiados.
Los refugiados palestinos en el Líbano se enfrentan a una serie de restricciones legales que limitan su derecho al trabajo. Como la mayoría depende de la mano de obra diaria que se paga en efectivo, el cierre nacional ha tenido un impacto devastador en sus medios de vida.
Al comienzo de la pandemia de COVID-19, la UNRWA inició un plan de emergencia en función del cual la Agencia cerró sus instalaciones, puso en marcha campañas de concientización dentro de los campamentos y organizó reuniones con los refugiados palestinos, anunciando que cubriría el 90% de los gastos de salud relacionados con la prueba y tratamiento de la COVID-19.
Sin embargo, el plan no incluía inicialmente disposición alguna para mejorar las condiciones económicas de los refugiados que sufrían dificultades debido al confinamiento.
En marzo, la UNRWA lanzó un llamamiento urgente solicitando 14 millones de dólares en fondos adicionales para dar respuesta a la COVID-19. Pero ese llamamiento no ha recibido la respuesta deseada de los gobiernos de todo el mundo.
Según Sami Mushasha, portavoz de la UNRWA, el 10 de abril la agencia había recibido apenas la cuarta parte de la cantidad solicitada, por lo que se ha visto obligada a extraer fondos de otros programas.
Las arcas de la UNRWA están prácticamente vacías
La UNRWA estaba ya batallando intensamente para poder mantener sus programas. En 2018 la administración Trump recortó los fondos de la aportación estadounidense. Como Estados Unidos había sido el mayor donante de la Agencia, proporcionando 360 millones de dólares de ayuda anual, la decisión redujo su presupuesto al mínimo.
El 17 de marzo, Mara Kronenfeld, la nueva directora ejecutiva de UNRWA/USA, un grupo que apoya a la Agencia, habló con un subcomité de ayuda exterior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Kronenfeld pidió al Congreso estadounidense que restableciera los fondos de la agencia en los niveles anteriores.
También solicitó asistencia para ayudar a la agencia a enfrentar la COVID-19 en sus centros de salud.
Kronenfeld informó que la UNRWA se encontraba en “graves dificultades financieras” y que había comenzado el año con una deuda de 55 millones de dólares. Hasta la fecha, la Agencia solo ha recibido promesas por valor de 299 millones, una fracción de su presupuesto anual total de 1.400 millones de dólares.
No obstante, a pesar de los peligros de la pandemia, hasta ahora no se ha recibido ayuda alguna de Washington.
E incluso cuando se proporciona asistencia de emergencia, resulta insuficiente. Varios gobiernos aportaron recientemente 5 millones de dólares. Algunos de estos fondos se asignarán a los casos más necesitados en el Líbano. Pero es poco probable que la mayoría de los refugiados palestinos en el país reciba ayuda.
La combinación de la crisis económica del Líbano y la COVID-19 debilitará aún más la situación ya precaria de los refugiados. La incapacidad de la UNRWA para proporcionar servicios y apoyo suficientes ha dejado a miles de refugiados palestinos en estado de gran vulnerabilidad ante el hambre y la pobreza.
Sin embargo, la crisis actual se ajusta a una pauta más larga de reducción de servicios de la UNRWA, iniciada mucho antes de la presidencia de Donald Trump. La actitud de Estados Unidos hacia la UNRWA está en línea con la posición de Israel de que hay que desmantelar la Agencia.
La COVID-19 ha expuesto la incapacidad de la Agencia para satisfacer las necesidades de los refugiados palestinos y también ha puesto de relieve el nivel sin precedentes de pobreza extrema entre ellos.
“He olido el hambre en los campos”
Pero la UNRWA no es el único organismo responsable de los refugiados. La Autoridad Palestina (AP) en Ramala, que afirma ser responsable de los campos de refugiados en el Líbano, ha dejado que los refugiados se las apañen solos.
La embajada de la Autoridad Palestina en Beirut acordó cubrir el 10% restante de los costes del tratamiento de los refugiados que contraen el virus. Pero la AP no ha anunciado aún que vaya a proporcionar asistencia económica.
Mahmud Abbas, presidente de la AP, se vio obligado a reaccionar ante el anuncio de Hamas de que había asignado 500.000 dólares para los refugiados palestinos en el Líbano. Posteriormente, Abbas donó personalmente 11.000 raciones de alimentos a distribuir entre las familias pobres en los campamentos de refugiados y agrupaciones palestinas en el Líbano.
Las organizaciones no gubernamentales palestinas que trabajan en los campos de refugiados también se han visto obligadas a reajustar algunos de los presupuestos de sus programas en respuesta a la pandemia. Los fondos están sirviendo para apoyar a las familias que se han visto económicamente afectadas por el cierre.
Kalidat Hussein, que dirige Tadamon, una organización que promueve los derechos de las mujeres en los campos de refugiados en el Líbano, declaró a The Electronic Intifada que la pobreza y la miseria han aumentado de forma tangible.
“He podido oler la muerte en el pasado, como sucedió en Tel al-Zaatar”, dijo Hussein refiriéndose al asedio impuesto a los refugiados palestinos por las milicias cristianas libanesas en 1976. “Pero esta es la primera vez que he olido el hambre en los campamentos”.
Las responsabilidades de la UNRWA no terminan con cubrir simplemente los costes de tratar a los refugiados que tienen COVID-19. La Agencia debe cumplir con su mandato garantizando el acceso y el suministro adecuado de alimentos, implementando un plan de salud preventivo y brindando asistencia económica a los refugiados.
Del mismo modo, la AP y la Organización para la Liberación de Palestina, que afirman representar a los palestinos en todas partes, no pueden abandonar a los palestinos más vulnerables durante una pandemia.
La propagación de la COVID-19 no ha revelado la fragilidad de los refugiados palestinos en el Líbano. Era algo que ya se sabía.
Sin embargo, lo que sí ha demostrado es que los gobiernos e instituciones más poderosos del mundo y las autoridades libanesas y palestinas han fracasado a la hora de proteger a los refugiados o se han negado a hacerlo.
Las consecuencias de esta indiferencia se ven cada vez más claras ahora que los refugiados palestinos en el Líbano se enfrentan a un desastre humanitario en toda regla.
Dalal Yassine es asesora de programas y políticas de Al-Shabaka, la Red Política Palestina.
Fuente:
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