«Es un atentado contra las reglas de la Convención (marco sobre el cambio climático) y de la ONU. Bolivia va a recurrir a todas las instancias internacionales si este atropello continúa», ha manifestado el jefe de la delegación boliviana, el embajador Pablo Solón, después de que la canciller mexicana, Patricia Espinosa, anunciara el principio de […]
«Es un atentado contra las reglas de la Convención (marco sobre el cambio climático) y de la ONU. Bolivia va a recurrir a todas las instancias internacionales si este atropello continúa», ha manifestado el jefe de la delegación boliviana, el embajador Pablo Solón, después de que la canciller mexicana, Patricia Espinosa, anunciara el principio de acuerdo alcanzado por 193 países en Cancún.
«Éste es el resultado que están esperando nuestras sociedades. Tomo nota de su posición (a Bolivia), que queda reflejada en el acta de esta reunión», había manifestado la presidenta de la conferencia.
En el principio de acuerdo alcanzado se aplaza a un momento futuro la decisión sobre si habrá o no una segunda fase del Protocolo de Kioto.
Todos los países asistentes a la cumbre, menos Bolivia, habían dado su visto bueno al borrador, a pesar de reconocer que «no es perfecto y no satisface a todos», con el argumento de que es un buen punto de partida a completar a lo largo del año, ya que deja para Durban (Sudáfrica), dentro de un año, la decisión de si se sustituye o no a Kioto por otro acuerdo.
El texto reconoce que los compromisos voluntarios previos hechos por los países en Copenhague (2009) no son suficientes para combatir el cambio climático y recomienda a los países subir el «nivel de ambición», a la vez que reitera el compromiso de crear un Fondo Verde dotado con 100.000 millones de dólares en 2020, que de ser aprobado estará temporalmente gestionado por el Banco Mundial (BM).
Rechazo de Bolivia
Bolivia había rechazado el texto de compromiso que la presidencia mexicana había presentado para consensuar posiciones discrepantes sobre la reducción de emisiones contaminantes, por lo que Venezuela ha intervenido para mediar y evitar el fracaso de la reunión.
«Con mucho respeto, Bolivia no está dispuesta a suscribir un documento que signifique una elevación de la temperatura que ponga más vidas humanas en una situación cercana a la muerte, cuando ya tenemos 300.000 personas que mueren el año», había manifestado el jefe negociador boliviano, Pablo Solón.
Solón ha pedido a la presidencia mexicana una «clarificación» sobre el estatus legal del documento al entender que «no refleja ni recoge las propuestas centrales del Estado plurinacional de Bolivia».
En concreto, se refería a que el proyecto de acuerdo «no garantiza» el seguimiento del protocolo de Kioto (1997), que expira en 2012 y que hasta el momento es el único vinculante en reducción de emisiones contaminantes hasta esa fecha y que únicamente obliga a esos recortes a países desarrollados que lo han ratificado.