GINEBRA / NUEVA YORK – En la sede de la ONU circulan rumores de que hay poca ambición en la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que se celebrará en Doha del 4 al 6 noviembre de 2025.
Diplomáticos y expertos hablan de una «fatiga de cumbres» tras un calendario repleto de reuniones globales: la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2023, la Cumbre del Futuro de 2024 y la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, prevista para junio y julio de 2025.
A esta fatiga se suma el alarmante aumento de la retórica antiderechos y la resistencia política de algunos gobiernos, que ensombrece los esfuerzos multilaterales. Para algunos, basta con alcanzar un acuerdo que sea multilateral.
En consecuencia, el Borrador Cero de la Declaración Política de la Cumbre Social (disponible en inglés) carece de la ambición necesaria para enfrentar las múltiples crisis sociales que atraviesa nuestro mundo.
Muchos han dado la voz de alarma: no basta una vaga renovación de compromisos, necesitamos un plan sólido para que las personas vuelvan a ocupar un lugar central en la agenda de las políticas públicas.
Hay demasiado en juego. El mundo ha cambiado dramáticamente desde la histórica primera Cumbre Social de 1995 en Copenhague. En aquel entonces, los líderes mundiales reconocieron la necesidad de un desarrollo centrado en el ser humano.
Hoy, la urgencia ha crecido exponencialmente en un mundo fracturado y volátil.
La población se enfrenta a múltiples crisis superpuestas: una policrisis pospandémica, una crisis del coste de la vida que ha empujado a millones a la pobreza, la priorización del bienestar corporativo sobre el de las personas, un rápido deterioro democrático que agrava las desigualdades, una creciente emergencia climática y una prolongada crisis de empleo que se prevé que se agrave drásticamente con el uso de la inteligencia artificial (IA).
La confianza en los gobiernos y en las instituciones multilaterales se está erosionando, el descontento social y las protestas se multiplican, y las desigualdades, tanto internas como internacionales, han alcanzado niveles grotescos. Una declaración tímida sería una traición a quienes siguen viendo en las Naciones Unidas un modelo de justicia y dignidad humana.
La Cumbre es una oportunidad única para que los gobiernos y la ONU remedien el profundo malestar social y lideren un renovado compromiso global con la justicia social y la equidad.
Para ello, la Declaración de la Cumbre Social debe ofrecer algo más que un lenguaje aspiracional; debe definir acciones vinculantes y compromisos explícitos para construir sociedades que funcionen para todas las personas y que generen prosperidad para todos, en áreas como:
– Reducir las desigualdades de ingresos y riqueza, que socavan profundamente la cohesión social, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible;
– Hacer de la justicia de género un pilar de la Declaración: una Cumbre Social que no priorice la igualdad de género traiciona a la mitad de la humanidad y fracasará en su misión de promover los derechos humanos, la dignidad y el desarrollo sostenible;
– Garantizar servicios públicos universales y de calidad a través de sistemas financiados y gestionados con fondos públicos, protegiendo a los trabajadores del sector público y eliminando barreras a los servicios de calidad, mediante una sólida inversión pública, basada en una financiación más justa, revirtiendo los recortes de austeridad y de la ayuda al desarrollo;
– Proteger el desarrollo social de los recortes presupuestarios, la privatización y la financiación mixta, revirtiendo los impactos negativos de los recortes de austeridad, la privatización, las alianzas público-privadas (APPs) y la mercantilización de los servicios públicos, en especial su efecto en la asequibilidad, la accesibilidad, la calidad y la equidad de los servicios públicos;
– Abordar la creciente precariedad de ingresos mediante inversión en trabajo decente con derechos/estándares laborales y la extensión de sistemas y niveles de protección social universales;
– Regular y gravar la tecnología de forma equitativa. Si bien la IA está generando una riqueza privada sin precedentes, se estima que la IA eliminará 40 % de los empleos para 2030, afectando especialmente a puestos administrativos (mayoritariamente ocupados por mujeres). Los gobiernos deben corregir los impactos sociales negativos de la IA, como la pérdida de empleos y la concentración de la riqueza, proporcionando medidas adecuadas de protección social para las personas afectadas por el desempleo y gravando las ganancias generadas por la IA para redistribuir los beneficios a la sociedad.
– Promover una economía del cuidado que apoye a las mujeres y priorice el bienestar sobre el crecimiento del PIB.
– Ir más allá del crecimiento del PIB, reconociendo las limitaciones de los paradigmas centrados en el crecimiento y adoptando políticas orientadas a la sostenibilidad ecológica y el desarrollo equitativo.
– Evaluar de forma sistemática el impacto social y distributivo de las políticas económicas, incluyendo datos desagregados, al menos, por género y nivel de ingresos. Si el análisis revela que la mayoría de las personas no son los principales beneficiarios o que afectan negativamente a los derechos humanos, las políticas deben revisarse para garantizar un desarrollo equitativo.
– Asegurar una movilización justa y sostenible de recursos, mediante una tributación progresiva, condonación/reducción de la deuda ilegítima, eliminación de los flujos financieros ilícitos, mayores aportes en las contribuciones empresariales a la seguridad social y otras opciones de financiación viables;
– Combatir los movimientos anti-derechos y anti-género, reafirmando los compromisos globales con los derechos humanos y la democracia.
Hagamos de esta Cumbre el momento en que el mundo elija la dignidad y la justicia social por encima de la apatía y la mediocridad. Sabemos que debemos lograr compromisos más ambiciosos. La Cumbre Social Mundial de 2025 no puede ser una oportunidad perdida.
Isabel Ortiz es directora de Justicia Social Global. Fue directora en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, y alto cargo de la ONU y del Banco Asiático de Desarrollo.
Odile Frank es secretaria ejecutiva de Justicia Social Global. Fue directora de Integración Social en la ONU y alto cargo de la OCDE, de la OIT y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Gabriele Koehler es miembro de la junta directiva de Justicia Social Global y de Women Engage for a Common Future (Mujeres comprometidas por un futuro común, WECF). Fue alta cargo de ONU Cesap, Unctad, Pnud y Unicef.
RV: EG