El sindicalista y pacífico Marcelino Camacho solía decir que el derecho a la huelga se gana haciendo huelgas, que el derecho a la manifestación se gana haciendo manifestaciones y que el derecho a la libre sindicación se gana organizando sindicatos, desobedeciendo a las leyes prohibicionistas. En el estado español el Movimiento de Objeción de Conciencia, […]
El sindicalista y pacífico Marcelino Camacho solía decir que el derecho a la huelga se gana haciendo huelgas, que el derecho a la manifestación se gana haciendo manifestaciones y que el derecho a la libre sindicación se gana organizando sindicatos, desobedeciendo a las leyes prohibicionistas.
En el estado español el Movimiento de Objeción de Conciencia, fundado en 1977, libró desde la desobediencia civil pacífica una larga batalla contra la ley del servicio militar obligatorio. Cientos de jóvenes fueron encarcelados por reivindicar fuera de la ley, el primero fue Pepe Beunza. Pero lo lograron y en 2001 la ley fue suprimida. De este modo un objetivo que estaba fuera de la ley se transformó en ley. Como diría Camacho, el derecho a no ir a la mili se ganó negándose a ir.
Es así que avanza la historia. Una gran parte de los derechos fundamentales se conquistaron en las calles, bajo la persecución de la policía. Había un imperio de la ley al que nos opusimos y combatimos. Luego vino la democracia, una democracia chata, rácana, limitada, pero que permitió aprobar nuevas leyes. Leyes que han sido clave para organizar una sociedad con libertades y derechos. Sin embargo, en su origen del 78, tanto la democracia como las nuevas leyes han estado y aún están tuteladas y vigiladas por el peso del régimen que se trataba de dejar atrás. Hubo que pactar mucho con representantes del régimen criminal para que se abriera paso la transición y en esa dialéctica de pactos, que omitió el castigo a criminales e incluso los premió, se colaron artículos constitucionales que nunca deberían haberse aprobado, como por ejemplo la ratificación de la monarquía legada por Franco o el que consagra al ejército como guardián de la unidad de España. ¿Qué pinta el ejército en el ámbito de la política?
No obstante, las leyes pactadas permitieron organizar una sociedad ordenada, hasta que muchos años después las aspiraciones sociales y políticas, por ejemplo republicanas, o por ejemplo la del derecho a decidir, se han ido extendiendo en muchas conciencias y ya no caben en el marco aprobado hace 40 años. Reivindican un nuevo marco legal. Llegado a este punto el imperio de las leyes aprobadas en el régimen del 78 se torna en un obstáculo para la democracia. Ocurre que la democracia, siempre dinámica, exige que la ley sea modificada para que no se vuelva cárcel y retuerza los derechos de la ciudadanía. Cuando es la democracia la que manda es normal que las leyes sean modificadas, incluso anuladas, dejando paso a otras nuevas. Ocurrió con la ley del servicio militar obligatorio. Por eso cuando se dice «nada fuera de la ley» se traslada una idea-amenaza, y se omite que la voluntad política de instituciones y partidos puede y debe adecuar las leyes a las aspiraciones populares cuando como en este caso más de dos millones de catalanes las expresan de manera reiterada.
Pero la respuesta de los inmovilistas siempre es la misma: «Cuando tengáis más fuerza en el congreso y el senado podréis cambiar las leyes». Es una respuesta aparentemente impecable pero en la práctica un veto. Sucede que la transición erigió y consagró una emboscada a la democracia: una ley electoral que da una ventaja siempre decisiva a quienes no quieren, de ninguna manera, reformar la Constitución y permitir el derecho a decidir en referéndum pactado. Se cierra el círculo.
Los inmovilistas, cualquiera que sea su posición de voto en un referéndum, no lo pueden negar sino es negando la democracia. Los partidos no están para sectarizar a los suyos sino para cumplir con lo que demanda la democracia.
Un problema añadido es que quienes exigen el cumplimiento de la ley a quienes desean ejercer el derecho a decidir, son quienes más la incumplen. Ellos están anclados en la democracia de los cínicos. Muchas de estas voces, aparentemente de orden, deberían estar fuera de la política y muchos en la cárcel por corrupción. La ley es importante y hay que cumplirla cuando es la expresión legítima de la sociedad. Pero cuando las leyes quedan fuera del tiempo que vivimos, porque son viejas, porque son leyes aprobadas a resultas de amenazas de sables y determinadas por el autogolpe del 23-F, porque son leyes que siguen dando ventajismo a aparatos del régimen anterior, y ya no representan el sentir de mucha gente, entonces esas leyes hay que cambiarlas por la vía democrática que también incluye la desobediencia civil pacífica si las demás puertas se cierran. Una vía en la que debe prevalecer la opinión de la gente, votando.
Por otra parte hay leyes que en el momento de su nacimiento son espejo de la democracia. Pero siendo esta última expresión de una sociedad que cambia, evoluciona, lo normal es que ocurra un choque de legitimidades. Una legitimidad de viejas leyes que ya no recogen lo que la sociedad expresa y desea, y una legitimidad nueva que necesita de nuevas leyes para responder a nuevos tiempos. Por eso cuando algunas fuerzas política repiten como un mantra «diálogo sí, pero sólo en el marco de le ley» están haciendo trampa. El diálogo debe darse en el marco de la democracia, lo que incluye que una de las partes quiera cambiar las leyes que la otra parte quiere imponer como condición para dialogar. Si esta última posición se atrinchera en el inmovilismo ¿de qué diálogo habla?
La relación muchas veces tensa entre ley y democracia es de primero de ciencias políticas. Históricamente, la idea metafísica del imperio de la ley, cuando una parte sustancial de la sociedad (en este caso catalana y vasca) lo rechaza, es propio de mentalidades conservadoras, de derechas. Las leyes están para cambiarlas pues se deben a la gente. Cuando se pueden cambiar por vías contempladas en las leyes, esa es la mejor vía. Cuando no es posible porque hay partidos políticos que traicionan a la soberanía popular y sus derechos y cierran esa vía, es legítima la presión ciudadana para votar y decidir.
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