Traducido para Rebelión por J. M.-
Los políticos israelíes castigan sin cesar al Tribunal Supremo por dudar de la utilización de las demoliciones punitivas de casas. Entonces, ¿qué hacen? Culpan a los jueces de defender a los terroristas .
Palestinos de la familia Abu Jaber sentados sobre las ruinas de su casa que fue demolida por las autoridades israelíes, Jerusalén Este, 6 de octubre de 2015. La casa perteneció a la familia de Ghassan Abu Jaber, que mató a cuatro fieles en un ataque a una sinagoga el último año. (foto: Yotam Ronen / Activestills.org)
El crecimiento de casos de apuñalamientos y ataques con vehículos hechos por jóvenes palestinos en los últimos meses meses ha traído consigo una serie de demoliciones punitivas de casas de los miembros de las familias de los atacantes. Tantos los líderes políticos como los jueces del Tribunal Supremo de Israel han tenido algo que decir sobre la práctica. Los jueces han expresado algunas dudas al respecto y en algunos casos incluso emitieron medidas cautelares que retrasan las demoliciones. En respuesta los políticos han culpado a los jueces de defender a los terroristas.
La costumbre de «culpar a los políticos» y «el reclamo a los jueces» por las demoliciones de casas son merecedores de sátiras al estilo de un pasquín inglés.
Los políticos y los ministros de nuestro Gobierno gritan: debemos unirnos contra nuestros jueces que retrasan la demolición de casas de terroristas, están en connivencia con el enemigo. No es una cuestión de derechos humanos, dicen, los padres de estos adolescentes deben ser castigados por los delitos de sus hijos o hijas aquí y ahora. Forzar al Estado a esperar hasta que se puedan presentar pruebas al Tribunal demuestra que los jueces están completamente alejados de la realidad. Parece que los políticos desean que los jueces se comporten como la reina de corazones y ordenen «que les corten la cabeza», en lugar de «sólo mediante el debido proceso vamos a quitar el techo de encima de sus cabezas».
Prueba 1: Si esta no es una cuestión de derechos humanos, como afirman los políticos israelíes, ¿entonces qué es? ¿Es la demolición de una casa, no una sanción penal? ¿Como tal no se requiere un juicio justo de los acusados y condena de todos los que van a ser castigados, incluyendo a cada progenitor y a todos los hermanos? ¿Son los padres árabes más responsables de la mala conducta asesina de su descendencia que los padres judíos? ¿Nadie ha considerado castigar a la madre de Yigal Amir o a los padres de Baruch Goldstein como un acto de disuasión ante el creciente fenómeno del terrorismo judío? ¿Ignoran nuestros políticos que su propio ministerio de Defensa concluyó que la eficacia de la demolición de viviendas como herramienta de la lucha contra el terrorismo es cuestionable y por lo tanto no debe emplearse?
Nuestros jueces respondieron tímidamente: los ataques de los políticos a los jueces son de muy mal gusto, dijeron. Tales ataques minan el ánimo del público y «son indignos de nuestro Gobierno». Un juez astuto y sabio preguntó: ¿Quién ha retrasado las demoliciones? ¿Es el Tribunal Superior realmente la causa de la demora cuando la mitad de las demoliciones en disputa no se llevaron a cabo incluso meses después de que el Tribunal las permitiera? Y el campeón de los jueces, el justiciero Elyakim Rubinstein, tomó una posición más fuerte y dijo que el Tribunal había actuado correctamente al retrasar la demolición esperando los alegatos de la defensa, «si no, ¡estaríamos como Sodoma y Gomorra, destruir primero y hacer preguntas después!» Explicó: «El Tribunal forma parte de la nación y el Estado, no es las Naciones Unidas, pero lucha por el Estado de derecho, los derechos y las obligaciones humanas».
Prueba 2: ¿Son estos ataques de nuestros políticos realmente «indignos de nuestro Gobierno»? ¿No son un reflejo de nuestro actual Gobierno cuyos ministros manifiestamente muestran poco respeto por los derechos humanos y el imperio de la ley?
Prueba 3: ¿Qué quiso decir nuestro querido justiciero cuando dijo que el Tribunal «no son las Naciones Unidas»? Al tratar de convencer al público de que el Tribunal no es ajeno a la sociedad israelí, tal vez sin darse cuenta, se alineó con la fobia que el público tiene al régimen internacional de los derechos humanos, lo que refuerza y nutre la percepción de la intromisión de extranjeros y que, junto con el aislamiento y la victimización en las Naciones Unidas, esos mismos políticos atacan al Tribunal. ¿Quizás el docto juez se olvidó esa parte de la historia judía en la que fueron las Naciones Unidas las que dieron origen al Estado de Israel? ¿Las que introdujeron el Día Internacional de la Memoria del Holocausto? ¿Las que luchan contra las violaciones de derechos humanos que afectan a las minorías, las mujeres, los niños, los discapacitados y los pobres a nivel mundial? ¿Nuestro juez del Tribunal Supremo no reconoce plenamente que el propio Tribunal está obligado por el régimen internacional de derechos humanos que prohíbe el castigo sin el debido proceso o la discriminación por motivos de raza, religión o nacionalidad?
Nosotros, ciertamente, no somos conscientes de lo que es la ONU. Y por eso estamos tan mal.
Frances Raday es el Presidente del Centro de Investigación de la Concordia para la Integración del Derecho Internacional en Israel y profesor de Derecho en la Universidad Hebrea.
Fuente: http://972mag.com/democracy-the-high-court-and-punitive-home-demolitions/114223/