Traducido para Rebelión por Loles Oliván
En el marco de la campaña «America First», Donald Trump se comprometió a recortar sustancialmente la ayuda exterior. Como resultado de esta promesa de campaña, durante el primer año de su presidencia la ayuda extranjera disminuyó de los 49 mil millones de dólares de 2016 a 23 mil millones en 2017, y en lo que respecta a 2018 sigue la tendencia con unos 10 mil millones menos. Ello ha significado para numerosos países del mundo recortes súbitos y generalizados de consecuencias devastadores en salud, educación y otros programas básicos.
La excepción de esta tendencia es Israel. En el presupuesto fiscal más reciente, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado 705.8 millones para el programa de defensa de misiles de Israel superando los 600 millones asignados el año pasado. Esta ayuda se suma a los 31 mil millones de ayuda militar anual a Israel en virtud de un Memorando de Entendimiento (MOU) de diez años que aumentará hasta los 38 mil millones durante el período 2019-2028.
Israel no solo recibe estas sumas de dinero de manera regular sino que además ejerce una labor de lobby ante el Congreso estadounidense para obtener fondos complementarios. En los últimos años, el Congreso ha proporcionado miles de millones en ayuda adicional para el programa de misiles de Israel. Desde 1948, el Congreso le ha asignado 134.7 mil millones de dólares convirtiendo al Estado israelí en el mayor receptor de ayuda estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Además, si a los demás beneficiarios de asistencia de Estados Unidos se les obliga a gastar el total de la ayuda en armas estadounidenses, a Israel se le permite desviar el 25% de los fondos de la ayuda militar para subsidiar su propia industria de defensa. En otras palabras, los contribuyentes de Estados Unidos vienen financiando con su dinero el desarrollo de la industria de defensa israelí.
El Congreso de Estados Unidos no solo otorga estos beneficios a Israel sino que no le aplica su propia legislación respecto a la prohibición de asistir económicamente «a cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el Secretario de Estado tiene información fidedigna de que dicha unidad ha cometido una grave violación de los derechos humanos». El informe de derechos humanos más reciente del Departamento de Estado sobre Israel (2016) documenta «importantes abusos contra los derechos humanos» que incluyen «asesinatos ilegítimos» cometidos por las fuerzas de seguridad israelíes. Sin embargo, es el oportunismo -y no la ley ni los principios- el que rige la política de ayuda de Estados Unidos a Israel. No obstante, en una rara muestra de coraje en el Congreso, la representante demócrata por Minnesota, Betty McCollum, ha introducido una legislación para cortar la ayuda estadounidense que Israel utiliza en sus agresiones contra menores palestinos.
Paralelamente, el pueblo palestino hace frente a una crisis humanitaria desde que Trump recortara más de 300 millones de dólares de ayuda destinada a los refugiados palestinos en un intento de aplicar mano dura contra la dirección palestina. El recorte afecta a la UNWRA, con la que Estados Unidos ha venido colaborando durante años para apoyar el acceso a la alimentación, la educación y la salud de la población refugiada palestina. Ahora el Congreso ha rechazado mantener este compromiso a pesar de que la contribución de Estados Unidos a este organismo de Naciones Unidas (364 millones de dólares) es menos de la mitad de la ayuda adicional que el Congreso acaba de conceder a Israel.
Además, gran parte de la asistencia que proporciona Estados Unidos (y otros Estados) a los palestinos revierte en el Estado de Israel y en empresas israelíes. El economista israelí Shir Hever ha acuñado el término «desviación de la ayuda» al describir que al menos el 78% del dinero de la ayuda destinada a los palestinos acaba en manos israelíes. Toda la ayuda humanitaria a los palestinos debe pasar por Israel, que se arroga el derecho de cobrar tasas por transporte, almacenamiento y «seguridad». Los Estados donantes que pagan la reconstrucción de infraestructuras palestinas después de cada guerra israelí o tras la demolición de sus viviendas están obligados inevitablemente a tratar con las empresas israelíes de cemento, como la Nesher, que proporciona cemento al 85% de todas las construcciones de Israel y Palestina. Lo mismo para otros suministros y materiales que deben comprarse a empresas israelíes. Eso respecto a las viviendas, escuelas y granjas palestinas financiadas por países donantes que Israel destruye. Pero es que, además, Estados Unidos no proporciona asistencia directa a la AP sino que desvía parte de los fondos que asigna a asistencia palestina al pago directo de deudas derivadas de la AP con Israel, como electricidad y tratamientos médicos.
En los argumentos que se exponen tanto a favor como en contra de la asistencia exterior no consideran el disparatado nivel de apoyo financiero a Israel. Considerado en la actualidad como Estado rico, la ayuda que recibe de Estados Unidos plantea cuestiones más allá de su función de patrocinadora de medio siglo de ocupación y apartheid. De hecho, es la propia la agencia de ayuda exterior estadounidense USAID la que informa de que Israel es el receptor más rico de ayuda exterior y señala que el Banco Mundial (BM) lo clasifica como «país de altos ingresos». Según el BM, Israel es el vigésimo segundo Estado más rico del mundo por su PIB per cápita, justo por debajo de Japón y por encima de Francia. El PIB de Israel ocupa la posición 34 de la clasificación mundial, por encima de Dinamarca, Irlanda y Singapur.
Además de por todos estos datos, urge cuestionar la asistencia a Israel habida cuenta del desmoronamiento que sufren muchas infraestructuras públicas estadounidenses. Los aeropuertos estadounidenses necesitan 42 mil millones para modernizarse. La crisis del agua en Flint, MI tuvo su origen en la falta de inversiones sistemáticas en el mantenimiento de la infraestructura del agua. El Servicio de Parques Nacionales ha propuesto aumentar las tarifas de entrada y alojamiento para cubrir casi 12 mil millones en costos de mantenimiento. Igualmente, los puertos estadounidenses requieren 15 mil millones de inversiones, mientras que la reparación de autopistas requiere otros 420 mil millones además de 123 mil millones para el mantenimiento de puentes deteriorados.
Con los 38 mil millones de dólares que Israel recibirá entre 2019-2028 (además de miles de millones más para programas especiales) habría suficiente para renovar todos los aeropuertos Estados Unidos, más que suficiente para restaurar parques nacionales y mejorar puertos, y representaría una inversión crucial en carreteras, puentes y agua potable.
Aunque a la mayoría de los miembros del Congreso no les mueva la preocupación por los derechos palestinos deberían plantearse la naturaleza desmesurada de la ayuda a Israel.
Khelil Bourrouj es miembro del Institute for Palestine Studies.
Fuente: https://palestinesquare.com/2018/04/23/the-grotesque-case-of-u-s-aid-to-israel/