Como suele suceder la mayoría de las veces en España, aquellos acontecimientos importantes y muchas veces desgarradores que deberían levantar una alerta pública, generar un debate, promover campañas de concientización, movilizar a colectivos sociales y, sobretodo, formar parte de la agenda de los mayores partidos de este país, son lanzados fuera del campo de la […]
Como suele suceder la mayoría de las veces en España, aquellos acontecimientos importantes y muchas veces desgarradores que deberían levantar una alerta pública, generar un debate, promover campañas de concientización, movilizar a colectivos sociales y, sobretodo, formar parte de la agenda de los mayores partidos de este país, son lanzados fuera del campo de la política como si de un partido de béisbol se tratase.
Actualmente se está poniendo en juego algo más que la capacidad de la justicia española para proteger y hacer valer los derechos de un grupo sexualmente vulnerable que, en este caso, se encuentra representado por una joven de Málaga. Este hecho nos permite ver, claramente, que el problema de la violencia contra la mujer tiene unos brazos tan largos que es capaz de sujetar no sólo a la institución pública de la Justicia -con sus jueces, juezas, fiscales y abogados/as- sino a la sociedad en su conjunto, incluso a aquellos y a aquellas que de la manera más humanamente posible se sienten tocados e indignados por el suceso.
El problema que intento subrayar es la poca capacidad que tiene la sociedad española para hacerse cargo del asunto de una manera política. El escaso nivel de respuesta en los debates televisivos, las declaraciones del Alcalde de Málaga y de Valladolid, y el silencio absoluto por parte de partidos políticos como Podemos e Izquierda Unida que se declaran a favor de la lucha de los derechos de las mujeres, es una muestra de cómo falta mucho para que en España se entienda que la decisión de la jueza de calificar de «relación consentida» al asalto sexual por parte de cinco hombres a una joven en Málaga es un tema que obliga a ser tratado y debatido por todas las partes que conforman el espacio público, y al cual es necesario oponerse y ofrecer una reflexión política de altura.
En el intento de localizar alguna declaración, debate o tertulia que mereciese ser levantado, me he encontrado con lo opuesto1. Con todo el respeto que merecen las personas participantes en este debate, me gustaría señalarlo como lo contrario a lo que debería ser una reunión televisiva políticamente consciente, capaz de debatir los verdaderos problemas y tratar de encontrar las causas a este hecho tan repudiable. Las preguntas que, de buena fe, intentan hacer caer en cuenta al Alcalde de su desacierto en declaraciones recientes, redundan en el mismo equívoco. Al preguntarnos cuál fue el verdadero error del Alcalde en sus declaraciones debemos concluir que éste consistió en reducir el problema a una cuestión estadística y en tratar de justificar la imposibilidad de poner un policía por persona. Ahora bien ¿qué hacen los participantes del debate? Sorprendentemente, lo mismo. Sus preguntas giran en torno a si la feria tenía o no la suficiente seguridad y reclaman al Alcalde no poseer un equipo policial adecuado. ¿Cómo es posible que ninguno de los participantes haya salido de ese círculo falaz y haya intentado plantear el debate en términos políticos, es decir, preguntándose por las verdaderas causas estructurales que legitiman actos como estos, o, en su caso, intentando encontrar los nexos entre este hecho y la violencia machista que impera en España?
Lastimosamente, este no es el único ejemplo de falta de reacción política por parte de la sociedad en lo que a temas de violencia sexual se refiere. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los colectivos sociales ante las declaraciones del Alcalde de Valladolid? Un lanzamiento online de sujetadores impulsado por Ada Colau. Por supuesto que decir que Colau es una persona despolitizada sería un comentario bastante torpe, sin embargo, es necesario llamar la atención acerca de esta «acción» que, en un intento de hacer burla al Alcalde, termina banalizando las declaraciones. Llenar el twitter de sujetadores no genera mayor conciencia social y tampoco es revolucionario, por el contrario es una manera de reducir el problema a una cuestión de «respuesta original» que, en el empeño por mostrarse creativos, se vacía completamente de reflexión política.
No pretendo exigir soluciones brillantes, nadie las posee. Lo que se reclama es el abordaje del problema, la manera de hacerse cargo del asunto, el medio a través del cual se tratan problemas de esta envergadura. En este acontecimiento específico los hechos generan confusión: el video- supuestamente- no muestra forcejeo, hay una selfie previa en la que aparece con los jóvenes y las declaraciones de los testigos parecen no favorecer a la adolescente. Ahora bien ¿es esto prueba suficiente de que la chica consintió la relación sexual? ¿es tan inimaginable -por llevar el asunto hasta el último término- que la joven haya tenido un comportamiento seductor sin que eso conlleve necesariamente a querer mantener relaciones sexuales con dos tipos? ¿o es que el hecho de que se haya ido a tomar los chupitos con el grupo de jóvenes ya legitima que se pueda desgarrar vaginal y analmente a una persona para luego dejarla sangrando en el lugar? ¿y no podemos pensar que, aunque se hubiera dado un consentimiento previo, la situación llegó a una violencia física innegable que debe ser castigada? Como siempre, el foco se pone en la actitud de la víctima. Parece casi pura lógica: Si ella fue a tomarse algo con ellos, entonces, la relación fue consentida. O incluso: Si la relación es consentida, entonces, podemos hacer un daño tal que la mujer quede sangrando en el suelo.
He querido hacer énfasis en este caso concreto. Sin embargo, si queremos pensar el problema en los términos que hemos establecidos, debemos ir más allá. ¿Qué marco cultural, social, político y legal está de fondo? ¿Será que debemos sonreír ante los «mamadings» de Mallorca porque son las propias mujeres las que acceden a hacerlo? ¿Es que estamos tan ciegos que no vemos violencia alguna en estos actos? ¿Cuándo va a formar parte del debate público la imagen que se tiene de la mujer en España? ¿Tendrá la historia alguna trayectoria que nos muestre cómo se han configurado las relaciones para llegar a este punto? ¿O será que vamos a naturalizar todos estos asuntos, con San Fermines incluidos, como si fuera una expresión de la libertad sexual de la juventud? ¿Será que podremos sacar alguna reflexión acerca del papel que juegan los medios de comunicación? ¿Por qué Gandía fue el sitio elegido por el canal televiso MTV para realizar el famoso Gandía Shore? ¿Encontramos alguna relación en todo esto?
Por ahora, lo que está claro es que España tiene un problema estructural importante que no va a resolverse ni con performances¸ ni con firmas online y, muchos menos, con algunos «me gusta» en Facebook. La solución llegará con la reflexión de los y las intelectuales que -por cierto- poco se han dejado ver en estos temas, con la participación de los partidos políticos -tanto sus líderes como las bases-, y con el empeño que deben tener los colectivos sociales para configurar un discurso poderoso capaz de penetrar en las entrañas del sistema y conseguir un aparato jurídico contundente que respalde a todas las mujeres. Mientras los problemas no sean vistos como problemas, nadie querrá aportar una solución. Hasta que estas y otras cosas no comiencen a ocurrir, Mallorca seguirá siendo reconocida por la ciudad de los «mamadings», la fiesta de San Fermín por los constantes acosos sexuales y España será mencionada por las más de 50 mujeres asesinadas al año por violencia machista.
Nota:
Antonieta Patricia Moreno Casañas. Estudiante de Filosofía.