Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Durante el año pasado la Unión Europea e Israel profundizaron sus relaciones. Esta asociación mejorada garantiza unas relaciones políticas más estrechas y un comercio e inversiones mutuamente beneficiosos, así como cooperación económica, social, financiera, científica civil, tecnológica y cultural. En los próximos siete años la UE bombeará 14 millones de euros (18 millones de dólares) del dinero de los contribuyentes en cooperación. Sin embargo, las conversaciones para elevar de categoría el actual acuerdo de asociación se suspendieron en enero de 2009 debido a los 22 días de ataque de Israel a Gaza. El 23 de abril la comisaria de la UE para relaciones exteriores Benita Ferrero-Waldner afirmó en una declaración que «la UE deplora profundamente la pérdida de vidas durante este conflicto, particularmente las víctimas civiles, y seguirá de cerca las investigaciones de supuestas violaciones del derecho humanitario internacional». Ferrero-Waldner reprobó la negativa de Israel de apoyar un Estado palestinos. Israel respondió rápidamente advirtiendo a la UE que moderara su criticismo.
En medio de la invasión a Gaza muchos expertos señalaron que Israel estaba cometiendo graves y generalizadas violaciones del derecho humanitario internacional. Las Regulaciones de La Haya y las Convenciones de Ginebra mencionan específicamente la ilegalidad del castigo colectivo, del ataque a civiles en época de guerra y unas normas sobre necesidad militar y proporcionalidad. Durante la invasión Israel no permitió entrar en Gaza a periodistas y observadores internacionales, y estas opiniones se basaron en testigos presenciales y reportajes de prensa limitados. Para llegar a entender completamente las operaciones y valorar el daño causado, organizaciones de derechos humanos, organismos de la ONU y la Liga Árabe han emprendido misiones de investigación e investigaciones. Como las conclusiones de estas diferentes investigaciones se han publicado, ahora es evidente que verdaderamente Israel tiene que responder de la acusación de haber cometido presuntos crímenes de guerra.
Como Altas Partes Contratantes de las Convenciones de Ginebra de 1949 los países de la EU están obligados a incluir en sus leyes las obligaciones legales de la Cuarta Convención de Ginebra. El punto de partida básico es promulgar toda legislación necesaria para proporcionar sanciones penales efectivas a cualquier persona que cometa u ordene cualquiera de las graves violaciones de la Convención (esto es, crímenes de guerra). Las siguientes graves violaciones mencionadas en la Convención parecen ser relevantes en el ataque a Gaza:
«La muerte, tortura o trato humano causados con premeditación, causar premeditadamente gran sufrimiento o graves daños al cuerpo o la salud, o despojar premeditadamente a una persona protegida de los derechos a un juicio justo y regular, y la generalizada destrucción y apropiación de propiedades, no justificada por necesidad militar y llevada a cabo ilegal y gratuitamente si se comete contra personas o propiedades protegidas por la Convención».
Los países de la UE también tienen la obligación de buscar a las personas que supuestamente han cometido o han ordenado estas graves violaciones, y deben llevar a estas personas, independientemente de su nacionalidad, ante sus propios tribunales (o extraditarlas a otro país que esté preparado para entablar el proceso).
El comentario autorizado de la Cuarta Convención de Ginebra, publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, en sus siglas en inglés), estipula que:
«Tan pronto como una parte contratante se dé cuenta de que en su territorio hay una persona que ha cometido … una [grave] violación, su deber es asegurar que la persona concernida es detenida y encausada con toda celeridad. Se debería emprender espontáneamente la necesaria acción policial, aunque no meramente en cumplimiento de una petición de otro Estado».
El comentario del ICRC confirma que los países de la UE tiene la obligación de buscar activamente a sospechosos de crímenes de guerra. De ahí se deduce que su deber debería incluir mantener controles en las fronteras que permitan a un Estado garantizar que sospechosos conocidos que tratan de entrar en su jurisdicción son detenidos al llegar. Muchos estudios de organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Redress Trust, han investigado la conformidad de los Estados con sus obligaciones legislativas según las Convenciones de Ginebra y dichas investigaciones revelan fallos sorprendentes en los principales países de la UE. Austria, Francia, Grecia e Italia simplemente no ha hecho nada para hacer posible que se entablen procedimientos judiciales contra presuntos criminales de guerra según el principio de jurisdicción universal. Mientras tanto, en varios países no se ha logrado la total conformidad con el principio de jurisdicción universal, y en Malta y Letonia la situación no está completamente clara y requiere una investigación más profunda. En Bélgica, por ejemplo, los requerimientos para ejercer la jurisdicción no cumplen las Convenciones de Ginebra porque contienen series de complejas normas referentes al estatuto del sospechoso y de la víctima, ninguna de las cuales permiten las Convenciones.
La mera presencia de un presunto criminal de guerra de cualquier nacionalidad en el territorio de un Estado debería ser suficiente para desencadenar la jurisdicción criminal internacional, independientemente de su nacionalidad o paradero actual. Es más, con la obsesión de la UE por la seguridad de sus fronteras e impedir que personas indeseables entren en la zona del libre mercado, era de esperar que los Estados miembro se hubieran coordinado para garantizar que los países europeos nunca se convierten en seguros refugios de presuntos criminales de guerra.
Al igual que otras víctimas de crímenes de guerra, las víctimas palestinas de presuntos crímenes de guerra buscan justicia y que se apliquen con justicia las normas del derecho penal internacional a sus casos. El 4 de mayo el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional española anunció la decisión de seguir con la investigación del bombardeo [israelí] de al-Daraj, Gaza, en 2002. A consecuencia de este ataque murieron 16 palestinos, incluyendo 14 civiles. La decisión representa un paso importante para lograr justicia para las víctimas. Abre la puerta a exigir responsabilidades ya que se le pueden exigir responsabilidades a presuntos criminales de guerra israelíes por el sufrimiento que han infligido a los palestinos de Gaza.
Juicios penales justos en Estados miembro de la UE, especialmente si el resultado de estos es la condena, podrían proveer elementos genuinamente disuasorios y empezar a proporcionar justicia a las víctimas palestinas de las acciones israelíes. La UE tiene un importante papel en este sentido. En vez de denunciar con la boca pequeña las injusticias infligidas al pueblo palestino emitiendo declaraciones «deplorando la pérdida de vidas» y prometiendo «seguir de cerca las investigaciones de supuestas violaciones del derecho humanitario internacional», los países de la UE lograrían mucho más aplicando a Israel el imperio de la ley, empezando por hacer que sus legislaciones se acorden con sus obligaciones según las Convenciones de Ginebra de 1949. Al fin y al cabo, 60 años después hay pocos indicios de que haya disminuido la necesidad de juicios por crímenes de guerra.
Daniel Machover es abogado y co-fundador de Lawyers for Palestinian Human Rights [Abogados por los Derechos Humanos Palestinos] con base en Gran Bretaña, y Adri Nieuwhof es asesor y abogado de derechos humanos que trabaja en Suiza and human rights advocate based in Switzerland.
Enlace con el original: http://electronicintifada.net/