Su hermano pide al Gobierno acceso a la investigación de la muerte de Arturo a manos de un ultraderechista, fugado en Argentina, quien ha reconocido ser el autor de los disparos y que nunca fue juzgado.
Tenía 19 años y aquel 23 de enero de 1977 un integrante de Guerrilleros de Cristo Rey lo asesinó de dos tiros mientras participaba en Madrid en una manifestación por la amnistía. Arturo Ruiz es una de las casi 300 personas que durante la Transición perdieron la vida a manos de ultraderechistas y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se sabe quién lo mató, José Ignacio Fernández Guaza. Nunca se le pudo juzgar por haber huido de España y vivir más de cuatro décadas con identidad falsa.
Fernández Guaza vive hoy en Argentina, desde donde se vanagloria de sus hazañas de pistolero. Ahora, el hermano de Arturo, Miguel Ángel Ruiz ha pedido la desclasificación de toda la información relativa a la investigación judicial que sobrevoló el asesinato. “Solo queremos saber la verdad”, repite como un mantra.
Arturo Ruiz García nació en Granada en 1957. Cuando Guaza lo mató, estudiaba y trabajaba como albañil. Aquella fría mañana de enero tan solo sería el comienzo de una semana trágica. Al día siguiente vendría la muerte de Mari Luz Nájera tras el impacto de un bote de humo lanzado por la Policía para dispersar una manifestación, precisamente, pidiendo justicia para Arturo. El mismo 24 de enero por la noche tuvo lugar la masacre de los Abogados de Atocha.
“Queremos saber quién pagó a este señor para que se dedicara a ir pegando tiros a militantes de izquierdas; quién le ayudó a huir, porque sabemos que fue gracias a la Guardia Civil; quién le ha protegido tantos años; de dónde salieron esas armas compradas por el Estado español; y sobre todo queremos saber qué ocurrió y por qué el Estado se niega a reabrir el caso”, se explaya Miguel Ángel, hermano de Arturo.
Él será el que presente un escrito en la Secretaría de Estado de Seguridad, en el Ministerio del Interior, para requerir la desclasificación de toda la documentación que obre en su poder sobre el asesinato de Arturo. “Lo pedimos en el ejercicio del derecho a la verdad que reconoce a las víctimas del franquismo y la transición la Ley de Memoria Democrática”, añade.
Ese es uno de los principales escollos judiciales a los que se enfrentan, pues más allá de que el Tribunal Supremo y el Constitucional ya han rechazado la reapertura del caso, que piensan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, los delitos han prescrito y no son considerados de lesa humanidad.
Sin embargo, Miguel Ángel, que ha cogido el relevo de su otro hermano Manuel Ruiz en la lucha por la memoria de Arturo, sostiene lo contrario: “Sabemos que Guaza estaba ligado al Estado y tenía una fuerte relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estos pistoleros llegaban a donde los agentes no podían llegar con tanta facilidad, que era a asesinar chavales. Esa connivencia con el Estado sí podría suponer un crimen de lesa humanidad”.
Guaza huye, el Estado olvida
Aquel día Guaza no estaba solo. Junto a él se encontraba Jorge Cesarsky, propietario de la pistola disparada, ligado a la Dirección General de Seguridad y al grupúsculo filofascista Fuerza Nueva. El proceso judicial llevado a cabo a finales de los 70 terminó con una condena contra él por un delito de terrorismo y tenencia ilícita de armas. Tenía 50 años entonces y debería haber pasado seis en prisión, aunque apenas cumplió un año de cárcel al ser beneficiario de la Ley de Amnistía, esa misma que Arturo Ruiz reclamaba en las calles.
Guaza contaba con 29 años cuando mató a Arturo y, en este caso, integraba la organización Guerrilleros de Cristo Rey y su ligazón era con la Guardia Civil, para quien trabajaba en los servicios de información, tal y como él mismo declaró.
Los pasos que siguió Guaza en su huida, ha quedado demostrado, recalaron primero en Euskadi. Desde allí llamó a su pareja para que mandara dinero a un amigo suyo, guardia civil. Huyó primero a Francia, donde se le perdió el rastro. “La connivencia fue tal que durante el juicio ni siquiera apareció el DNI de este hombre”, denuncia Miguel Ángel. Destaca, asimismo, el hallazgo de un maletín con 400 cartuchos de 9 milímetros en la casa de Guaza.
La relación entre el pistolero y el aparato del Estado se hizo aún más patente cuando la hermana de Guaza declaró que “realizaban funciones que la Policía no podía hacer”. Además, su pareja declaró también ante el juez, en 1977, que Guaza trabajaba para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El asesino no se arrepiente
Para Miguel Ángel, lo más sangrante de la historia todavía estaba por llegar. En noviembre del año pasado, el diario El País dio con la ubicación del asesino, en Buenos Aires. Descrito por los periodistas como “un tipo alto, corpulento, de pelo cano y frondosa barba blanca”, les llegó revelar “la vida al límite de un prófugo bien conectado con ejércitos, servicios de inteligencia y las autoridades españolas de los estertores del franquismo”, tal y como recogió la crónica.
Reconoció ser el asesino de Arturo Ruiz sin atisbo de arrepentimiento. “Por eso ahora queremos que el Estado español desclasifique la documentación, para poder conocer la verdad”, reitera una y otra vez Miguel Ángel. En este sentido, también reclaman que la justicia española colabore con María Servini, la jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo y la Transición y que hasta en dos ocasiones ha pedido diversa información al Estado español. “La respuesta ha sido nula desde España”, denuncia el hermano de Arturo.
Desde su punto de vista, y ahora Miguel Ángel habla como integrante del Colectivo de Olvidades de la Transición (COT), “no hay ningún interés en el estamento político para tratar este asunto”. También recuerda cómo José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González rubricaron la carta de apoyo al exministro franquista Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación y responsable de las fuerzas de orden público en enero de 1977, cuando declaró ante la jueza Servini.
Una Transición modélica con casi 300 asesinatos
El hermano de Arturo reivindica su derecho a conocer la verdad, tal y como establece la Ley de Memoria Democrática. “Quiero que este caso sirva para abrir la puerta a todos los demás, aunque desconozcamos todavía muchos de ellos”, enfatiza. El portavoz del COT, Javier Almazán, cifra en 280 las personas asesinadas desde 1973 hasta 1983 a manos de ultraderechistas y cuerpos policiales. “El problema es que no hay un registro oficial, así que nosotros nos encargamos de documentarlos como podemos”, introduce.
Almazán llegó al COT por ser hermano de Ángel, quien perdió la vida con 18 años tras cinco días intentando recuperarse de la brutal paliza que varios policías le propinaron cuando se manifestaba por la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política. “Queremos que cambie el relato de la Transición modélica sellada en el abrazo entre Suárez y Carrillo. Aquí nos jugábamos la ruptura o la reforma, y mucha gente murió en las calles reclamando libertad”, comenta.
El portavoz del colectivo denuncia que el asesinato de Arturo Ruiz no se incluya dentro de los derechos que otorga a las víctimas y sus familias la Ley de Memoria Democrática: “Dicen que el caso está prescrito, incluso que el crimen no tuvo connotación política. Eso es negar que el agua moja. Evidentemente, Guaza no solo actuó ese día, y lo hizo con la ayuda del Estado”. Miguel Ángel, el hermano de Arturo, sentencia: “Aquí hay mucha gente que quiere que olvidemos, pero nunca lo vamos a hacer. Yo no lo haré mientras siga vivo. Solo queremos saber la verdad, aunque sea muy incómoda para algunos, pero es nuestro derecho”.