¿Qué margen hay para aquellos proyectos que consideran que es necesaria una acción transformadora también en las ciudades? ¿Cómo invertir las dinámicas y plantear una gestión de la esfera pública que subvierta las dinámicas neoliberales?
Recientemente, con la reformulación o la puesta en valor de diferentes formas de gestión de servicios, recursos o equipamientos, se ha visto la carencia y la necesidad de empezar a compartir nuevos términos para viejas fórmulas, o viejos términos para nuevas formulas. Así pues, conceptos como el de cogestión, gestión colaborativa, gestión ciudadana, gestión comunitaria o gestión cívica se intercalan en textos y debates, muchas veces usados como sinónimos y otras para mostrarse como opuestos. Pensamos que más allá de una discusión técnica, definir un proyecto de una u otra forma hace visible la voluntad transformadora que ambiciona y el grado de autonomía que desea, y por lo tanto implica un posicionamiento ideológico y político en torno a la prestación de servicios y de rebote también, frente al modelo económico dominante y el rol que juega la administración en el mismo.
Partimos de la base de que la administración no es un espacio neutral y que, en el sistema de organización social actual, el papel de ésta ha sido considerado por la corriente de pensamiento neoliberal dominante, como una «rigidez», un obstáculo al desarrollo del mercado. Es bajo este paradigma que se plantea una gestión de la administración bajo los criterios de racionalización, desregulación, flexibilización y liberalización, lo que tiene como consecuencia que ésta quede reducida a la mínima expresión y que pierda la consideración y el sentido de lo público.
En el momento actual, de acuerdo con el programa neoliberal, la administración juega un papel facilitador para la extensión de la actividad económica privada en nuevos sectores estratégicos, particularmente, con todo lo que tradicionalmente ha sido relacionado con la prestación de servicios públicos: salud, educación, cultura, servicios a las personas, vivienda, transportes, limpieza … Y, porque no decirlo, también está reconfigurando la acción o participación de las entidades sociales en esta prestación de servicios.
En muchos de estos servicios y sectores externalizados se puede identificar una tendencia por parte de la administración a establecer un marco normativo de contratación que fomenta la creación de mercados oligopolistas; es decir, servicios dominados por un pequeño número de grandes empresas o grandes entidades sociales que realizarán la prestación de servicios públicos y se está ahogando y expulsando a cooperativas y entidades sociales, pequeñas y medianas, que están desapareciendo. Es así como, poco a poco, se va produciendo un trasvase del control de los recursos públicos hacia manos que tienen otros intereses, alejados de la vela por el bien común y la transformación social.
En este contexto, el sector público está asumiendo un papel meramente de administrador y cliente de servicios, que serán gestionados por el sector privado, empresas o entidades sociales, con o sin ánimo de lucro, las cuales buscarán optimizar sus resultados en base a las economías de escala y los criterios cuantitativos de altos volúmenes de gestión alcanzados.
¿Qué margen hay para aquellos proyectos que consideran que es necesaria una acción transformadora también en estos ámbitos? ¿Cómo invertir las dinámicas y plantear una gestión de la esfera pública que subvierta las dinámicas neoliberales?
¿Qué rol esperamos que tenga la administración en relación al desarrollo de experiencias transformadoras? ¿Cómo nos podemos relacionar con ella? ¿Qué entendemos realmente por proyectos transformadores?
La Economía Social y Solidaria como marco de pensamiento, experiencia y práctica de alternativas
Asumiendo esta realidad, pensamos que no se puede realizar un planteamiento de gestión de servicios, recursos o equipamientos con voluntad transformadora si no partimos de una concepción radicalmente diferente de la idea de gestión misma y la articulamos sobre unas nuevas bases alejadas del paradigma neoliberal.
Es en este sentido que consideramos que la Economía Social y Solidaria (ESS) ofrece un nuevo marco para superar la situación actual. Situar la satisfacción de las necesidades de las personas y el bienestar comunitario en el centro de las actividades económicas rompe con el paradigma neoliberal del máximo beneficio en el menor tiempo posible. Por eso queremos acentuar su fuerza como nuevo marco de referencia, en la práctica y en los valores. Un punto de partida que impugna el modelo actual.
Hay quien entiende la ESS como un conjunto de actividades más de la economía capitalista, donde la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social. Este posicionamiento es no entender el capitalismo como un sistema de explotación y generador de desigualdades que debe ser superado o derrotado, sino al contrario, es creer que es posible un capitalismo con «rostro humano».
Por eso no pensamos en la ESS como un nuevo sector de la economía, sino como otra forma de organización de la sociedad en torno a los recursos productivos y los sistemas ecológicos:
La Economía Social y Solidaria no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio que contribuya a la mejora de la calidad de vida. Autores como Coraggio (2011) o Razeto (1999) explican cómo esta economía es «social» en tanto que toda economía es una construcción social, política y cultural y no el resultado de una «mano invisible» del mercado; es «social» porque produce comunidad, porque se basa en el valor de uso y no en el valor de cambio. Asimismo es «solidaria» en tanto que pone en el centro de la actividad económica la satisfacción de las necesidades de la población y esto no se puede hacer desde relaciones basadas en la competencia sino desde la cooperación. No se trata de producir en base a la explotación y luego redistribuir los resultados solidariamente, la economía es «solidaria» en tanto que introduce la cooperación y el apoyo mutuo a lo largo de todo el ciclo económico. Es decir, entendemos que la Economía Social y Solidaria hace referencia al conjunto de actividades de producción, distribución, consumo y financiación orientadas al bienestar de la comunidad, cuestionando la propiedad privada y sin perder los valores y principios a lo largo del proceso económico.
Por lo tanto, hay que entender el marco de la ESS como un instrumento de lucha para las personas y comunidades comprometidas con la transformación del sistema capitalista y no como un «tercer sector» de la economía capitalista. Otra cosa es cómo se opera en estos contextos sin perder estos valores, estos principios y esencias, o como se aprovechan las oportunidades para extender la ESS de corte rupturista en la prestación de servicios.
La Gestión Comunitaria como propuesta desde la Economía Social y Solidaria
Para empezar a hacer un buen análisis de las diferentes fórmulas de gestión de bienes, servicios y recursos públicos quizás hay que hacer una pequeña introducción terminológica para clarificar los conceptos utilizados actualmente, tanto desde la administración como desde las entidades gestoras o los movimientos sociales .
Remitiéndonos a los conceptos, la «gestión cívica» era la fórmula que utilizaba la administración (hablamos en concreto de la administración catalana) para referirse a la cesión de un equipamiento público a una entidad, convirtiéndose esta fórmula una alternativa a la «gestión externa», cuando la cesión que se producía era una empresa. La «gestión directa» era la fórmula cuando la gestión era asumida directamente por la administración, con personal contratado o funcionario. La «cogestión» era cuando se producía una fórmula mixta, o sea, cuando se daban situaciones como la de un equipamiento con doble dirección (un director puesto por la asociación y el otro para la administración), o cuando la gestión era de las entidades pero los trabajadores se contrataban a empresas privadas.
El gran problema ha sido, sin embargo, que las fórmulas de gestión han ido siempre ligadas a las voluntades administrativas / políticas de los distritos, esclavos muchas veces de sus alianzas o conflictos locales y esto ha impedido, hasta el día de hoy, el existencia de un marco común y regulado que desarrolle a fondo el concepto de la «gestión cívica».
Ahora bien, ante esta situación, ya hace unos años que una serie de entidades y asociaciones se pusieron a trabajar para la creación de este marco, de donde nace la Plataforma de entidades de Gestión Ciudadana de Barcelona. Y es que al margen de la creación de este marco ‘normativo’, existía la firme voluntad de hacer evolucionar el concepto «cívico» y avanzar hacia un modelo de gestión que también viene acompañado de una serie de valores, poniendo el énfasis en la idea de la «participación ciudadana».
La administración, por su parte, también está redefiniendo los conceptos y comienza a hablar de la «gestión colaborativa», partiendo de la premisa de que la institución «cede» una parte de sus obligaciones a la «ciudadanía» como fórmula para reforzar el vínculo colaborativo entre el ciudadano y la institución, entendido como mecanismo de participación.
Desde la perspectiva de la «gestión comunitaria», la idea es otra. Desde esta propuesta se parte del presupuesto de que los equipamiento y servicios son bienes comunes de la población, no recursos de la administración. Es decir, hay que entender que un centro de jóvenes no es un equipamiento del ayuntamiento, sino que es el equipamiento de un barrio. Por tanto, es derecho y responsabilidad de la sociedad el hecho de tomar parte de la gestión de aquellos recursos y servicios que le afectan en su cotidianidad.
Si entendemos que un equipamiento municipal está gestionado por una entidad (o conjunto de entidades) arraigada a un territorio, la tarea de la administración debería ser la de facilitar esta gestión, hacer una función de acompañamiento. En ningún caso, en las experiencias y procesos de gestión ciudadana / comunitaria se plantea una gestión y toma de decisiones conjunta o colaborativa entre administración y entidades, sino que son las poblaciones organizadas las que ocupan la centralidad, las que tienen todo el peso y la responsabilidad de la gestión, consensuando las propias normas en torno al proyecto. Hay que situar en el centro los verdaderos protagonistas: las personas, vecinos y vecinas y la administración al lado, para responder a las necesidades que se expresen desde las comunidades, legitimadas socialmente.
Y es que la ruptura de la confianza en la Administración, la multiplicación de los centros sociales, centros o ateneos autogestionados, o el empoderamiento de muchos proyectos en los barrios (cooperativas de consumo, PAH, …) ha empezado a visibilizar otras formas de construir lo que llamamos como «esfera pública no estatal», es decir, una serie de proyectos que velan y potencian los intereses públicos pero que se encuentran construidos al margen o, incluso, a pesar de la administración. Tenemos que pensar que cada vez que un territorio recupera la gestión de un bien público, sea éste de titularidad municipal o no, es fruto -casi siempre- de una lucha vecinal de reivindicación y del consiguiente equilibrio de fuerzas. Este hecho se verá reflejado posteriormente a la hora de establecer una negociación, en su caso, en la concreción de los términos de la gestión (horarios, financiación, autonomía …). Ante estos factores condicionantes, entendemos la Gestión Comunitaria como un concepto amplio, muy ligado a entender equipamientos, servicios y recursos como una herramienta de transformación social y de empoderamiento de las comunidades.
Es desde esta idea de que trabajamos dentro del marco de la economía social y solidaria: colocando en el centro el bienestar de las personas y no la maximización del beneficio y, a la vez, considerando que los procesos de producción, distribución, consumo y financiación deben revertir en la mejora de la comunidad todo socializando su propiedad.
Por eso la gestión comunitaria tiene que ver con la constante definición de necesidades colectivas, con la provisión, distribución de servicios y recursos comunes, y en la toma de decisiones sobre los mismos. Es así como toman sentido los valores que hacen singular esta opción y la diferencian de otras:
a) Accesibilidad / universalidad: en que se parte de la noción de bien común y para que así lo sean, hay que garantizar la accesibilidad de la comunidad a los servicios y recursos, con criterios de derecho y sentido de lo público, sin exclusiones ni discriminaciones.
b) Democracia directa y autodeterminación: que pasa por la permeabilidad y la incorporación de cualquier miembro de la comunidad en las estructuras de gestión y toma de decisiones.
No obstante se ha de tener en cuenta que cada grupo de trabajo tiene ritmos y formas propias, pero que la toma de decisiones globales (presupuestos, formas de implicación, normas, formación, servicios) deben tomarse en base al consenso y con potestad de revisar los criterios acordados.
c) Transparencia: en la gestión económica y en la toma de decisiones. Para hacerlo hay accesibilidad a la información económica del proyecto y de sus órganos de gestión y que ésta sea evaluable por cualquier persona. Hay que trabajar los aspectos comunicativos y de flujos de información para que podemos estar reproduciendo formas de opacidad por omisión.
d) Autocontrol y autoevaluación que nos servirá para revisar si cumplimos con los criterios de control democrático de los proyectos. Sin quererlo los proyectos son desiguales e imperfectas ya menudo se dan situaciones de poder para autoritarismo, carismas, sumisión o despotismos. Hay que ser conscientes de estos factores y actuar en los procesos de gestión relacional y de toma de decisiones para equilibrar las relaciones. Los mecanismos de autocontrol no deberían quedar sólo como herramientas consultivas, sino que deberían prever la capacidad de decidir sobre la revocación de los cargos y responsabilidades.
e) Vínculos territoriales que cualquier entidad y proyecto debe mantener con el entorno. Debe ser el contexto en el que se encuentre el que defina los proyectos y que estos respondan a un interés colectivo consensuado. Va desde el apoyo a grupos de artistas y colectivos locales, como la implicación en la programación de la vida cultural de la población.
f) Capacidad de convertirse en una herramienta al servicio de la comunidad que lo rodea para transformar el entorno que habita. Comporta valorar diferentes cuestiones como la función del proyecto y el volumen de actividad que asuma, la remuneración por ciertas tareas y funciones, tiempo de dedicación etc. que hace más compleja la estructura social y organizativa de la comunidad al condicionar la horizontalidad, transparencia y control social en el seno de la comunidad.
g) Posibilidad de reversión en los propios proyectos y el retorno a la comunidad: la gestión comunitaria debe incorporar criterios de eficiencia, eficacia y responsabilidad social, métodos de evaluación propios que permitan desarrollar un balance social en clave de bien común y reciprocidad.
Por tanto, la gestión comunitaria se basa en un proceso de (permanente) movilización social en el que unos actores sociales toman conciencia de la existencia de unos intereses y necesidades comunes y se organizan para constituir y sostener una organización alrededor de la elaboración y la aplicación de proyectos colectivos. Por ello, supone la posibilidad de las poblaciones de tomar parte activa en el proceso de transformación del entorno, propone la autodeterminación en la toma de decisiones y la creación de espacios de consenso y soberanía. Parte del ejercicio de conquistar y no ser subsidiario, supone generar vínculos de apoyo mutuo y facilita la creación de sujetos colectivos y relatos compartidos, lo que confiere posibilidades de resistencia y capacidad negociadora.
Lo que debe primar, pues, para referirnos a la gestión comunitaria de un proyecto no es el estatus jurídico-legal del espacio / servicio (okupado, cooperativizado, de gestión ciudadana…) sino los valores, objetivos y los procedimientos que vinculan la comunidad de referencia en relación al proyecto y el entorno.
Es en base a estos valores que los modelos y formas de hacer gestión comunitaria pueden ser diferentes y aplicables a distintos ámbitos de la política y la gestión pública, como por ejemplo equipamientos, servicios, obra pública, recursos…
En cuanto a la gestión de equipamientos, ámbito en el que se acumula más experiencia y donde encontramos proyectos referentes, por ejemplo, entendemos que no todos los proyectos de gestión ciudadana, (que implican la gestión de un equipamiento municipal por parte de una entidad) son o pretenden ser proyectos de gestión comunitaria. Esta idea irá íntimamente ligada a su forma de organización y relación con el entorno.
Es decir, en muchos casos, la administración ha hecho o quiere hacer del modelo de gestión ciudadana, cogestión o gestión colaborativa, una extensión del concepto institucional de la participación: vacío, vertical, acrítico, voluntarista y legitimador… cuando no, una herramienta de uso clientelar para fidelizar relaciones con algunas asociaciones o castigar a otros.
Por eso entendemos la Gestión Ciudadana como el acuerdo entre una entidad y la institución en virtud del cual la primera gestiona unos servicios o recursos de titularidad municipal y la Gestión Comunitaria como la voluntad de gestionar servicios o recursos de una determinada manera con unos determinados objetivos, procedimientos y valores al margen del estatus legal de servicios o recursos.
Un concepto, Gestión Ciudadana, nos ayuda a construir el marco jurídico legal y a definir el pacto entre sociedad / entidad y administración y el otro, Gestión Comunitaria, nos enmarca este tipo de gestión dentro de la Economía Social y Solidaria, con toda la potencia de la transformación social y la propuesta política que ello conlleva.
Nuestra propuesta o apuesta -o sueño compartido- es que los proyectos de Gestión Ciudadana respondieran, en el mayor número posible, a procesos de Gestión Comunitaria, para favorecer el empoderamiento de las comunidades, la autodeterminación y autogestión de los recursos públicos. Siempre partiendo del consenso comunitario y los valores sociales, cooperativos y solidarios, orientados a la mejora de las condiciones de vida, poniendo en el centro el interés por el bien común.
La voluntad de estas líneas no es sentar ninguna cátedra, sino poner sobre la mesa un debate que ya se está teniendo en varios espacios, pero que pensamos que aún no ha tomado una dimensión colectiva. Intentamos dar argumentos y aportar una perspectiva construida de forma coral, a seis manos, pero muy vinculada a los proyectos donde estamos y por donde hemos pasado. Somos conscientes de que hay temas clave a desarrollar con profundidad, como puede ser por ejemplo cuál debe ser el papel de la administración ante la gestión comunitaria, esperamos que este y otros temas los continuemos trabajando juntos.
Judit Font, Helena Ojeda, Xavier Urbano, participan en proyectos vinculados a la gestión comunitaria como el Ateneu Popular 9 Barris, el Casal de Barri de Prosperitat o el Ateneu Popular Coma Cros de Salt.