«El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ya que se espera que en el año 2025, la demanda de este elemento (sic) tan necesario para la vida humana será un 56% superior que el suministro… y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado». Si no ha escuchado frases […]
«El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ya que se espera que en el año 2025, la demanda de este elemento (sic) tan necesario para la vida humana será un 56% superior que el suministro… y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado». Si no ha escuchado frases como esta, vaya familiarizándose, porque las próximas guerras serán por el agua.
En Costa Rica paradójicamente la guerra por el agua comenzó en un lugar emblemáticamente pacífico, en Monteverde, donde un grupo empresarial con el absurdo pretexto que ocupaban agua para riego en una de las zonas de mayor precipitación del país, se empeñaron en entubar dos quebradas, pese al peligro que representaba para la Reserva donde varias especies como el sapo dorado han comenzado a extinguirse.
Los vecinos con sus cuerpos se interpusieron para impedir avance de la maquinaria. Luego lo que interpusieron fueron recursos legales como el Indubio pro-Natura. En ese momento la Defensoría fue muy débil y la complicidad de varias autoridades terminó en que los vecinos fueron intimidados al acusarlos de amotinamiento, un chantaje para que cedieran en la lucha. Debieron gastar millones en la defensa y muy pocas personas les apoyamos en su momento, aún así la resistencia se mantiene.
En el referéndum del TLC, el Tribunal Electoral dijo que el «SI» ganó numéricamente y se negó a tramitar graves denuncias contra el Presidente Oscar Arias y el Embajador Mark Langdale, protagonistas de un fraude y la obscena injerencia en asuntos internos. Lo cierto es que el 7 de octubre el país cambió para siempre.
Hoy quienes nos oponíamos al TLC no sólo hemos debido soportar la afrenta de un fraude, sino también un duelo ante la ruptura de la institucionalidad. Dirán los del «SI» que estamos con sangre en el ojo… ¡por supuesto! Y lejos de buscar la manera de armonizar y buscar una reconciliación, el gobierno sigue sembrando la cizaña que arteramente recomendó el todavía diputado Fernando Sánchez en su célebre memorando del miedo. Un Nóbel de la Paz declara cada día que pasa la guerra a su pueblo vía decretos y leyes que rompen la solidaridad, mientras la prensa emula la afonía presidencial y ligeramente divulgan la vulgaridad.
Cuando advertimos que dar trato de mercancía al agua en el TLC, permitiría que esta dejara de ser un derecho humano no exagerábamos aunque los defensores del Tratado se burlaron de nosotros. Poco tardó el gobierno de Arias en sacarse de la manga una ley de aguas modificada y empeorada donde en lugar de que el agua sea un derecho humano y un servicio público se transforma en un servicio al público sujeto a las leyes del mercado; la temida privatización sería un hecho si esa ley llega a pasar, porque más que una ley de aguas es la ley de la jungla para que «cada palo aguante su vela» propia del libre comercio que Arias impulsa con tanto entusiasmo en lugar de impulsar la solidaridad.
El conflicto de Sardinal no es el primero pero es muy importante porque está sirviendo de agente aglutinador del gran movimiento del NO, como detonante para socollonearnos ante tanto abuso, decreto y violación que se viene dando. Lorena de Santa Cruz, Barva de Heredia y muchos otros sitios están en la lista de lugares donde el conflicto también va a darse, con o sin antimotines la gente va a defenderse sin miedo. Lo que es inaceptable es que el gobierno militarice a la fuerza pública contra los derechos que tienen los ciudadanos de defender la vida misma.
Y es que una cosa es que una comunidad de menos de 10 mil habitantes se abastezca de agua de sus nacientes y otra muy diferente es que con tubos de medio metro, como es el caso de Sardinal, se pretenda satisfacer a más de 30 mil turistas, generando una demanda muy superior a las posibilidades del acuífero. Por eso la posición de un político como Ricardo Sancho, Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados que no es experto en la materia resulta ofensiva al decir que si Sardinal se queda sin agua, les podrá dotar con agua de otra parte. La pregunta que salta de inmediato es ¿por qué mejor no le dice eso a quienes quieren llevarse el agua y deja a Sardinal en paz? La propia auditoria de AyA reveló irregularidades graves e incongruencia en su actuación. La renuncia de Sancho debería haberse presentado ya, pero en el paraíso de la impunidad eso no pasa.
Si los proyectos turísticos costeros ocupan agua y no la tienen, ¿por qué no hacen como en muchos países del mundo donde ese tipo de proyectos cubren el costo de desalinizar agua de mar? Las tarifas que cobran se los permite con creces y quizás una mayor conciencia del costo que tiene cuidar el ambiente, evitaría que tiren aguas negras al mar como recientemente denunciaron que sucedía en Papagayo.
Si es perverso usar comida para alimentar carros, más perverso resulta sobreexplotar las nacientes de agua para satisfacer lujosos hoteles, piscinas y regar canchas de golf impidiendo a las personas saciar la sed y atender los cultivos que les dan de comer.
Tribuna Democrática
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