Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak, Egipto se ha convertido en el campo de batalla de todo tipo de narrativas. Cada una de ellas ha tratado de apropiarse y definir la Revolución del 25 de Enero. Los detentadores del poder, especialmente el ejército y sus aliados, avanzaron una narrativa afirmando que la revolución había triunfado gracias a la intervención del ejército. Había llegado ya el momento, proseguía esta narrativa, de que los manifestantes vaciaran las calles y las plazas y de que los trabajadores pusieran fin a sus huelgas y volvieran a sus fábricas. La revolución podría solo seguir avanzando a través de una transición conducida por los militares, en la que el pueblo debía «volver a sus casas», las elecciones y la redacción de la constitución debían aplazarse mientras los altos mandos militares y las elites negociaban el futuro de Egipto.
Sin embargo, para muchos, la Revolución del 25 de Enero no fue solo la mera búsqueda de un gobierno electo. Incluía también una gran cantidad de demandas de reformas institucionales de hondo calado y derechos económicos y sociales. Esos revolucionarios no dejaron sin respuesta esa narrativa intentando frenar al ejército y a sus socios civiles, que se esforzaban en negociar y construir un sistema político que pudiera reprimir en vez de ampliar las demandas revolucionarias por un cambio transformador.
Pero los partisanos del «pan, libertad y justicia social» han permanecido marginados durante largo tiempo tras el derrocamiento de Mubarak, aunque lucharon para resistir las narrativas del poder. Al hacerlo así se enfrentaron a una de las principales paradojas de la movilización popular revolucionaria en Egipto que el 25 de enero reveló. Quienes tomaron las calles podían ejercer presión suficiente para «vetar» determinadas realidades políticas. Sin embargo, tenían poca o ninguna posibilidad de influir en el cambio de las realidades que habían echado abajo. Dicho de otro modo, el pueblo posee poder para subvertir pero no tiene necesariamente capacidad para desafiar a los detentadores del poder y dictar lo que venga después.
La importancia de esta paradoja en los acontecimientos y consecuencias del 30 de junio de 2013 no puede ser más evidente. En el preludio de las protestas del 30 de junio, millones de decepcionados egipcios firmaron la petición de la Campaña de Tamarud [Rebelión], en la que se declaraba:
«Como miembro del pueblo egipcio, declaro por la presente que retiro mi confianza al Presidente de la República, el Dr. Mohammad Mursi, y pido que se celebren elecciones anticipadas. Prometo mantenerme fiel a los objetivos de la revolución y trabajar para conseguirlo, así como para dar a conocer la campaña de Tamarud entre las filas de las masas hasta que juntos podamos conseguir una sociedad de dignidad, justicia y libertad.»
Esta iniciativa empezó como un intento de conseguir apoyo popular para unas elecciones presidenciales anticipadas tras el fracaso de Mursi a la hora de cumplir las demandas de la Revolución del 25 de Enero. Ese esfuerzo está cediendo terreno ahora a actores que son incluso más hostiles aún a las aspiraciones que articulaba la petición de Tamarud. Es verdad que quienes tomaron las calles pueden haber conseguido echar abajo uno de los mayores obstáculos para el cambio revolucionario en Egipto, a saber, la insegura alianza entre los Hermanos Musulmanes y los atrincherados centros de poder conocidos como el «estado profundo». La movilización popular que culminó el 30 de junio imposibilitó que la cúpula del ejército y el establishment de la seguridad escondieran sus antidemocráticos privilegios tras la fachada de las instituciones democráticas y los cabezas de turco civiles. Pero los hechos siguen estando ahí: los asesinos de Khaled Said, Sayed Bilal, Mina Danial y Gaber Salah «Yika» son quienes están apareciendo triunfantes tras el derrocamiento de Mursi. Están explotando activamente el desprecio popular por el gobierno de la Hermandad Musulmana para forjar un orden político igual de regresivo, si no más, que el precedente.
De forma parecida a lo que hicieron tras el 11 de febrero de 2011, la cúpula del ejército está hoy promoviendo una narrativa en la cual han intervenido (otra vez más) de forma heroica para salvar a todos y «proteger la revolución». En consecuencia, tras haber ayudado a derrocar a Mursi, los oficiales están pidiendo ya a los egipcios que les paguen. El pueblo está ahora ofreciendo ciegamente su apoyo a actuaciones del ejército tales como fuerza letal, represión y xenofobia para forzar el sometimiento de quienes le desafían. El discurso para alentar el miedo que el ejército ha utilizado como parte de su iniciativa de «guerra contra el terror» se ha convertido claramente en algo más que solo «palabras» tras el asesinato por las fuerzas de seguridad de docenas de manifestantes de la Hermandad Musulmana el viernes por la noche, y de otras docenas en anteriores ataques. Los brutales ataques de ayer se produjeron justo después de que millones de egipcios se manifestaran en concentraciones públicas por toda la nación en apoyo de la petición del Ministro de Defensa, Abdel Fatah al-Sisi, de un mandato popular para hacer frente a las inminentes amenazas «terroristas». Muchos medios de comunicación y creadores de opinión en Egipto han expresado su apoyo, sin sentido crítico alguno, a este alarmante desarrollo. Esta pauta pone solo de relieve la magnitud en la que los defensores de la dignidad y la justicia en el país se enfrentan a una dura batalla para contrarrestar los esfuerzos del ejército y sus aliados para liquidar la disidencia política y dictar los términos del nuevo orden político.
El historial en el poder de los Hermanos Musulmanes puede haber sido tan terrible como para justificar la destitución de Mursi. Pero aún así, lo que es innegable es que la violenta campaña del ejército contra los partidarios de los HM y la propagación de un discurso xenófobo contra sus activistas, así como cualquier apoyo explícito e implícito de esos esfuerzos, están en total contradicción con los principios profesados por la Revolución del 25 de Enero. También desafían la visión de un orden social justo y humano por el que tantas personas han sacrificado sus vidas o partes de su cuerpo durante los últimos dos años y medio. No puede haber justicia en un país donde se cierran medios de comunicación porque no se ajustan a la línea oficial y donde los individuos se enfrentan a la amenaza de arresto, calumnias y castigos violentos por sus ideas políticas. No puede haber justicia en un país donde a un ex presidente y sus colaboradores se les está responsabilizando de supuestos delitos a través de un proceso dominado por el mismo sistema que ha asesinado a manifestantes desarmados, llevado a cabo pruebas de virginidad y sometido a los egipcios a torturas, humillaciones y abusos desde hace mucho tiempo. No puede haber dignidad en un país donde el aparato represor del antiguo régimen de Mubarak se ha reconstituido a sí mismo bajo el disfraz de una iniciativa contraterrorista. Los dirigentes de los HM son culpables por no haber conseguir construir un Egipto que ponga en marcha las demandas de la Revolución del 25 de Enero. Pero sus antiguos aliados entre los oficiales del ejército que hoy están gobernando son igual de culpables.
¿Qué sucederá ahora en Egipto? Hay pocas dudas de que el marco de transición patrocinado por el ejército -como su predecesor- es estructuralmente incapaz de hacer frente a las rampantes desigualdades sociales que han propiciado el conflicto desde hace mucho tiempo entre grandes segmentos sociales y el estado egipcio. La transición en curso tiene como objetivos fundamentales blindar las instituciones estatales frente a las demandas populares de cambio revolucionario. El hecho de sustituir simplemente a los Hermanos Musulmanes por un nuevo grupo de civiles aliados con el ejército, incluso bajo el marco de las instituciones democráticas, no va a sofocar la lucha por el pan, la libertad y la justicia social. Por tanto, algunos podrán sostener que es solo cuestión de tiempo que se produzca un enfrentamiento claro entre los defensores del cambio transformador y el orden político dirigido por los militares. Pero aunque ese choque sea probable, la minoría que se opone tanto al ejército como a los Hermanos Musulmanes tendrá que hacer frente a importantes desafíos. Los acontecimientos de esta última semana son una prueba penosa del duro camino que queda por recorrer. La Revolución del 25 de enero se enfrenta ahora a un combate por su existencia en un entorno en el que el poder y la resistencia son más complicados que nunca.
Fuente: http://www.jadaliyya.com/pages/index/13226/the-officers%E2%80%99-war-of-terror