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Todo el proceso está salpicado de ilegalidades investigadas por la Corte Suprema de Justicia

La implicación del ex jefe de la policía panameña, los anticastristas de Miami y el gobierno norteamericano en la liberación de los cuatro anticastristas indultados en Panamá

Fuentes: Rebelión

Por estos días se cumple un año de la celebración en Panamá del juicio al terrorista Posada Carriles y su grupo, en el cual fueron hallados culpables y condenados por intentar asesinar al Presidente cubano Fidel Castro, aprovechando su visita a ese país en ocasión de la X Cumbre Iberoamericana de jefes de estados y […]

Por estos días se cumple un año de la celebración en Panamá del juicio al terrorista Posada Carriles y su grupo, en el cual fueron hallados culpables y condenados por intentar asesinar al Presidente cubano Fidel Castro, aprovechando su visita a ese país en ocasión de la X Cumbre Iberoamericana de jefes de estados y gobiernos.

En el momento en que la Corte Suprema de Justicia estudia si declara o no la inconstitucionalidad de los indultos otorgados por la Moscoso se encuentran bajo investigación el ex ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona; el ex director de la Policía, Carlos Barés; ex subdirector de Migración, Javier Tapia y el ex jefe de la Dirección de Información e Investigación Policial, Arnulfo Escobar. Están zcusados de extralimitación de funciones y abuso de autoridad, en el caso de la salida de Panamá de Luis Posada Carriles y los otros tres anticastristas indultados por Moscoso la madrugada del 26 de agosto pasado.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, también ordenó la indagatoria de la ex directora del Sistema Penitenciario Nacional, Concepción Corro, dentro de las sumarias adelantadas por la salida irregular de Posada Carriles y sus cómplices del centro penitenciario «El Renacer».

Según Barés, tanto él como los demás funcionarios que participaron en la «despedida» de los anticastristas, y que aparecieron en un vídeo obtenido por la televisión panameña tomado el día de la salida por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Tocumen, sólo cumplieron con lo estipulado por las leyes panameñas, sin embargo los hechos denuncian lo contrario. La investigación se originó luego que el mencionado vídeo mostrara a los cuatro cubano americanos departiendo con estos ex funcionarios poco antes de abandonar el país.

LOS PREPARATIVOS DE LA FUGA PRESIDENCIAL Una fuente de la policía nacional panameña, que prefirió no identificarse, me dijo que la operación de la salida de Luis Posada Carriles y sus compañeros de la cárcel «El Renacer» el 26/08/04, fue dirigida por el jefe del Consejo de Seguridad Nacional(CNS), Ramiro Jarvis y el entonces titular de la Policía Nacional de Panamá, Carlos Barés.

Según esta fuente en la mañana del día 25 de agosto de 2004, se realizó una reunión en el palacio de las Garzas, sede del gobierno, convocada por la presidenta Moscoso en la que participaron Jarviz y Barés, donde se ultimaron los detalles relacionados con el indulto y los preparativos del operativo para la salida encubierta. A su llegada, ambos oficiales fueron recibidos por la Primera Dama de la República y hermana de la presidenta, Ruby Moscoso, enlace con Miami, quien los condujo al local de la cita con la mandataria.

Desde las 00:00 horas del día 26 de agosto se montó un fuerte dispositivo de seguridad perimetral alrededor de la prisión «El Renacer» en el que participaron unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) y unidades élite de la policía.

A las 03:00 horas del mismo día se personó en la cárcel, Jarvis en su vehículo oficial, acompañado solamente de su chofer, y Barés.

En la prisión se encontraba en ese momento su director, el Sr. Carlos Arjona, quien recibió brevemente a los visitantes, y sin mediar documento alguno, ni firmas en los registros del penal indicó al personal de la prisión permitieran la salida de los reos.

Barés se aseguró en persona de que los reos fueran montados en los vehículos habilitados a tales efectos, siendo sacados los mismos del penal encapuchados y con fuertes medidas de seguridad.

Durante el recorrido se apreciaron fuertes medidas de seguridad en algunos puntos de la ruta escogida, entre la prisión el renacer y el aeropuerto de Albrook, lugar a donde fueron conducidos inicialmente.

Posteriormente fueron trasladados del aeropuerto de Albrook, en una avioneta hacia el de Tocumen, donde los esperaban dos aviones jet privados que habían llegado en la mañana del miércoles 25, uno de ellos con matrícula norteamericana.

Acto seguido los indultados, encapuchados, fueron conducidos en vehículos a un hangar empleado por la presidenta de la república. Uno de los aviones, que tenía plan de vuelo con destino a Miami, fue abordado por tres personas encapuchadas, mientras que al otro, con permiso de sobrevuelo para Costa Rica, El Salvador y Guatemala, subieron dos personas también encapuchadas y otros acompañantes. El despegue de los aviones se produjo aproximadamente a las 04:30 horas del día 26 de agosto.

Estaba planificado que la referida operación se ejecutara el 31 de agosto, pero las denuncias realizadas por el gobierno cubano sobre el posible indulto de los reos provocó el adelanto de su ejecución.

La no presentación de documentos por Jarvis y Bares, ni la firma de registros en la prisión fue una maniobra para no dejar pruebas previendo posibles acciones legales en un futuro, tal y como ha sucedido.

Según informaciones de fuentes bien informadas, los aviones fueron fletados y pagados por conocidos anticastristas radicados en Estados Unidos y Europa, entre ellos se mencionan a Leopoldo Fernández Pujals, Jorge Mas Santos de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Santiago Álvarez y otros Miembros del Consejo para la Libertad de Cuba (fracción de la FNCA).

BARES Y SUS VINCULOS CON POSADA CARRILES Según fuentes judiciales panameñas, desde septiembre de 2002 comienza el jefe de la policía panameña a estrechar sus vínculos con los cubanos presos y a interceder a favor de ellos. El traslado de los anticastristas a «El Renacer» fue una formula aprobada por Mireya Moscoso a sugerencia Carlos Barés para garantizarle condiciones carcelarias favorables que no encontrarían en otra prisión del país. Los reclusos de esta cárcel le llaman «El Paraíso».

Tanto el gobierno cubano como los abogados querellantes denunciaron en repetidas ocasiones los privilegios de que eran objeto estos reos por las autoridades penitenciarias y policiales. Ejemplo de ello fueron las continuas gestiones de Barés con el comisionado de la prisión para que autorizara que Posada Carriles y Novo Sampoll fueran atendidos en la clínica privada San Fernando, violando así lo establecido por ellos mismos, acerca de que los prisioneros solo podían ser atendidos en el hospital Santo Tomás.

También se revelaron las constantes visitas a la cárcel de connotados elementos terroristas radicados en Miami, entre ellos Santiago Álvarez e Ignacio Castro Matos, sobre quienes pesa una orden de búsqueda y captura en la INTERPOL. Según reportaron autoridades cubanas Barés se reunió en repetidas ocasiones con estas personas, que intercedieron continuamente favor de los prisioneros.

En agosto de 2002 estuvo visitando a los presos un norteamericano llamado John. A esta persona, Barés le puso un carro con un cabo de la policía de chofer. El referido John salía y entraba a la cárcel sin tener que pedir permiso, lo mismo hacía en la sede de la policía y en la embajada norteamericana en Panamá. En la policía solo sostuvo reuniones con Barés.

Barés a petición de Leopoldo Fernández Pujals, el 12 de febrero de 2004 facilitó la sede de la policía para que supuestos funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunieran con los procesados. Luego de la entrevista con los «representantes» de la OEA, los encausados sostuvieron un encuentro con el jefe de la Policía Nacional, quien los halagó diciéndoles estar seguro que ellos eran inocentes y que habían sido víctimas de una «emboscada» tendida por el presidente cubano.

Una fuente con acceso a la cárcel me aseguró que el 27 de febrero de 2004 los cuatro anticastristas, fueron alertados por Barés y el jefe del Departamento de Investigaciones e Información de la Policía (DIIP), Arnulfo Escoboar, quienes les informaron que conocían que preparaban una fuga, conminándolos a abstenerse de intentar evadirse, y aconsejándolos a esperar por los resultados del juicio, del cual les garantizaron saldrían liberados o de lo contrario, posteriormente indultados a tenor de compromisos contraídos por la presidenta con «la gente de Miami».

En vísperas del indulto el abogado defensor Rogelio Cruz informó a Barés que Posada poseía documentos falsos facilitados por los norteamericanos y que con ellos podía salir de Panamá sin ningún tipo de problemas, siempre y cuando contaran con su apoyo. Sin lugar a dudas esta idea fue aceptada por el entonces Jefe de la Policía, pues Posada Carriles salió del territorio panameño con un pasaporte norteamericano falso.

BARES, SU ESPOSA Y LA EXPRESIDENTA Carlos Barés, es considerado una figura bien cercana a la ex presidenta Moscoso. Su esposa Ilka de Barés, ex jefa Inmigración, también es muy amiga de Mireya, trabajó anteriormente en la embajada norteamericana en Panamá, pero según fuentes cercanas a la familia, fue sacada de allí porque su esposo, manejo información confidencial a la que ella tenía acceso. Esto lo les gustó a los gringos y por tanto decidieron cerrarle el contrato.

El ex jefe de la policía mantenía una comunicación diaria y directa con la Moscoso, considerado por esta como su hombre de confianza en los órganos de la seguridad, pues llevan muchos años juntos. Anteriormente había sido guardaespaldas y chofer de Mireya y Arnulfo Escobar.

TRAFICO DE ARMAS, DROGAS Y OTROS NEGOCIOS SUCIOS Estuvo involucrado en los años 2001-2002 en denuncia pública que acaparó la atención de la opinión pública panameña, tráfico de armas a Colombia por 5 millones dólares, donde se acusó tanto a la Policía Nacional como al Ministerio de Gobierno y Justicia, fuentes cercanas al caso dijeron que lo mismo vendían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) que a Las Fuerzas de Autodefensas (paramilitares). A través de una empresa radicada en México con enlaces en países Centroamericanos se compraban fusiles AK-47de fabricación rusa con destino a Colombia.

A finales de abril del 2002 se produce un nuevo escándalo sobre un arsenal de armas que supuestamente la policía nicaragüense había vendido a la panameña y terminó en Colombia en manos de las FARC. Según versiones del Director de relaciones publicas de la policía de Nicaragua en ese entonces, Marlon Montano la transacción se realizó a través de la empresa «GIRSA» de Guatemala.

En el referido tráfico de armas, que también apareció involucrada la ministra de la presidencia Ivonne Young fue descubierto por los norteamericanos, quienes le pasaron la información a la entonces presidenta Mireya Moscoso. Sin embargo, Barés siguió consolidando su poder.

DROGAS Y DESCONTENTO EN LA POLICIA. En octubre de 2000 la entonces presidenta Mireya Moscoso, sin hacer anuncio oficial, viajó a Miami junto a Carlos Barés, a requerimiento de EE.UU. quien había manifestado interés en asentarse en la base militar en La Palma, provincia Darién, ubicada cerca del río Tuira y Chucunaque y la frontera colombiana. La petición norteamericana no prosperó, según fuentes bien informadas dada la influencia del jefe de la policía, quien había pactado secretamente con narcotraficantes colombianos que estaban utilizando el río por su acceso al Océano pacífico. Mismas fuentes comentaron que la presidenta conocía que el conocido narcotraficante Montoya había construido una casa en Darien desde hace varios meses y tolerado su presencia.

Los contratos de la policía con privados fue otra vía de enriquecimiento personal y sin embargo mantuvo sumida a institución en un estado de miseria y malas condiciones de vida, especialmente a los mandos bajos y medios.

Según fuentes de la policía, su jefe, además de no ser un buen profesional y saber bien poco de cuestiones estratégicas, es un corrupto que se aprovecho de su cargo para obtener mucha billete, producto del negocios sucios, substancialmente el de la venta de armas.

Catalogado como un hombre sin cultura, pocos lo estiman. Algunos dicen incluso que es una vergüenza para Panamá que un personaje como este haya dirigido su Policía Nacional.

Un individuo con esta catadura moral tiene que ser necesariamente un aliado incondicional de la mafia cubano americana y sus patronos yanquis.

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