En el marco de los desafíos globales, es un gran dilema tener la seguridad o garantía de esperanza ante las políticas de depredación. Refiriéndonos a los acontecimientos sobre el en torno ecológico, y los irreversibles daños y extinción al patrimonio nacional. Génesis de un engaño anunciado Al exponer nuestras consideraciones es preciso determinar el grado […]
En el marco de los desafíos globales, es un gran dilema tener la seguridad o garantía de esperanza ante las políticas de depredación. Refiriéndonos a los acontecimientos sobre el en torno ecológico, y los irreversibles daños y extinción al patrimonio nacional.
Génesis de un engaño anunciado
Al exponer nuestras consideraciones es preciso determinar el grado de importancia y moral al cual siempre expresamos alternativas a la cuestión naturaleza-sociedad, que doblega el interés territorial de acumulación o acaparamiento.
Evidenciando nuestro carácter, enérgicamente enunciamos el riesgo y gravámenes que tenia el negocio del territorio sobre las costas panameñas en tiempo que la emigración mercantil se convierte en una amenaza para nuestro país, y no como un espacio de incremento de capital para la economía nacional.
El proyecto de ley 459, es otras de las tácticas gubernamentales para legalizar el negociado del suelo panameño a través de la titulación, que disponía establecer precios específicos para los nuevos inversionistas que van entre 50 centésimos y 5 dólares el metro cuadrado que ventilo la Comisión legislativa de Hacienda Pública, al cual introdujeron 11 modificaciones que incluyen 13 categorías de regiones y diversos valores para los predios costeros e insulares.
Pero, el informe de la subcomisión, que fue avalado en su totalidad por la comisión, estableciendo que el precio para la adjudicación de los derechos posesorios que realice cualquier persona natural o jurídica será de seis dólares por cada hectárea. En aquellos lugares en donde no haya derechos posesorios, la adjudicación estará sujeta a los procesos de contrataciones públicas.
Según, el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.
Sin embargo, es un peligro que el 70 % que están registradas como derecho posesorio están en manos del Estado, al cual distintas voces se oponen a que la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgue el derecho a los títulos de propiedad en las islas y costas, porque los mismos mantiene paralizada las solicitudes de títulos de propiedad y que sorpresivamente aparecen otros dueños de sus tierras.
Ante lo expuesto lo que busca es transformar derechos posesorios en títulos de propiedad, para que los dueños puedan entrar a la economía formal al ser sujetos de crédito bancario. Nuestra interrogante cual es el criterio y seguridad financiera para dicha iniciativa, ya que las características económicas que presenta Panamá no garantizan un amortiguamiento a las miles de familia que habitan estas tierras que en su mayoría no tienen un ingreso fijo.
Por otro lado, este negociado quienes se beneficiarán son políticos e inversionistas con alta influencia en el gobierno como una forma de agilizar los trámites de otorgamiento, pasando por encima de las leyes comarcales y de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) para proyecto costeros importados.
Esta realidad nace de las probabilidades migratorias de capitales internacionales por invertir en paraísos ecológicos en la dinámica de turismo cosmético.
De la moral al mejor postor
En las últimas décadas nos ha llamado fuertemente las políticas de ajuste estructural, sin embargo siempre hemos apuntado al modelo imperante como ha utilizado los recursos ecológicos dentro de una dinámica no renovadora. Aún más cuando estas contradicciones se dan en el marco de proyectos que atentan contra las reservas verdes de los estados.
Por ejemplo, conforme evolucionan los modelos y las prácticas de conservación, los países en desarrollo se han inclinado por respaldar políticas que adoptan sistemas de co-administración o co-manejo, dado que la mayoría de las tierras bajo regímenes de protección se encuentran en áreas comunales o de régimen público bajo la administración del Estado.
Sobre estos argumentos cabe decir, que Panamá a nivel constitucional tiene la obligación de conceder las medidas necesarias para el desarrollo de las áreas verdes y pobladas de carácter trivial. Lo cual este proyecto de ley carece de formalidades para la misma, dando paso al desamparo al patrimonio socioambiental.
Sobre que criterio se formula dicha ley, si dentro de la ética política de desarrollo el gobierno no las contempla. Sobre que programa de desarrollo social se determina dicha ley, si Panamá carece de leyes de estimulo socioambiental de desarrollo y participación ciudadana.
Entonces no podemos admitir tan nefasta ley que ni si quiera existe competencia especifica para aplicar con criterios ambientales el espíritu de la misma. Aun no pueden hablar de moral si la deficiencia y falta de credibilidad en la administración del pecunio y la cosa pública son cualidades en la gobernabilidad de Panamá
Nuestra actitud frente a la codicia
Las advertencias de Karl Polanyi, en su estilo sobre el desarrollo de la economía de mercado durante el siglo XIX, lúcidamente advierte cómo el mercado fracturó al ser humano, y también cómo lo separó de la naturaleza. Cuestiones al cual aludimos es como el mercado a sobre valorado el pensamiento humano sobre los principios ecológicos.
Así lo expresamos con Ley Insular No 2 del 7 de enero de 2006, en donde los inversionistas gozan de libertad y protección jurídica sin ningún sentido de garantías y reversión financiera, social y protección ecológica al país. La misma regula las concesiones para la inversión y la enajenación de territorio insular para la industria del turismo, es decir la demarcación de áreas que serán objeto de concesiones administrativas.
Sobre las primicias como se dio aquella ley, es evidente para el proyecto de ley 459, en donde la carencia de fundamento socioambiental deja al descubierto las iniciativas de acaparamiento en el mejor leguaje del latifundio de corte turístico mercantil.
Expuesto estas deficiencias se suma la ausencia de las autoridades de la protección del ambiente, en donde el silencio reina a favor de los vientos de los grandes intereses de repartir el país por la codicia y estilo con que nuestros gobernantes suelen soñar al estilo Cancún, Curazao y Miami.
Una forma de vivir al estilo Rey – Lázaro buscando los mejores paraísos para las futuras consecuencia que ellos provocan por la actitud de acumular sin medir la contaminación y destrucción de las transnacionales de distintas temáticas económicas.
Pero, es preciso hacer algunos aportes que podamos determinar los costos del polémico proyecto al cual a divido las decisiones de la bancada oficialista como de la oposición:
Con el negocio de las tierras y costas se incrementa la inversión extranjera motivando a grandes magnates y lacayos del narcotráfico edificar supuestas estructuras turísticas.
El riesgo que corre la estética paisajística de nuestras costas es irreversible, ya que no existen dimensiones sobre los proyectos turísticos o de cualquiera otra inversión marina.
Sobre la participación ciudadana se resta el derecho a los habitantes de islas y costas a decidir, ya que sus derechos no son compatibles con dicha ley. Generando incertidumbre y conflictos de carácter violentos.
Las tradiciones costeras y folklóricas se verán marginadas por el costo de las inversiones turisticas que prefieren importar cultura extranjera.
Se reduce la mano de obra nacional debido a la rigidez con que las leyes nacionales obligan a los inversionistas acatar, generando la emigración de foráneos.
No existe una política ambiental que determine el uso de dichas tierras, lo cual se sustituye por leyes de carácter inversionistas extractivas de toda materia para ser procesada mercantilmente.
En 1999, Pekín anuncio la aplicación de un programa de los terrenos pendientes o grano por verde , que consistía en orientar a los agricultores para convertir sus tierras con mayores pendientes en terrenos con pastos, huertos y bosques, la cual se le compensaba con una entrega anual de granos y un pequeño pago efectivo hasta por ocho años.
Este es otra de las probabilidades que Panamá cuenta y no aplica, al no existir una ética de desarrollo socioeconómico y ambiental apostando a la mayor ganancia de venta y explotanción.
Nuestras alternativas están basadas a la defensa ecológica y humana, por ende la Agroecología es una de ellas. Su estrategia tiene una naturaleza sistémica, al considerar la finca, la organización comunitaria, y el resto de los marcos de relación de las sociedades rurales articulados en torno a la dimensión local, donde se encuentran los sistemas de conocimiento (local, campesino y/o indígena) portadores del potencial endógeno que permite potenciar la biodiversidad ecológica y sociocultural .
Otras de las alternativas a todo proyecto depredador ha sido el Agroecoturismo , que consiste en preparar un sector agrícola o ganadero, para ofrecer tours a los turistas. El Tour incluye, además de las explicaciones sobre el proceso de producción y comercialización una degustación al final del mismo, lo mismo que la venta de productos. También puede ofertar una gran diversidad de servicios dentro de sus instalaciones y otro tipo de servicios de recreación sana y respetuosa del medio ambiente.
Y las gestiones para promover un Tribunal Agrario que buscará resolver los conflictos agrarios o ambientales. En donde acudirán las comunidades, grupos o personas que se sienta vulnerado o que sus derechos hayan sido violados.
Estas son algunas de las muestras que consideramos dentro del concepto gestión comunitaria en vías de un desarrollo integro, con la responsabilidad gubernamental que debe impulsar y legalizar para la economía nacional.
Fuentes
Diario La P rensa de Panamá.
Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible en América Latina. Eduardo Gudynas.
Asamblea de Diputados de la República de Panamá.
Los Tormentos de la Materia. Héctor Alimonda. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
National Geographic, septiembre de 2008.
La Agroecología como estrategia metodológica de transformación social. Eduardo Sevilla Guzmán .
Agroturismo, una alternativa para el desarrollo económico de la zona rural . Ing. Felipe Atilio Rivas Rivera.