La inacción ante la sustancia tóxica hace aflorar reivindicaciones para erradicarla con seguridad
Edificio en el barrio del Carmelo con el lateral totalmente recubierto de uralita con amianto SANTI COGOLLUDO
La desconfianza de los vecinos del barrio de Gràcia obligó a replantear la retirada del amianto que perdura en el mercado de la Abaceria, cerrado desde mediados de 2018. «Debajo del techo de fibrocemento hay otra plancha del mismo material. No se puede desclavar sin que se rompa, lo que provocaría una dispersión masiva de fibras de amianto. Para los primeros estudios no se requirió la visita de un técnico, que se hubiese dado cuenta a simple vista, ni se identificaron más de 30 cañerías de fibrocemento. Demuestra que el rigor con que se hicieron fue ambiguo», afirma Jeroni Llorca, de la plataforma que surgió ante la sospecha de un deficiente plan de desamiantado. Las medidas de protección con que las obras se retoman este martes prueban que el recelo no era infundado: el desmontaje, que se prevé que concluya en mayo, obliga a cubrir con una capa con forma de burbuja cada lugar del edificio donde el amianto se extirpe, acompañada con depresores activos 24 horas para filtrar el aire y evitar que el polvo potencialmente cancerígeno se esparza.
Alarma similar se desató por el techo del desaparecido cine Urgell, en el barrio de Sant Antoni. Los vecinos se apoyaron en un técnico para abogar por un confinamiento semejante al de la Abaceria, pero sostienen que el Ayuntamiento no se lo exigió a los nuevos responsables del inmueble, que reabrirá como supermercado de la cadena Bonpreu. «El distrito no obligó a la empresa. Hay viviendas por debajo de la cota del tejado que tuvieron que comer amianto», critica Elena Martí, miembro de la comisión sobre amianto de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb).
Al grupo han acudido vecinos inquietos por si placas de fibrocemento próximas a viviendas se están arrancando sin cumplir medidas de seguridad. «No hay vigilancia para saber si un particular hace un desamiantado correcto», observa Sergi Gómez, vocal de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia, que pide una mesa de seguimiento al distrito del Eixample a la vez que atienden más consultas por la presencia de fibrocemento en edificios.
La comisión es reflejo de la desazón que ha emergido en distintos barrios al detectarse el componente, usual en la construcción en el siglo XX y que, cuando se deteriora y despide partículas al transcurrir de 30 a 50 años desde que se colocó, es capaz de engendrar trastornos pulmonares que suelen tardar décadas en manifestarse. A falta de campañas institucionales que promuevan identificar y eliminar la sustancia que se prohíbe comercializar desde 2002, la advertencia del riesgo se ha expandido con las huelgas en el metro y el activismo del personal de antiguas fábricas donde el asbesto se ha cobrado la salud y la vida de empleados, sus allegados y vecinos.
Precedido por las reclamaciones de afectados, la Generalitat ha constituido una mesa de trabajo de la que debe emanar un plan para erradicar el amianto, a lo que la Unión Europea obliga entre 2028 y 2032. Navarra aprobó un protocolo similar hace un año, para el que se cuantifica un gasto mínimo de 245 millones de euros. El Govern estima que más de cuatro millones de toneladas de fibrocemento continúan instaladas en Cataluña.
«La norma solo contempla por ahora la protección del trabajador que está en contacto con el amianto pero no de terceros, así que lo único que podemos ofrecer es guiar a los vecinos para que reivindiquen que afrontan un problema de salud pública, divulgarlo y apoyar manifestaciones, porque en la ley no hay nada», indica Martí.
En paralelo, la Favb y la plataforma Jubilados de Macosa-Alstom Afectados por el Amianto también piden compromisos al Ayuntamiento de Barcelona; entre otros, que concluya el censo que acordó elaborar en junio de 2017 y que cree una oficina que responda a las dudas de los vecinos. «Queremos ser una plataforma de queja para que el problema se evidencie pero quien tiene que dar asesoramiento es el Ayuntamiento, y hoy eso no existe», lamenta Martí. «Debería tener también un criterio único ante el amianto. Nos encontramos que, en diferentes conflictos, cada distrito tiene una sensibilidad diferente. Es absurdo que en uno se haga caso a una queja y no en otro», esgrime.
La protesta sí ha prevalecido en un centro escolar de la Dreta de l’Eixample y otros tres de Glòries, en los que parte de las familias se han movilizado para que se extraigan unas vetustas techumbres de uralita colindantes a donde sus hijos reciben clase. No obstante, han cuestionado el método con que iban a impermeabilizarse durante el parón navideño y han logrado detenerlo, dado que el Consistorio y el Consorcio de Educación proponían impregnarlas con un producto aislante con una técnica que el fabricante declaró ineficaz. «Se debía manipular la cubierta con riesgo de desprendimiento y cada dos meses se debía revisar. Preferíamos que se parase en vez de hacer una intervención que nos daba más miedo que seguridad», comenta César Sánchez, padre de dos alumnos de la guardería 9 graons.
La preocupación también ha asomado en el distrito de Sant Martí. «Protestamos por un solar con amianto junto a un campo de fútbol. Vino una empresa, pero luego nos encontramos un montón de uralita por el suelo. Preguntamos cuándo pasarán a quitarla, porque aún sigue así», asegura Ramón Tur, vocal de la Asociación de Vecinos de Maresme, donde han detectado la sustancia en otras viejas naves, mientras que en el Besòs señalan a las placas de los bloques que el Ayuntamiento promovió en su día, en especial dos que se han desconchado. «De una se desprendió un trozo de fachada. Vinieron a limpiar sin las mínimas condiciones de seguridad. Nos quejamos porque la gente apartaba los trozos con el pie, lo que es un peligro, y hay una escuela a unos 20 metros», relata Francisco Abad, presidente de la asociación vecinal.
Fuente: https://www.elmundo.es/cataluna/2020/01/06/5e13150521efa05b598b45d1.html