Ignacio Escolar [1] ha señalado la que probablemente sea, más allá del sufrimiento y desesperación de tantos y tantos ciudadanos y ciudadanas españoles en situación cada vez más difícil, debilitada, subordinada y desesperanzada, la paradoja más sangrante e insoportable de la política española, un insulto a la memoria de tantos y tantos luchadores, represaliados y […]
Ignacio Escolar [1] ha señalado la que probablemente sea, más allá del sufrimiento y desesperación de tantos y tantos ciudadanos y ciudadanas españoles en situación cada vez más difícil, debilitada, subordinada y desesperanzada, la paradoja más sangrante e insoportable de la política española, un insulto a la memoria de tantos y tantos luchadores, represaliados y asesinados por el franquismo: la primera persona que se sentará en el banquillo de los acusados en la historia de España por los crímenes del fascismo español, 35 años después de la muerte del general golpista africanista, no será alguien que haya sido parte de aquella infamia infinita que sigue siendo casi indescriptible por los límites de su rostro abismal, o algún apologista de su bondad y necesidad históricas, sino un juez que intentó, con mayor o menor acierto, usar algunas armas jurídicas para superar aquella Ley de Punto Final que fue llamada Ley de amnistía, la ley de 1977, y de la que tan contentos siguen personajes como el señor Santiago Carrillo, el ahora viejo dirigente político, que aprovecha la presentación de uno de su último libro para arremeter contra el PCE e Izquierda Unida como si fueran estas organizaciones los nudos esenciales de la situación o de la debilidad de las izquierdas españolas que él mismo abona en las filas del PSOE.
No se trata, desde luego, de olvidar la historia y el historial del señor Garzón. Tampoco aquí puede ni debe habitar el olvido. No todo él, desde luego, impoluto y digno de admiración desde coordenadas de izquierda por moderadas que éstas pueden ser. La izquierda abertzale ha denunciado, con razón y razones, algunas, muchas, de sus actuaciones jurídico-políticas, y su subordinación no infrecuente a los intereses y finalidades del poder político gubernamental. No es para menos. Es razonable que su rabia se acumule ante el oprobio y la persecución.
Pero no es eso ahora lo que está en cuestión, lo que está sobre la mesa. Lo que está ante los ojos de la ciudadanía, casi sin ocultaciones, es, por una parte, el papel de Garzón en el caso Gürtel, una fuente aléfica y casi interminable de corrupción, servilismo, despotismo y financiación irregular del PP e instancias amigas y afines (siguen creyendo que España es un cortijo de su propiedad exclusiva) y, sobre todo, su intento de superar la ley de hierro forjado que protege al fascismo español. Eso no se toca, con eso no se juega. Que Falange Española (¡Falange Española, el partido violento y asesino del fascismo español, el partido de los señoritos violadores españoles!) sea una pieza destacada, que no única, del entramado, muestra con nitidez lo esencial de la situación.
Y la situación enseña bien a las claras las entrañas de la Administración del Estado, lo que en los buenos tiempos llamábamos, con abuso de metáforas biológico-técnicas, «aparatos burocráticos del Estado burgués». Un Estado atado y bien atado, que sigue parcialmente en manos de los herederos de aquella camarilla exitosa de golpistas y personajes sin escrúpulos. Un ejemplo que ha recordado recientemente Jean Guy Allard. Cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez en 2002, lo que motivó sus protestas posteriores y aquel zafio, chulesco, monárquico y prepotente grito borbónico del por qué no te callas, el embajador español, junto con el norteamericano, visitó al «presidente» golpista Pedro Carmona. Nunca se disculpó por ello. De qué, pensaría, disculparme de qué, exclamaría el señor embajador, si es de los míos.
El embajador en cuestión, Manuel Viturro de la Torre, todavía activo si no ando errado, fue miembro de una horda fascista que durante las postrimerías del franquismo se dedicaba a atacar a estudiantes de izquierda de la Universidad de Madrid. Eran los años 70 y la cosa no iba de Puertas de Alcalá ni de Cuéntame. Según un informe de Izquierda Unida, Viturro seguía teniendo una fotografía de Franco en su despacho oficial. El embajador ha negado la veracidad de esa arista. Podemos creerlo o podemos no hacerlo. Quedó probado, sin embargo, que en su sección consular operaba un grupo del servicio secreto español al mando de Jesús Calderón.
Cambiemos de escenario y de fascismo. Rafael Poch ha señalado en La Vanguardia [3] que una reciente película recuerda que la renazificación experimentada en la restauradora Alemania de Adenauer tuvo gloriosas excepciones. La de Fritz Bauer por ejemplo, un resistente antinazi, ex preso, exiliado en Dinamarca y luego en Suecia, detenido por la Gestapo en 1933 por ser miembro del SPD y expulsado de la judicatura por su origen judío. Bauer debería entrar en la historia alemana por varios motivos, sostiene el excelente corresponsal de La Vanguardia. Por haber sido iniciador del «Proceso Remer», de marzo de 1952, contra el general nazi Otto Ernst Remer, por difamación y calumnia contra los conspiradores de la «Operación Valkiria» que intentaron matar a Hitler el 20 de julio de 1944 a los que Remer tachó de «traidores a la patria». Remer fue condenado finalmente a tres meses de cárcel. Los eludió. ¿Cómo? Han acertado: huyendo a España, donde murió en Marbella, encantado de conocerse, de la vida que había llevado y de negar el holocausto, en 1997. La resistencia, recuerda Poch de Feliu, fue rehabilitada: desde entonces ya no se pudo tachar de «traidores» a sus protagonistas. En Alemania, pongamos que hablamos de Alemania.
Otro motivo, acaso el principal, en opinión de Poch, apunta a que Bauer fue promotor en 1958 de los Procesos de Auschwitz: seis juicios celebrados entre 1963 y 1968, unos veinte años después de finalizada la segunda Guerra, contra 27 responsables directos del campo de exterminio, oficiales de las SS y la Gestapo. En Alemania Occidental, en términos generales, señala Poch, no hubo desnazificación: «Los juicios aliados en Alemania contra los nazis fueron poca cosa y el nuevo Estado alemán los protegió y amnistió. El tribunal interaliado de Nuremberg que se proponía llevar a juicio a cinco mil personas, no juzgó más que a 210 […] Más del 90% de los miembros de las SS ni siquiera llegaron a ser juzgados».
Poch recuerda también una observación del catedrático Ossip K. Flechtheim en los años ochenta: «No sólo no hubo desnazificación, sino que hubo una renazificación, no en el sentido de que los ex nazis estuvieran otra vez en su puesto para construir un nuevo Auschwitz, sino en el de que ayudaron a levantar esta Alemania conservadora, democrática y capitalista» [4].
Hasta aquí Alemania. No sólo no hubo desnazificación sino que hubo renazificación, señalaba informadamente Ossip K. Flechtheim. ¿Qué podría decirse entonces de España? ¿Ha habido aquí desfascistización? No lo parece, ni un solo criminal franquista, y hubo unos cuantos, ha sido juzgado. ¿Ha habido refascistización? Todo parece apuntar que la respuesta debería ser positiva y que el próximo juicio contra Baltasar Garzón es un eslabón más de esta larga cadena de presencia y acción no disimulados del fascismo español.
Puestas así las cosas, rebelarse, protestar, movilizarse, denunciar, sin caer en ninguna apología de la víctima desde luego, no es este el punto, vuelvo a insistir, parece claramente una de las tareas de la hora. No pasarán, dijeron nuestros antepasados. Pasaron con mucha ayuda. Es cierto. Interceptémoslos.. o intentémoslo cuanto menos. Nos va la vida, una vida digna, en ello.
PS: Escolar apuntala su paradoja con el caso Gürtel, quitando tal vez importancia a Filesa, a aquella vieja fuente de financiación irregular del PSOE. Seis millones frente a 201, 33 veces más a favor de Gürtel, calcula Escolar. Pero no es seguro que Filesa fueran realmente, más allá de sentencias judiciales, sólo 6 millones de euros. Sin olvidar que 6 de entonces, de hace 20 años, no son seis de ahora. Tanto da, no es el punto esencial. Escolar parece olvidar otros nudos, que no tienen por qué ser comparables ni tienen por qué compararse, actuales. Por ejemplo, la operación Pretoria y la posible derivada partidista del desaguisado socioconvergente.
Puestos, aprovechando que el fascismo es tema del día, vale la pena también recordar las recientes declaraciones del señor Barrionuevo a un canal de Televisión, La Sexta, si no ando errado. El ex ministro del Interior del primer gobierno González-Guerra, que sigue siendo salvo error por mi parte militante del PSOE, justificó con total nitidez, con media sonrisa en los labios y cara dura en el rostro, el terrorismo de Estado del gobierno del que formó parte. Fue, lo dijo con total claridad, en todos sus extremos y actuaciones, en legítima defensa. Es decir, no sólo no pidió disculpas por el secuestro del malogrado S. Marey, por ejemplo, sino que volvió a ratificarse en su opinión de siempre: fue justo y necesario que el Estado, dirigido por su gobierno, asesinara y/o secuestrara a militantes y simpatizantes de ETA o a personas que no tenían nada que ver con la organización. ¿No hay en España ningún Fritz Bauer que sea capaz de impedir la propagación de esta infamia? Fueron, y siguen siendo, a sus declaraciones me remito, la generación adulta de los GAL. Y están felices de hacerlo sido, de seguir siéndolo.
Notas:
[1] Ignacio Escolar, «Otro día más en la Justicia española». Público, 8 de abril de 2010, p. 56.
[2] Véase http://www.rebelion.org/
[3] http://www.lavanguardia.es/
[4] Poch de Feliu recuerda que Flechtheim, un compañero de Bauer, fiscal en varios de los procesos de Nuremberg, no llegó a conocer (falleció en 1998) «ni un solo caso» de juristas de la administración nazi que hubieran sido juzgados y castigados ante los tribunales. La mayor parte de los 25 miembros de la comisión de asesores del Consejo Constituyente que redactó la constitución alemana de 1949 habían estado en activo durante el nazismo.
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