La Fiscalía planea archivar en las próximas semanas las tres investigaciones abiertas sobre la fortuna del rey emérito al entender que en unos casos estaba protegido por su inviolabilidad y que, además, ha cumplido con Hacienda regularizando el dinero ocultado al fisco
La salvación en los tribunales de Juan Carlos de Borbón está más cerca. La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima los detalles del escrito con el que dará carpetazo a la triple investigación que ha desarrollado sobre la fortuna del rey emérito. En apenas unos meses los investigadores han pasado de remitir comisiones rogatorias a Suiza –para pedir documentación a las autoridades de aquel país– donde se describía al anterior monarca como un comisionista internacional y se sospechaba de delitos fiscales y otros relacionados con la corrupción, a entender ahora que todo ha quedado sepultado por su inviolabilidad, por la caducidad de algunos delitos que se investigaban y sobre todo por los pagos de cinco millones de euros que hizo a Hacienda para regularizar el dinero oculto al fisco. Está por ver si en su decreto para archivar del caso los fiscales despejan algunas incógnitas, como por ejemplo si el monarca ha hecho las paces correctamente con Hacienda con sus regularizaciones fiscales.
La cronología del caso dibuja una labor de investigación anormalmente larga y compleja para unas diligencias abiertas en la calle Fortuny, sede de la Fiscalía en Madrid. El caso fue puesto en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo el 8 de junio de 2020, paso anunciado por el propio Ministerio Público mediante un comunicado. Para entonces, de todas maneras, la fortuna y comisiones de Juan Carlos I no eran ningún misterio para los investigadores: la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón tenía la lupa puesta en el caso del AVE a La Meca desde finales de 2018.
Una vez en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el departamento que dirige Dolores Delgado puso en marcha un despliegue también poco habitual incluso en investigaciones con proyección internacional. Al frente de las pesquisas estaba Juan Ignacio Campos, fiscal de larguísima trayectoria con su firma estampada en la acusación de casos de corrupción como Gürtel, Nóos o Malaya. Un fiscal considerado por distintas fuentes de la Fiscalía como impermeable a las presiones, que estaba próximo a la jubilación que podría haber solicitado el pasado mes de noviembre. Junto con él, Alejandro Luzón, la fiscal de cooperación internacional Rosana Morán y los fiscales Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig. La justificación: la «trascendencia institucional» de la investigación y su «innegable complejidad técnica». La propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, llegó a calificar la investigación de «histórica», mientras advertía de la dificultad de recabar información en distintos países, por los que presuntamente ha transitado el dinero y los vehículos financieros del anterior jefe del Estado.
Un despliegue a medida pero poco habitual para estudiar un caso de comisiones internacionales. Se trataba de determinar si el anterior monarca cobró más de 60 millones de euros en comisiones por intervenir en la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE a Arabia Saudí. Y también sobre la fórmula elegida para esconder ese dinero al fisco y los movimientos posteriores. Desde el principio en la Fiscalía tuvieron claro que aquí la inviolabilidad del monarca jugaba a su favor: la comisión habría llegado en 2008 y Juan Carlos de Borbón no dejó el trono hasta seis años después. Ya en noviembre del año pasado diversas informaciones apuntaban a que la Fiscalía no veía posible llevarle ante el Supremo por este caso.
Fue entonces cuando la investigación empezó a crecer y cuando las posibilidades de las pesquisas empezaron a multiplicarse por las ramificaciones del caso. Tal y como destapó elDiario.es el 3 de noviembre del año pasado, la Fiscalía empezó a investigar si el rey emérito y varios de sus familiares habían utilizado tarjetas de crédito opacas con fondos no declarados del empresario mexicano Allen San Ginés-Krause. Tres días después la propia Dolores Delgado anunciaba en una rueda de prensa que habían decidido abrir una tercera investigación: un informe de las autoridades antiblanqueo alertaba de una fortuna oculta en el antiguo paraíso fiscal de Jersey ligada al rey emérito.
La investigación cruzaba fronteras, el presumible archivo de la investigación empezaba a alejarse, dado que ya no se trataba de hechos cometidos durante la Jefatura del Estado, y pocos de los que estaban al corriente de la investigación se atrevían a afirmar que el caso sería enterrado. Los plazos, entretanto, seguían corriendo y la causa se alargaba mucho más que otras sobre comisiones internacionales como los sumarios de Voltar-Lassen o DEFEX. Las acusaciones indiciarias también iban subiendo de tono: en una comisión rogatoria remitida a Suiza, por ejemplo, los fiscales ya no hablaban sólo de delitos fiscales sino también de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Aludían también al cobro internacional de comisiones y a todo un ramillete de irregularidades cuya investigación seguía en sus manos con poca o ninguna información pública y lejos de la sala segunda del Supremo, la única competente para investigar al rey. Una investigación que nunca salió de la Fiscalía, que ha evitado presentar denuncia ante el alto tribunal.
Pagos y avisos
Una de las múltiples diferencias entre una investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la que se acomete en el juzgado es que no hay partes a las que notificar las distintas diligencias que se van poniendo en marcha. Sólo si se archiva o se presenta una denuncia. En este caso el abogado de Juan Carlos de Borbón, el exfiscal Javier Sánchez-Junco, rechazó personarse en la causa y mantenerse al margen, sobre el papel, de lo que hacían los fiscales del Tribunal Supremo. Algo que le permitía, entre otras cosas, hacer sus propios movimientos sin depender del avance de la investigación. Fue entonces cuando empezaron a llegar los pagos a Hacienda –conocidos casi al momento– y las notificaciones de la Fiscalía a la defensa del rey, conocidas a posteriori.
Este va a ser sin duda un punto clave en las explicaciones del Ministerio Público para cerrar las pesquisas sin denuncia. El 9 de diciembre del año pasado trascendía que Juan Carlos I había pagado 678.393,72 euros «sin requerimiento previo» a Hacienda por el dinero dejado de pagar en impuestos al usar tarjetas opacas. El 25 de febrero de este año, se supo que el monarca había pagado 4,4 millones más por todos los vuelos que le pagó la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans. Reconociendo, por tanto, que defraudó al fisco. Hace un mes el diario El País revelaba que la Fiscalía había ido avisando a su abogado de las investigaciones que se habían ido abriendo: en junio, noviembre y diciembre de 2020. Según el rotativo del grupo Prisa, «las dos primeras notificaciones se produjeron antes» de que el abogado del monarca anunciase la primera regularización, hecha el 9 de diciembre de 2020, y «la tercera se realizó con carácter previo» al segundo pago de 4,4 millones dos meses más tarde.
La falta de transparencia en torno a estas notificaciones obliga a deducir que si la Fiscalía ha optado por el archivo es porque entiende que las regularizaciones son válidas y que, por tanto, estas advertencias o bien fueron anteriores a los pagos o fueron tan genéricas que no pueden ser consideradas un aviso. El Tribunal Supremo dijo claramente en una sentencia de 2019 que pagar a Hacienda después de saber que hay una investigación en marcha, aunque el aviso «no sea totalmente preciso», no libra a un acusado del banquillo.
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) entiende que un aviso y una invitación a personarse en unas diligencias son suficientes para ese «efecto bloqueo automático» del que hablaba el Tribunal Supremo. Así lo aseguró su portavoz, Carlos Cruzado, en distintas entrevistas poco después de revelar la existencia de estos avisos. Sólo en el caso de que fueran sumamente genéricos podrían dar validez a los pagos a Hacienda.
Todo esto tampoco explica, por el momento, qué piensa la Fiscalía de la relación del rey emérito con la Fundación Zagatka. El pago de 4,4 millones por parte del rey emérito estaba relacionado con todos los vuelos que esta fundación de su primo le pagó a lo largo de los años. Un dinero que, según reconocieron los propios empresarios que pusieron de su bolsillo, fue canalizado como un préstamo y no como una donación para evitar el pago de impuestos. Álvaro de Orleans, por su parte, negó ante el fiscal Juan Ignacio Campos por videoconferencia que fuera algún tipo de pago y negó también haber actuado como su testaferro. El dinero para regularizar ante Hacienda salió de un grupo de empresarios que admitieron haber simulado un préstamo para no realizar una donación (ya que esta obligaría nuevamente a pagar impuestos). Entre las incógnitas que mantiene este caso, está por ver cómo piensa devolver el anterior monarca esos 4,4 millones de euros, después de que su hijo, Felipe VI, anunciase que le ha sido retirada la asignación de la Casa Real.
La Fiscalía mantiene la intención de archivar la triple causa contra el rey emérito pero deberá explicar en su escrito por qué no denuncia un fraude fiscal que el propio monarca ha reconocido con sus pagos a Hacienda. Es decir, explicitando si sus avisos fueron anteriores o posteriores a estos pagos, cómo de genéricos fueron y si la prescripción y la inviolabilidad del monarca cuando estaba en activo cierran cualquier puerta a una investigación en el Supremo.