Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Los líderes israelíes han advertido, desde hace décadas, de que si no se establecía un Estado palestino independiente su país se convertiría en un Estado de apartheid
Llegué a Edimburgo el 13 de marzo para una serie de 10 días de presentaciones conceertadas por mi editor, Plutón, para lanzar mi nuevo libro Palestine’s Horizon: Towards a Just Peace.
La fase escocesa de la visita se realizó sin problemas, con fluidas conversaciones, discusiones y buena asistencia sobre los principales temas del libro en Aberdeen, Glasgow y Edimburgo.
Luego, el 15 de marzo, la calma se hizo añicos.
La Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) publicó un informe que yo había redactado junto con Virginia Tilley, una politóloga de la Universidad de Illinois del Sur, que examinaba la cuestión de si existían pruebas suficientes para concluir que las formas de control de Israel ejercido sobre la población palestina alcanzaba la valoración de apartheid según la jurisdicción internacional.
Se trata de un estudio académico que analiza los aspectos relevantes desde el punto de vista del derecho internacional y resume las actuaciones y políticas que presuntamente son discriminatorias en las prácticas de Israel.
Antes de ser publicado el informe había sido enviado a la CESPAO para su revisión por tres expertos internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional, cada uno de los cuales presentó informes muy favorables en cuanto a la contribución del estudio del informe.
¿Entonces por qué la «tormenta perfecta»? Tan pronto como fue presentado en Beirut en una conferencia de prensa en la que tanto la profesora Tilley y yo participamos a través de Skype, el furor comenzó.
Primero fueron las denuncias por el informe del embajador de Estados Unidos recientemente designado en la ONU, Nikki Haley, y del diplomático y agitador israelí Danny Danon.
Esto fue seguido rápidamente por una declaración dada a conocer por el recién elegido secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicando que el «informe tal como está no representa la opinión del secretario general» y fue publicado «sin consultas con la Secretaría de las Naciones Unidas».
La directora de la CESPAO, Rima Khalaf, ocupando el alto rango de secretaria general adjunta, fue instruida para quitar nuestro informe de la página web de la CESPAO y optó por renunciar en principio, en lugar de acatar la orden.
Interpretación académica
Hay tantas «noticias falsas» en torno a esta respuesta a nuestro informe que se hace difícil tamizar la verdad de los rumores.
El embajador Haley, por ejemplo, justificadamente declaró «Cuando alguien emite un informe falso y difamatorio en nombre de las Naciones Unidas es conveniente que la persona renuncie».
El informe claramente estaba etiquetado como un trabajo de académicos independientes y no reflejaba necesariamente la opinión de la ONU o de la CESPAO. En otras palabras, no era un informe de la ONU ni había sido respaldado por la ONU.
Más allá de esto, ¿cómo podría ser un informe «falso y difamatorio» cuando su análisis había pasado las pruebas de una interpretación académica, de un concepto jurídico y una presentación de las prácticas israelíes?
El embajador Danon, junto con Haley, calificó el informe de «despreciable» y «una mentira descarada». Al parecer se olvidó de que una serie de líderes israelíes habían advertido, al menos desde 1967, de que si no se establecía un Estado palestino independiente en el corto plazo, Israel se convertiría en un Estado de apartheid.
El primer ministro de Israel David Ben Gurion puso el tema de esta manera en un programa de radio: «Israel… mejor librarse de los territorios y su población árabe tan pronto como sea posible. Si no lo hacemos pronto, Israel se convertirá en un estado de apartheid».
Consideremos también lo que Isaac Rabin, primer ministro de Israel, dijo en dos ocasiones a un periodista de la televisión en 1976: «No creo que sea posible mantener a largo plazo, si no queremos llegar al apartheid, a un millón y medio [más aún] de árabes dentro de un Estado judío». Y de manera más definitiva desde una perspectiva legal Michael Ben-Yair, exfiscal general israelí, concluyó que «hemos establecido un régimen de apartheid en los territorios ocupados».
Debería quedar claro a partir de estas dos declaraciones, y hay muchas otras, que una investigación sobre el apartheid en el contexto de Israel no es algo escandaloso ni incluso particularmente nuevo, aunque nuestro estudio recorre nuevos caminos.
Se ve la implementación del apartheid, en este caso, al pueblo palestino en su conjunto y no sólo los que viven bajo la ocupación, ya que están incluidos los refugiados, exiliados involuntarios, la minoría en Israel y los residentes de Jerusalén dentro de una estructura global coherente de dominación discriminatoria sistemática.
La investigación, a fin de satisfacer la noción de apartheid como se define en la Convención de 1973 sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, también examina si las prácticas israelíes alcanzan un nivel de claridad y de intencionalidad.
El embajador Danon también acusa al estudio de «crear una falsa analogía», presumiblemente una referencia al sistema de apartheid de Sudáfrica. El estudio, en lugar de reclamar una analogía, se aleja de su manera de argumentar que el delito internacional de apartheid no tiene nada que ver con las raíces históricas del régimen racista de Sudáfrica, porque el control de Israel sobre el pueblo palestino procede de una manera totalmente diferente.
Por ejemplo los líderes de Sudáfrica afirmaban estar orgullosos del apartheid como un sistema beneficioso de separación racial, mientras que los líderes de Israel buscan confirmar a Israel como un Estado democrático que rechaza el racismo.
Lo que esta discusión de las consecuencias del informe muestra, por encima de todo, es la negativa de Israel y sus partidarios a participar en la discusión razonada de un conjunto ciertamente controvertido de conclusiones. En lugar de ello es mejor atacar a los mensajeros en lugar de responder al mensaje.
Parte de la protesta en las Naciones Unidas era señalarme como parcial y antisemita, sobre la base de una serie de ataques difamatorios que he sufrido mientras actuaba como Relator Especial de la ONU sobre las violaciones de Israel en la Palestina ocupada.
Esto forma parte de una tendencia en los últimos años en la que se mueven los partidarios de Israel: cerrar la discusión crítica en lugar de responder a la sustancia.
En mi opinión esas tácticas son un reflejo de lo débiles que las posiciones de Israel se han convertido en temas tan controvertidos como los asentamientos, la fuerza excesiva, la residencia en Jerusalén, las leyes y regulaciones discriminatorias y el desvío del agua.
Consecuencias académicas
A raíz de estos acontecimientos en la ONU mis primeros eventos en Londres, supuestamente para presentar mi libro, fueron predeciblemente dominados por la preocupación por el informe. La primera de estas fallidas presentaciones del libro se realizó en la LSE y atrajo a varios extremistas sionistas, así como a algunos críticos severos de Israel.
Se autorizó la presentación, pero cuando empezó el momento de las preguntas y respuestas muy pronto se desató el caos con los miembros de la audiencia gritándose unos a otros.
Entre los más alborotadores de los presentes estaban un hombre y una mujer de mediana edad que se pusieron de pie, desplegaron una bandera israelí, gritando «mentiras» y «vergüenza», con el soporte de cartelones con tales insultos en letras grandes.
Finalmente, después de pedir tranquilidad, el personal de seguridad presente les pidió retirarse de la sala y el debate, más o menos, se reanudó.
Vale la pena luchar para garantizar que las universidades británicas funcionen en el futuro de manera más responsable y hagan un mayor esfuerzo para defender los ideales y las realidades de la libertad académica
Sin embargo en los siguientes dos días las conferencias previamente anunciadas en la Universidad de Londres y la Universidad de Middlesex del este fueron canceladas. Las excusas fueron en el primer caso que los procedimientos que rigen para los portavoces externos «no se habían seguido adecuadamente» y en el otro caso, «las preocupaciones por la salud y la seguridad» llevaron a los administradores de la universidad a emitir sus órdenes de cancelación.
En ambos casos los organizadores eran bien considerados amigos académicos que hicieron todo lo posible para convencer a las autoridades en sus instituciones de seguir adelante con este tipo de eventos planificados.
Lo inquietante de mi experiencia no es sólo la pérdida personal de oportunidades para discutir mis puntos de vista sobre Palestina y traer una paz duradera a los dos pueblos, sino también las consecuencias institucionales adversas de silenciar la discusión de temas controvertidos de interés público más amplio.
A largo plazo unos pocos elementos de la experiencia educativa avanzada, como la exposición a diversos puntos de vista y la discusión razonada, enseñan a convertirse en ciudadanos responsables y comprometidos.
En este sentido la libertad académica, junto con los medios de comunicación independientes, es esencial para el buen funcionamiento de la democracia constitucional.
La libertad del Reino Unido bajo ataque
Mi experiencia de estos últimos días sugiere que la libertad académica en Gran Bretaña ha sufrido un golpe bastante grave y sin duda está siendo probado en relación con la agenda de Israel-Palestina.
Debería ser obvio que la vitalidad de la sociedad democrática es el mayor riesgo cuando el asunto toca cuestiones de creencia fundamental y puntos de vista opuestos a los de la justicia.
Sólo por esta razón vale la pena luchar para garantizar que las universidades británicas actúen en el futuro de manera más responsable, hacer un mayor esfuerzo para defender los ideales y las realidades de la libertad académica y no ceder a las presiones insidiosas diseñadas para producir silencios peligrosos.
Yo no separaría demasiado lo que sucedió en las Naciones Unidas de mis decepcionantes encuentros de estas oportunidades frente a las audiencias universitarias.
Richard Falk es un académico en derecho y relaciones internacionales que enseñó en la Universidad de Princeton durante 40 años. En 2008 también fue nombrado por la ONU para un mandato de seis años como Relator Especial sobre los derechos humanos de los palestinos.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.