La propuesta de enmienda constitucional del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) se ha topado con la oposición de la judicatura turca, que asegura que los cambios propuestos a la Carta Magna amenazan la independencia del poder judicial. El proyecto de enmienda del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, presentado el lunes […]
La propuesta de enmienda constitucional del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) se ha topado con la oposición de la judicatura turca, que asegura que los cambios propuestos a la Carta Magna amenazan la independencia del poder judicial.
El proyecto de enmienda del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, presentado el lunes pretende modificar 26 artículos de la Constitución para acercar al país eurasiático a Europa, reducir la influencia del Ejército y dificultar la ilegalización de partidos políticos.
Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha manifestado ya claramente en contra. Tras una reunión de su cúpula, el alto tribunal aseguró que la reforma atenta contra la independencia de los jueces y pretende eliminar la autoridad del Supremo.
El portavoz del gobierno, Cemil Cicek, había advertido sin embargo que «la única autoridad para enmendar la Constitución es la Asamblea Nacional».
La actual constitución en Turquía procede de la Junta Militar que dio el golpe de Estado en 1980. Gran parte de la sociedad turca ha pedido su derogación, pero debido al entramado jurídico vigente sólo es posible su modificación, y ello con el coste de un duro enfrentamiento con la sector laico que defiende las prerrogativas establecidas por y para el ejército. En este sentido, Cicek definió la actual como «una constitución bajo tutela» [del poder militar].
La mayor parte de las enmiendas se refieren a cambios en las estructuras del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, así como del Tribunal Constitucional.
La propuesta incluye, entre otras, disposiciones para dificultar la prohibición de partidos políticos y modificar la forma en que se nombra a jueces y fiscales.
Su aprobación abriría además una puerta para perseguir a los responsables del golpe militar de 1980 y posibilitaría llevar ante los tribunales las decisiones de la Junta Suprema Militar, que actualmente tiene la potestad de cesar a oficiales del Ejército sin que se pueda hacer objeción alguna al respecto.
Por otro lado, propone mejoras en las condiciones para las mujeres, así como el derecho a la negociación colectiva para los funcionarios civiles, si bien no llega a darles el derecho a huelga.
Según la ley vigente, cualquier modificación de la Constitución requiere un mínimo de 368 votos del total de 550 escaños parlamentarios. Si no se logra ese mínimo, pero sí al menos 330, la propuesta debe ser sometida a un referéndum para su aprobación. Puesto que el AKP cuenta con 337 escaños en el Parlamento, necesita el apoyo de parte de la oposición para adoptar la reforma sin convocar la consulta popular.