El Gobierno da por muerta la reforma de la ley mordaza. Tras cinco años de mayoría parlamentaria de izquierdas y salvo sorpresa, la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy frente a una enorme contestación social, sobrevivirá intacta a la legislatura de Pedro Sánchez. Su derogación llegó a plasmarse como uno de los compromisos del gobierno de coalición progresista que, sin embargo, se ha mostrado incapaz de pactar con los aliados parlamentarios la reforma. Su derogación no fue posible durante los primeros años del mandato de Sánchez, cuyo gobierno recurrió a la norma para castigar los incumplimientos de los estados de alarma decretados durante la pandemia y las fuentes consultadas dudan de que pueda hacerse en lo que queda de legislatura. De fondo, las masivas protestas de la Policía y Guardia Civil, un factor determinante en opinión de algunos de los socios del PSOE.
Desde Interior niegan que el bloqueo de la reforma guarde relación alguna con la presión de importantes sectores de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, de hecho, creen injustificada. Pero el departamento de Grande-Marlaska admite tres líneas rojas que coinciden con algunas de las principales demandas de la Policía y la Guardia Civil y que, en gran medida, han imposibilitado el acuerdo en el Congreso: los retornos en frontera de las personas migrantes (las conocidas como devoluciones en caliente), la presunción de veracidad de los agentes y el material antidisturbios.
La comisión parlamentaria encargada de los trabajos para la reforma llegó a plantear la posibilidad de trasladar el asunto de las devoluciones en caliente a una futura reforma de la ley de migraciones para así sortear el choque entre la mayoría progresista, pero las otras dos líneas rojas del Ministerio del Interior resultan inasumibles para los aliados del Gobierno.
Desde el equipo de Marlaska defienden que limitar la presunción de veracidad de Policía y Guardia Civil supondría, en la práctica, generar problemas de seguridad jurídica en el día a día de cientos de agentes. Y sostienen también la utilidad del uso de pelotas de goma como material antidisturbios argumentando que alternativas como las balas de FOAM pueden llegar incluso a ser más peligrosas.
En la Moncloa reconocen que, de todos los proyectos legislativos pendientes, el de la ley mordaza es el que menos opciones tiene de salir adelante al considerarlo más encallado incluso que otras leyes atascadas como la de vivienda. Y asumen que se trata de una oportunidad perdida tras cinco años de gobierno de izquierdas y de la unanimidad que los partidos y colectivos sociales alcanzaron en contra del texto que alumbró la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.
Desde el primer momento, la mayoría de sindicatos policiales y de la Guardia Civil se mostraron en contra de los planes de la coalición de PSOE y Unidas Podemos para derogar la ley mordaza. Un malestar plasmado también en manifestaciones en la calle.
Bajo el lema “¡Por una España más segura!”, el sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL, mayoritarios en sus cuerpos y cercanos a los postulados de Vox, lideraron las movilizaciones al estimar que la reforma “prevista por el Gobierno y sus socios independentistas, compromete la tranquilidad de las calles españolas en favor de los más violentos”.
Desde hace meses, la representación mayoritaria de policías y guardias civiles ha alimentado bulos y manipulaciones en sus manifiestos para movilizar al colectivo contra la reforma que planteaba el Gobierno. Algunas de las movilizaciones se acordaron tras celebrar reuniones con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.
Los socios rechazan una reforma ‘light’
Los socios habituales del Gobierno se desmarcan de cualquier propuesta de reforma que no aborde lo que consideran los aspectos más lesivos de la ley y no piensan dar un ‘sí’ a una reforma descafeinada. En EH Bildu creen además que la postura del PSOE muestra que es rehén de los sindicatos y de manifestaciones como la del pasado domingo. A finales de enero, el portavoz de los independentistas vascos Jon Iñarritu se mostraba ya convencido de que los socialistas no se avendrían a modificar los aspectos que su formación considera “más lesivos” de la ley que aprobó el PP en 2015.
“Estamos en un año electoral, a unos meses de las elecciones autonómicas y en junio hay elecciones sindicales. El Gobierno y el Ministerio están preocupados por el auge de la extrema derecha en estos sindicatos policiales y esto incluso está moviendo el eje de centralidad en otros sindicatos que hasta el día de hoy eran corporativos pero no representaban un extremismo ideológico y hoy en día hacen gestos en esa línea”, dijo Iñarritu en una entrevista con este diario sobre la presión de los sectores más ultra de estos sindicatos.
En aquellos días, el Gobierno y los socios discutían los pormenores de la ley en unas reuniones convocadas ad hoc para desatascar los puntos más complicados. El texto que llegó a la reunión de la Ponencia del Congreso estaba pactado en más de un 96% a falta de estos tres o cuatro puntos más polémicos: el artículo 23.4 para prohibir el uso de las pelotas de goma; el 36.6 sobre las sanciones por desobediencia a los agentes; el 37.4 que busca eliminar o al menos objetivar las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y una disposición adicional para acabar con las devoluciones en caliente.
Aunque Esquerra Republicana mantiene las mismas líneas rojas que su socio vasco, ese día firmó el texto y garantizó los votos al Gobierno para que la ley pudiese avanzar en su tramitación parlamentaria y llegar a la Comisión de Interior, aunque en todo momento aclaró que la decisión tenía el objetivo de “dar margen” a las negociaciones. “Obviamente no estamos de acuerdo en cómo queda actualmente el texto de la reforma de la ley mordaza, porque los artículos que contemplan el 70% de las multas continúan vivos”, dijo la ponente de los republicanos Maria Dantas. El partido mantiene que si no se cambian esos puntos, el voto a la ley será en contra.
Así se lo plasmó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control del Congreso de principios de febrero. “Ya hablaremos de la ‘ley mordaza’, que también tiene tela”, le dijo durante un intercambio sobre los policías infiltrados en movimientos sociales en Catalunya. “Quedan cosas por cerrar, pero a día de hoy la ponencia ya ha corregido todos los aspectos que provocaron el rechazo mayoritario de la Cámara y que le valieron el calificativo de mordaza”, le respondió Sánchez.
Unidas Podemos, que se ha erigido como una suerte de mediador durante la extensa tramitación de esta norma, coincide con el presidente en que ya no se puede llamar ‘mordaza’ a la ley. Fuentes del entorno de Enrique Santiago, el ponente de UP en esta ley, apuestan por agotar “hasta el último momento la vía del diálogo” con el fin de acercar posturas, pero defienden el “trabajo realizado hasta ahora” y piensan que un “muy reducido número de temas puntuales” no puede “oscurecer” el avance de lo conseguido en las conversaciones.
En su camino a la Comisión, PSOE, Unidas Podemos y PNV –sobre cuyo texto inicial se trabaja desde su toma en consideración en el Congreso en diciembre de 2020– firmaron una serie de enmiendas para tratar sin demasiado éxito de acercar posturas con EH Bildu y ERC. La formación jeltzale valora estas propuestas intermedias, especialmente las que tienen que ver con las pelotas de goma y las faltas de respeto, que cree que “pueden servir para avanzar”. No obstante, después de los movimientos de febrero y ante la constatación de que las posiciones son por ahora irreconciliables, el texto vuelve a languidecer en el Congreso sin visos de que uno de los compromisos más importantes del acuerdo de coalición pueda salir adelante antes de que termine la legislatura.