Estas sanciones, que entrarán en vigor inmediatamente, se aprobaron en la reunión que mantenía en El Cairo el Consejo de Ministros de Finanzas de los países árabes. Junto al castigo económico, refrendado con los votos de 19 de los 22 países miembros -Irak y Líbano optaron por «disociarse» de la votación y Siria no fue […]
Estas sanciones, que entrarán en vigor inmediatamente, se aprobaron en la reunión que mantenía en El Cairo el Consejo de Ministros de Finanzas de los países árabes. Junto al castigo económico, refrendado con los votos de 19 de los 22 países miembros -Irak y Líbano optaron por «disociarse» de la votación y Siria no fue invitada-, la Liga también emitió restricciones de viaje contra altos funcionarios sirios.
La decisión de imponer medidas sancionadoras se produce, según afirma la versión oficial, en respuesta a la «violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad del presidente Bashar al Assad contra opositores y población», según informó la cadena Al Arabiya.
Es la primera vez que la Liga Arabe impone sanciones económicas a uno de sus estados miembros, si bien Siria se encuentra suspendida de sus actividades como miembro de la organización.
El primer ministro qatarí afirmó que con estas sanciones pretenden evitar que se repita lo ocurrido en Libia, donde la «inacción de la Liga Arabe derivó en una resolución del Consejo de Seguridad» de la ONU para aprobar la intervención directa de la OTAN. «Todo el trabajo que estamos haciendo es para evitar esta interferencia», señaló Al Thani, quien además añadió que es necesario para ello que la comunidad internacional vea que los árabes son «serios».
La economía siria ya está afectada por sanciones europeas y estadounidenses y las medidas similares adoptadas por la Liga Arabe podrían asfixiar a Siria. La mitad de las exportaciones de dicho país árabe y un cuarto de las importaciones se hacen con los otros países árabes.
El régimen de Bashar Al Assad ignoró los ultimátums de la Liga y se limitó a acusar a los dirigentes árabes de querer «internacionalizar» la crisis en Siria, donde la represión y los ataques de la oposición armada provocaron el sábado una treintena de muertos y ayer otros tantos, según fuentes opositoras.
Según han estimado algunos observadores, el aumento de ataques de desertores contra el Ejército sirio hace temer que estalle una guerra civil.
Ahmad Ramadan, miembro de la ejecutiva del Consejo Nacional Sirio, rechazó ante los periodistas una intervención militar internacional en suelo sirio. Según Ramadan, «la inteligencia demostrada por el pueblo en Siria» permite descartar el riesgo inminente de guerra civil en el país. «Hemos pedido al Gobierno español que expulse al embajador sirio y a otros funcionarios de la embajada en Madrid», declaró a la cadena Ser Ramadan, quien definió a la diplomacia siria en el Estado español como una «sucursal de los servicios secretos de Damasco». El Consejo Nacional Sirio agrupa a las principales fuerzas de la oposición al régimen de Al Assad, incluyendo a los Hermanos Musulmanes.
Según cálculos de la ONU, el conflicto de Siria ya ha causado más de 3.500 muertos desde el pasado mes de marzo.
Presentarán en la ONU el informe más documentado sobre Siria
Una comisión investigadora de la ONU sobre Siria presentará hoy las conclusiones de su trabajo, que será «la síntesis más completa y mejor documentada» que exista hasta la fecha sobre las violaciones de los derechos humanos que se registran en ese país desde hace nueve meses.
Presidido por el brasileño Sergio Pinheiro, este equipo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en agosto, tras una sesión especial convocada en reacción a la intensificación de la represión contra los civiles que desde marzo se manifiestan contra el Gobierno de Bashar Al Assad. Aunque el régimen les ha negado la autorización para entrar al país -la manera más fiable de recopilar información-, los comisionados viajaron a los países fronterizos y se entrevistaron con víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos. Desde que empezó la crisis, miles de sirios han buscado refugio en la vecina Turquía.
Desde la formación de la comisión, la represión contra las manifestaciones civiles no ha hecho más que intensificarse y adoptar nuevas formas, mientras los observadores y la prensa internacional tienen prohibido entrar en el país para verificar los hechos. Apoyándose en fuentes «variadas y fiables», la ONU ha denunciado ya represalias contra familiares de activistas que ni siquiera participan en las protestas y la detención y torturas a menores de edad. Los comisionados seguirán trabajando para presentar una versión actualizada en marzo del próximo año al Consejo de Derechos Humanos cuando éste se reúna en sesión ordinaria.