Un municipio de Venezuela que vive del refinado de petróleo y de la zona franca para importaciones va camino a convertirse en un área liberada de las contaminantes bolsas de plástico.
Se trata del municipio Carirubana, en la noroccidental península de Paraguaná, próxima a las islas holandesas en el Caribe y que alberga el segundo complejo refinador más grande del mundo, con capacidad para destilar 940.000 barriles diarios de crudo. A su alrededor está la ciudad de Punto Fijo, con 270.000 habitantes.
La ordenanza, que el alcalde Alcides Goitía promulgará en pocos días y que entrará en vigor a comienzos de 2012, prohíbe la comercialización y empleo de bolsas plásticas con capacidad menor a 30 kilogramos -por encima de esa medida se permitirán, pues se las destina a recoger desechos– y castigará en primer lugar a quien las arroje a espacios públicos o las incinere.
«Esta decisión tiene que ver con la salud y la educación de nuestra población, con la belleza de nuestro paisaje y la búsqueda de promover el turismo, pues nuestra península goza de hermosas playas, otros escenarios, gastronomía y una zona franca», explicó a IPS el presidente del Concejo Municipal de Carirubana, Kile Baldayo.
«El mundo está abarrotado de bolsas plásticas. En Venezuela se las consigue desde casi cada metro de costa hasta la cima de los tepuyes (las antiquísimas montañas de techo plano en la sudoriental Guayana), en calles, cercas y basureros, y es hora de que empecemos a hacer algo para que no sigan degradando el ambiente», dijo Baldayo.
La contaminación generada por la basura plástica está lejos de ser sólo un problema estético o paisajístico, recordó a IPS Alejandro Álvarez, de la red Ara de organizaciones ambientalistas. «Depósitos de desechos son incendiados generando cantidades de dioxinas y furanos, acerca de las cuales tenemos temores pero no cálculos ciertos», apuntó.
Las dioxinas y furanos, que emanan de la combustión de plásticos, son sustancias carcinógenas que afectan grasas, suelos, sedimentos, la cadena alimenticia y tejidos humanos.
La exposición de motivos al cabildo de Carirubana, presentada por Goitía y Baldayo, citó datos de la organización ambientalista Greenpeace según los cuales más de seis millones de toneladas de basura son arrojadas a los océanos cada año y una gran parte está conformada por plásticos.
Los autores de la iniciativa también incorporaron al texto estimados de la organización estadounidense Blue Ocean Society (Sociedad Océano Azul), según los cuales 46.000 trozos de basura plástica flotan en cada milla cuadrada de superficie de los mares y océanos que, al ser ingeridos o quedar atrapados en su trama, mata cada año un millón de aves y 100.000 mamíferos marinos.
En Venezuela, según la organización ambientalista Vitalis, se consumen al año 500.000 toneladas de plásticos, de los que se recicla sólo 20 por ciento. Un tercio son empaques flexibles, por lo que cada uno de los 29 millones de habitantes del país consume anualmente unas 150 bolsas de ese material.
La nueva ley del municipio Carirubana prohibió la compra, venta y distribución de las bolsas de plástico que no sean biodegradables u oxibiodegradables.
Estos recipientes de material plástico convencional, a base de polietileno, demorarían siglos en degradarse.
En cambio, los oxibiodegradables se suponen fabricados de modo que se degraden mucho más pronto bajo determinadas condiciones de luz y oxígeno, en tanto las biodegradables serían mejores, pues se hacen con almidones y no con derivados de hidrocarburos.
Carirubana mantendrá el permiso para empaques de plástico convencionales destinados a ciertos alimentos en supermercados, tales como lácteos, cárnicos y comidas preparadas.
Ambientalistas como María Eugenia Gil, de la Fundación Aguaclara, recordaron que «plástico es plástico», aunque saludaron la iniciativa como muy útil para la concientización de los venezolanos en una zona muy visitada, y como proyecto piloto para que se extienda a otros de los 335 municipios del país.
La ordenanza agrega así un territorio a otros que en América Latina ya han tomado decisiones similares para erradicar las bolsas plásticas.
La capital de México ordenó en agosto de 2010 vender este tipo de bolsas a los consumidores que las requieran y, además, estableció que deben ser biodegradables.
En la oriental provincia argentina de Buenos Aires se prohibió a los supermercados la entrega de bolsas plásticas y se estipuló que las que se fabriquen deben ser de materiales cada vez más fácilmente degradables.
Una norma similar han tramitado los Congresos legislativos de Chile y de Colombia. La alcaldía de Bogotá, entretanto, lanzó una campaña junto con cadenas de comercios para sustituir, por otros empaques, las bolsas de polietileno. También el gobierno de Montevideo lanzó una campaña similar, aunque no llegó aún a dictar la prohibición.
En Brasil, donde varias grandes ciudades prohibieron también las bolsas más contaminantes, sufrió un retroceso en julio cuando el Tribunal de Justicia del estado de Sao Paulo suspendió la ley que vedaba la distribución de estos recipientes en las tiendas de esa jurisdicción, atendiendo una petición presentada por la Unión de Industriales del sector.
Baldayo dijo que en la decisión para Punto Fijo influyeron también medidas tomadas por la vecina isla holandesa de Aruba para mantener descontaminadas y libres de plástico sus playas y otros espacios turísticos.
Los vientos alisios que soplan en dirección noreste-sudoeste pasan sobre Aruba rumbo a Paraguaná y cruzan sobre otros dos municipios en el estado venezolano de Falcón antes de llegar a Punto Fijo, por lo que el ayuntamiento de Carirubana desea que su medida sea acompañada por los vecinos para que abarque a toda la península.
Una comisión municipal promoverá alternativas, entre ellas el uso de bolsos hechos con fibras naturales, y desplegará una campaña de coordinación con los comercios e información a la ciudadanía, pero también se contemplan sanciones.
Las sanciones van desde atender charlas obligatorias hasta multas que pueden llegar a 120 dólares para personas y 1.700 dólares para empresas que contaminen espacios públicos con bolsas plásticas. Quien no pueda pagar en efectivo esta penalización deberá hacerlo con servicio comunitario, como limpieza de calles, plazas y playas.