El pasado 12 de febrero de 2020, la ONU hizo pública una lista negra de 112 empresas que operan en las colonias ilegales y se enriquecen con la ocupación de Palestina, y que no es sino un avance de la relación completa de corporaciones que desarrollan sus actividades en territorio ocupado al margen de la ley internacional y que fue confeccionada por el organismo en 2016. Desde que se elaborara el listado existe una disputa entre las representaciones diplomáticas palestina e israelí ante la Asamblea de las Naciones Unidas a favor y en contra de la publicación del documento, y ha sido apenas dos semanas después del desmán protagonizado por Donald Trump con la presentación del denominado «Acuerdo del Siglo» el momento elegido para su presentación. El plan presentado de manera unilateral por el mandatario estadounidense y elaborado por su yerno, el empresario sionista Jared Kushner, con estrechas relaciones familiares con Benjamin Netanyahu, vulnera en al menos 300 puntos el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, lo que bien podría haber sido un acicate para que el estamento internacional se decidiera finalmente a hacer pública su lista negra.
La relación, compuesta principalmente por compañías israelíes, estadounidenses y alguna europea, aporta alguna que otra sorpresa como la de la empresa Shapir. Se da la circunstancia de que en agosto de 2019 el consorcio formado por la constructora israelí y la empresa vasca de ferrocarriles CAF fue seleccionado por el Ministerio de Finanzas israelí para llevar a cabo la expansión de la red de tren que conecta las colonias ilegales en territorio palestino ocupado, el conocido como el Tren Ligero de Jerusalén (JLR por sus siglas en inglés). Dichos asentamientos se consideran un crimen de guerra bajo el estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, con lo que el proyecto JLR quebranta el derecho internacional porque establece una infraestructura permanente dirigida a la anexión del territorio ocupado en Jerusalén Este. Con su participación es este proyecto, CAF estaría contribuyendo a las graves violaciones israelíes del derecho internacional y de los derechos humanos palestinos.
El caso es que al consorcio conformado por CAF y Shapir, una de las integrantes de esta lista negra de la ONU, se le adjudicó el contrato en un concurso en el que no concurría ninguna otra empresa, habida cuenta que otras compañías internacionales como la alemana Siemens, la francesa Alstom, la canadiense Bombardier o la australiana Maquarie se habían retirado previamente del mismo al entender que contravenía la legalidad internacional. Entiendo que todas esas corporaciones no se retiraron del concurso de licitación por cuestiones éticas o de respeto a los Derechos Humanos, sino que más bien lo harían por entender que sería mayor el daño que podría causar a su imagen corporativa el hecho de participar en un crimen de guerra que el posible beneficio económico que les pudiera reportar. CAF no lo entendió así, pese a existir antecedentes como el de la empresa francesa Veolia, que tras participar en la construcción de la primera línea del mismo proyecto perdió 20.000 millones de euros en contratos en toda Europa.
CAF se encuentra en un momento delicado, al verse comprometida por su empresa partener en Israel, señalada por la ONU por sus actividades ilegales; pero también por la ambición de su dirección, que ha antepuesto el afán de lucro sobre su propio código ético y sobre la opinión mayoritaria de sus trabajadores, cuyo comité, de manera unánime, ha pedido hasta en dos ocasiones a la empresa que se retire del proyecto. La dirección de la compañía guipuzcoana ha debido de calcular que el verse implicada en crímenes de guerra no tiene consecuencias en España; pero en el tablero internacional, donde se disputan la mayoría de contratos a los que aspira, eso puede tener un coste.
Koldo Alzola. Activista del movimiento internacional BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel)