De las once de Basauri al Tren de la Libertad, la historia de la lucha por el aborto sigue vigente, ante un derecho que permanece en el código penal e inaccesible para muchas por el bloqueo en la sanidad pública y la exclusión sanitaria.
“Yo soy culpable”. “Yo también soy culpable”. “Yo también lo hice”. En 1986 un juez de Santander tomaba declaración a 60 mujeres. Se había producido una interrupción del embarazo más allá de la ley como símbolo de rebeldía y las activistas fueron todas a una “como en Fuenteovejuna” para que no se juzgara a ninguna. “No nos pudieron encausar porque éramos muchas”, rememora Nieves Gutiérrez Gamza, integrante de la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria, en aquella época asamblea de las mujeres. Gutiérrez formaba parte de la comisión que organizó la interrupción del embarazo. Se habían formado en una clínica de Valencia para realizar el método de aspiración a través de una sonda. Habían comprado los materiales fuera, en Francia.
Antes de esto, en noviembre de 1985 y recién aprobada la primera ley del aborto, que establecía una serie de supuestos por los que poder acceder a este derecho –riesgo para la salud de la madre, violación o malformación del feto– Barcelona congregaba a 4.000 feministas que practicaron dos abortos como respuesta a una norma que consideraban insuficiente. Las 4.000 se autoinculparon. Es en ese encuentro cuando se crean comisiones por el derecho al aborto que se comprometen a realizar un aborto en cada comunidad. Y es así como Gutiérrez acabó declarando junto a 60 compañeras ante el juez.
Han pasado casi 30 años, dos leyes que han avanzado en la despenalización –la de 2010 que estableció plazos para abortar (hasta las 14 semanas y hasta las 22 si hay malformación en el feto) y la de 2023 que pretendía mejorar el acceso–, pero el aborto sigue estando en el código penal. Además, menos del 20% de los abortos se realizan en la sanidad pública y algunas mujeres tienen que viajar hacia otras provincias para abortar. Por otro lado, la exclusión sanitaria a la que se enfrentan las mujeres migrantes en situación irregular supone un candado para este colectivo. Históricas activistas consultadas para este reportaje recuerdan que, pese a los avances de peso, la lucha aún no ha acabado.
Las once de Basauri
Antes de que Nieves Gutiérrez participara en las comisiones del aborto y antes de que se sucedieran las autoinculpaciones multitudinarias, las once de Basauri, diez mujeres y un hombre, fueron acusadas por practicar abortos y abortar. Un proceso que duró desde 1976 hasta 1985, con tres intentos de juicio suspendidos. Una tortura que no vivieron solas, tal y como recuerda Marta Brancas, integrante de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia. “Hubo autoinculpaciones, manifestaciones, contrapublicidad. Recuerdo que había grandes paneles de publicidad, que se acabaron prohibiendo, donde los fascistas ponían inmensos carteles con mensajes como “no le mates”, o “déjale vivir”. Con enormes escaleras subíamos y escribíamos encima de las palabras para cambiar el mensaje”, explica Brancas.
Esta activista, que se dedicó a documentar las numerosas acciones con su cámara fotográfica, recuerda que recorrían barrios y municipios en coche, megáfono en mano, convocando a las manifestaciones y lanzando panfletos. “Propusimos a las once de Basauri que escribieran una carta. Buzoneamos los barrios y pueblos con ella, repartimos en los barrios, en los mercados”, explica Branzas. Su caso puso el debate sobre la despenalización del aborto sobre la mesa de la opinión pública, mucho antes de que se consiguiera la primera ley. Finalmente fueron absueltas cuatro de ellas y se condenó a multas y a penas de cárcel a las demás, que no entraron en prisión gracias a la Ley de Amnistía.
Brancas se salta unas décadas para concluir que hoy quedan tareas pendientes. “Aunque la ley actual sea por plazos y no por supuestos, sigue siendo delito el salirte de estas barreras. Desde el feminismo no queremos ni necesitamos tutelas ni de médicos, ni de jueces, ni de políticos. Necesitaríamos que estuviera dentro de la sanidad pública en condiciones y sin impedimentos”. En el artículo 145, el código penal mantiene penas para la mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley.
La autoorganización que creo los primeros centros de planificación
Diez años antes de las jornadas feministas en las que 4.000 mujeres se autoinculparon por dos abortos, también Barcelona acogía las Primeras Jornadas Catalanas de la Mujer. Silvia Aldavert, miembro de la campaña por el aborto libre y gratuito y coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, sitúa este encuentro, al que acudieron mujeres de todas partes del Estado español, como el pistoletazo de salida de la lucha por el derecho al aborto. Era 1976 y tres de las conclusiones del evento fueron la necesidad de educación sexual, acceso a anticonceptivos y un aborto libre.
En paralelo se crearon grupos de mujeres que clandestinamente acompañaban a otras a abortar a Londres. También daban información sobre métodos anticonceptivos. Es el caso del grupo DAIA, un colectivo de universitarias que desde dos locales de Barcelona atendían a las mujeres y colaboraron en la creación de los primeros Centros de Planificación Familiar de Barcelona. “Estos centros –explica Aldavert– surgen desde la idea de la autoorganización vecinal y posteriormente fueron municipalizados. A primeros de los 80 el Ayuntamiento de Barcelona asumió su gestión. En los 90 se empieza a descafeinar la filosofía con la que se crearon”. La experta se refiere a que lo que eran grupos de acompañamiento integral de las mujeres, que las ayudaban a abortar pero también a abrir una cuenta en el banco, pasaron a centrarse en lo meramente reproductivo.
La lucha, asegura Aldavert, volvió a recobrar fuerza con el anteproyecto de reforma que presentó Gallardón, ya en 2013. La contrarreforma, que acababa con los plazos planteados en la ley de 2010, despenalizaba el aborto solo bajo dos supuestos: que sea necesario por existir grave peligro para la mujer o que el embarazo sea consecuencia de una agresión sexual. El feminismo tuvo que salir a la calle de nuevo para pararlo.
Tren de la Libertad
“El día que Gallardón salió en la televisión diciendo la fecha en que iba a entrar en el Congreso el anteproyecto de ley, teníamos organizada una charla. Como ya era inminente, dijimos que teníamos que hacer algo. Había que ir a Madrid”. Begoña Piñero Hevia es presidenta del colectivo asturiano Tertulia feminista Las Comadres, quienes junto a Mujeres por la Igualdad de Barreros fueron las ideólogas de lo que se conoció como el Tren de la Libertad, una marcha que congregó en Madrid a más de 30.000 mujeres en lo que se convirtió en la manifestación feminista más numerosa hasta esa fecha.
Era 2014 y había que frenar la contrarreforma. «Un día tuvimos una comida con las compañeras de Mujeres por la Igualdad de Barreros, de la cuenca del Valle del Nalón. En la comida salió el ir a Madrid, teníamos el recuerdo de cuando fueron los mineros. Y dijimos, pues vamos a Madrid. Primero a presentar un escrito en el Congreso diciendo que somos personas adultas y ciudadanas de primera, y luego ya a la manifestación“, recuerda Piñero. Y el triunfo de esta convocatoria “no fue por casualidad, sino por trabajo y constancia”, remarca. Llevaban años, en concreto desde 1985 cuando nace su colectivo, tejiendo redes con otras organizaciones en todo el Estado.
La presidenta de las Comadres recuerda que, pese a que se consiguió frenar esa contrarreforma, queda mucho por hacer: «La ley de plazos es una buena ley, pero no funciona en todas las comunidades igual, hay gobiernos autonómicos que no acatan las leyes. Nos gustaría que fuera a nivel nacional, que ninguna mujer tuviera que pasar por un mal trago por decidir por su maternidad. Siempre tenemos que estar alerta, los derechos se tardan mucho en conseguir y muy poco en perder», remarca.
La Comisión de Madrid
Este 28S, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, en diversas ciudades se preparan convocatorias. En Barcelona será a las 18:00 horas en la Plaza Sant Jaume. En Madrid, será a las 18 horas entre San Bernardo y Callao. La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, heredera de esas comisiones creadas al albur de los años 80, y renacida en 2012, lleva unos meses trabajando en esta convocatoria.
Luisi Acebedo, una histórica del movimiento feminista madrileño e integrante de esta comisión, rememora los primeros pasos de la lucha en Madrid. Como primer recuerdo le viene el año 1976, cuando se realizó una campaña para liberar a las mujeres que estaban presas. “Yo acababa de parir y todavía no estaba activa”, apunta. En 1978 se debatía la Constitución y pelearon por alguno de los artículos que defendían el derecho a la vida “de todos” o a la integridad física y moral de una manera muy global que podían traer problemas con los antiabortistas. Hoy el aborto sigue sin estar blindado en la Constitución, hito que ha conseguido Francia en marzo de este año.
Luego vino el juicio por las once de Basauri, que también se vivió con intensidad en Madrid. “En 1981 hubo unas jornadas feministas internacionales por la legalización del aborto. Desde entonces no hemos dejado de salir a la calle por el derecho a decidir de las mujeres”, expresa Acebedo. Pero no siempre con la misma intensidad. Ahora mismo el movimiento se encuentra en una situación de valle. “Hay un pensamiento generalizado que con el aborto no hay ningún problema, que ya se ha solucionado, esperemos que este pensamiento vaya cambiando, que se den cuenta que todavía queda mucho por lo que luchar”, afirma Acebedo. La reforma de 2023 ha eliminado barreras como los tres días de reflexión o el consentimiento paterno para las mujeres de 16 y 17 años. También establece la obligación de que exista un registro de objetores para garantizar este servicio en todos los centros públicos. Ahora hace falta que la ley se cumpla, asegura esta histórica.
Sin relevo generacional
La ausencia de relevo generacional en la lucha, afirman las activistas, es uno de los problemas. María Gómez Bustillo tiene 27 años y es de las jóvenes en la comisión de Madrid. Llegó desde Buenos Aires, Argentina, hace dos años y aterrizó directa desde la lucha en su país, donde consiguieron la legalización de este derecho en 2020, entre una marea de pañuelos verdes. «Yo vengo de un país donde lo conseguimos hace poco. Venir a un país en el que supuestamente está garantizado y ver que no es así me pilló un poco de sorpresa», asegura quien fue de sorpresa en sorpresa.
“También me sorprendió entrar en esta comisión y ver que la mitad eran mujeres mayores, que se movilizaron en otra época y hoy en día entienden el peligro de que este derecho se pierda”, avisa Gómez quien dirige su dedo hacia el ascenso de la ultraderecha y alerta de lo que está pasando en su país con la llegada de Milei. “Hay un mantra que dice que hoy el aborto es legal, es posible y no hay dificultades. Esto es un error”, remarca.
Gómez destaca la situación de exclusión de las mujeres migrantes en situación irregular. El apartheid sanitario, impuesto por los recortes de Rajoy, aún no se ha revertido. Hoy algunas comunidades están exigiendo un empadronamiento de más de tres meses para poder tener acceso a la sanidad. En este país hay mujeres que no pueden acceder al sistema, sin tiempo para someterse a una interrupción del embarazo. “Hay una carga indebida que no permite que las mujeres migrantes podamos acceder a la sanidad pública como deberíamos poder hacerlo”, expresa.
Un futuro en la pública
Tampoco se ha acabado con el acoso frente a las clínicas que practican abortos, aunque la reforma del código penal integra una sanción para estas actuaciones. Gemma Candela, de la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, lo sabe bien. Ella es de Tetuán, donde están dos de las clínicas privadas que practican abortos en la Comunidad. Es decir, donde se practican casi la totalidad de los abortos, pues solo el 0, 27% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Madrid se realizan en la sanidad pública, según los datos que hacía públicos CC OO este 27 de septiembre.
Frente a la clínica Dator, todos los 28 de diciembre grupos antiabortistas acosan a las mujeres que van a abortar y rezan el rosario. Pero no solo. «Lo más llamativo es el 28 de diciembre, pero el acoso es constante, casi cada cualquier día de la semana están ahí con pancartas y rezando. En frente de la clínica han abierto un “Refugio pro vida” con caras de bebés sonrientes. Una ofensa para quien va a abortar por el motivo que sea», denuncia Candela, quien ha participado varias veces en la respuesta feminista en forma de concentración a las puertas de esta clínica cada 28 de diciembre.
“La clave para acabar con el acoso es que este se realice por la pública. No hay suficientes antiabortistas para colocarse en cada hospital y además cuando vas a un hospital puedes ir a mil cosas”, explica Candela.
La llave del éxito, concluyen las activistas, es seguir en la lucha. Por que el derecho a decidir, como uno de los principales reclamos feministas, estará siempre en el alambre en el mundo patriarcal en el que estamos, advierten. “Fuimos como Fuenteovejuna, todas a una”, insiste desde Cantabria Nieves Gutiérrez Gamza para quien esta es la única senda a seguir.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/aborto/lucha-aborto-una-historia-no-acaba