En 2008, a instancias del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la encuestadora Equipos Mori realizó un relevamiento nacional de la percepción ciudadana de los problemas ambientales en Uruguay(1). El resultado aportó mucha información importante, que no obstante no tuvo la difusión que ameritaba. Un dato llama la atención y resulta sorprendente a primera vista: […]
En 2008, a instancias del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la encuestadora Equipos Mori realizó un relevamiento nacional de la percepción ciudadana de los problemas ambientales en Uruguay(1). El resultado aportó mucha información importante, que no obstante no tuvo la difusión que ameritaba. Un dato llama la atención y resulta sorprendente a primera vista: a la vez que la mayoría de la población le otorgaba una gran importancia al cuidado del medio ambiente y se mostraba incluso propensa a aceptar reducir el crecimiento económico en aras del cuidado del mismo, algo menos del 60% de la población responsabilizaba a los consumidores por los problemas medio ambientales y sólo aproximadamente el 25% responsabilizaba al estado o a las empresas.
La responsabilidad de los consumidores es evidente y puede reconocerse por la hipótesis de su cesación: si dejamos de consumir tal o cual mercancía, la inviabilizamos desde el punto de vista del capital y consiguientemente disminuimos el impacto ambiental negativo que la misma conlleva. Algunos notables esfuerzos nacionales y sobre todo internacionales en materia de reducción de la contaminación se han basado en incentivar a la población a la realización de una modificación de sus pautas de consumo, optando por bienes ambientalmente menos contaminantes tanto en su producción, su consumo como en la disposición final de sus restos. Campañas del estilo de «The Story of Stuff» (2) tienen una lógica muy sólida: si los consumidores dejamos de comprar mercancías en cuyo proceso se impacta negativamente en el medio ambiente, cae la cadena productiva de las mismas y los productores se ven obligados a modificar sus pautas de producción. A nivel local, algunas ONGs ambientalistas que inervienen en escuelas y liceos públicos y privados han promovido el «consumo responsable» a través de la moral de «las tres R: Reducción del consumo, Reutilización de lo consumido, Reciclado de los residuos». En todos estos casos, invariablemente la responsabilidad recae en el consumidor y el efecto político es alienante. ¿Por qué? Porque se construye una percepción reificada del sujeto-consumidor, como ente soberano cuya conciencia prístina sería capaz de por un lado percibir claramente las opciones ambientalmente más saludables y por otro modificar sobre la sola base de su voluntad consciente sus pautas de consumo. En todo caso la responsabilidad gubernamental y empresarial serían una consecuencia de estas actitudes individuales. Esta forma de culpabilización del consumidor es mayormente equivocada e injusta. Y no digo absolutamente porque es verdad que parte de la responsabilidad recae en los consumidores y parte de la solución también: los humanos estamos en condiciones de percibir los errores y modificar nuestra conducta, pero estas condiciones son limitadas y, valga la redundancia, fuertemente condicionadas por el sistema cultural. Es en la percepción de esas limitaciones que podemos, sin exculpar completamente al consumidor, ponderar su responsabilidad en el desastre ambiental del presente y colocar en su justo lugar la responsabilidad de gobiernos y empresas.
El sujeto humano en el sistema capitalista, lejos de ser soberano de sí, vive un espejismo de libertad de conciencia. Concretamente en cuanto a su consumo de mercancías, el aparato publicitario no sólo le miente a través de asociaciones simples (típicamente entre su sexualidad y su deseo de aceptación y ascenso social y el consumo de tal o cual mercancía) sino a través de la asociación más estructural entre el consumo de una mercancía y las sucesivas transiciones entre las etapas de su vida. La «fidelidad a la marca» es mucho más que un slogan: es un programa de subjetivación markética por el cual las personas pasamos a sostener parcialmente algunos procesos psicológicos (transiciones) a través del auxiliar mágico de unas mercancías cuyo éxito de ventas claramente se relaciona con su capacidad de ser identificadas como objeto transicional o símbolo de status, pero nunca por las bondades del producto y menos, mucho menos, por su carácter ambientalmente «amigable».
Así condicionados, las personas en nuestro rol de consumidores encontramos casi imposible, o muy difícil, dependiendo de la capacidad de mediación simbólica de cada cual (que a su vez se relaciona directamente con su nivel educativo formal y/o con sus improbables experiencias de sociabilidad por fuera o en la periferia del capitalismo), además de económicamente muy costoso (piénsese cómo la alimentación orgánica es un privilegio de las clases medias altas) modificar nuestra conducta en clave ambientalmente «sostenible». Porque el mercado afecta nuestra personalidad en un nivel inconsciente: en nuestro deseo y en nuestra identidad. Luchar contra el consumismo es en buena medida luchar contra nosotros mismos, es realizar una práctica de resistencia que es insoslayable en términos de una intención genuina de cambio social pero que debe articularse necesariamente con una lucha social que afecte a los demás niveles de acción donde se trazan más o menos automática o voluntariamente las estrategias de poder que nos construyen y que reproducimos a cada paso.
La educación ambiental que sólo apunta a modificar las pautas de consumo de los consumidores es estrictamente antiecologista, porque nos aliena de la dimensión política colectiva del ecologismo y oscurece la enorme responsabilidad de los gobiernos y las empresas en términos de contaminación ambiental.
Excepto en los contados casos en que cuentan con directorios comprometidos con el medio ambiente, dispuestos a disminuir su tasa de ganancia en aras de un ideal ambiental, la mayoría abrumadora de las empresas capitalistas funcionan como sistemas que desprecian el entorno o en todo caso lo aprecian como fuente de recursos y como basurero, y encuentran un límite solamente cuando las multas estatales y/o las campañas ecologistas afectan su grado de lucro. Piénsese en el caso de las plantaciones de soja transgénica y de eucaliptus, cuyos poderosos venenos se rocían de modo irresponsable en los campos e incluso encima de poblaciones rurales del Uruguay y de la región, a pesar de haber abundante bibliografía científica en torno a los efectos nocivos de la atrazina, el glifosato y otros venenos para países tercermundistas. Las empresas encuentran un freno cuando al estado y al gobierno le resultan políticamente «poco sustentable» permitirles mantener un determinado nivel de daño ambiental y/o a la salud humana. Pero para que los gobiernos puedan actuar, deben estar obligados por legislaciones más duras que las actuales. La legislación uruguaya actual(3) pone en manos de la empresa la realización del estudio previo de impacto ambiental, que debe hacerse sólo cuando su producción resulta evidentemente contaminante según la categorización previa que hace la autoridad ambiental. Y la misma no cuenta con recursos económicos ni técnicos suficientes, ni con la independencia técnica necesaria para evitar que el gobierno de turno la obligue a ser más o menos condescendiente con un proyecto empresarial u otro. Recordemos el caso vergonzoso del puente sobre la laguna Garzón, por pensar en el gobierno actual del Frente Amplio, cuya aprobación política antecede públicamente a la aprobación técnica de la autoridad ambiental (que ha sido progresivamente más benevolente con la categorización previa del proyecto, a pesar que se realizará sobre un área supuestamente protegida en términos ambientales) (4). Recordemos el caso de Dirox, por pensar en el penúltimo gobierno del Partido Colorado, una empresa de capitales italianos deslocalizada de Europa por los juicios por daño ambiental que allá enfrenta y cuyo mal manejo de la disposición final del peligrosísimo Cromo 6 está ampliamente documentado (5). Esta «amabilidad» gubernamental y estatal hacia las empresas obedece tanto a que las mismas son fuente de financiación de los partidos políticos con representación parlamentaria, a que el crecimiento del PBI que generan mejora las cuentas fiscales, como al hecho que los partidos políticos uruguayos tienen una imagen del desarrollo asociado unívocamente al crecimiento económico y de la contaminación ambiental como un «daño colateral» limitado que en todo caso puede mitigarse o controlarse pero que no tiene mayor relevancia.
La educación ambiental solo puede ser emancipadora, generadora de conciencia ciudadana democrática, autonomizadora de las voluntades y del deseo si logra ponderar justamente las responsabilidades de los consumidores, los empresarios y los gobernantes y gestores del estado. La buena educación ambiental es necesariamente generadora de conflicto. Conflictos de intereses territoriales en torno a los emprendimientos productivos contaminantes particulares, que enfrentan el interés del estado y de las empresas por un lado y el interés de las familias del lugar por otro. Conflictos de clases sociales en un sentido más amplio si tenemos en cuenta que, como enseñaba Illich (6), superado cierto quantum de energía que se extrae de un ecosistema, éste se vuelve insostenible y no puede regenerarse a un ritmo que compense la extracción de materiales del mismo, y a la vez la gestión de ese alto nivel de energía conlleva necesariamente a una sociabilidad jerárquica y vuelve a la sociedad autoritaria.
Notas: (1) 2008-09-30 – Encuesta Medio Ambiente, Equipos Mori – [Url: http://www.dinama.gub.
El autor tiene un blog personal en el que se puede encontrar el artículo: http://elvichadero.blogspot.