El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Abdel al-Zayani, se reunió ayer con el presidente yemení. Ali Abdalah Saleh, a quien propuso la formación de un Gobierno de unidad nacional, encabezado por la oposición, al que seguiría la cesión del poder por parte del mandatario al vicepresidente, Abdo Rabo Mansur Hadi, y […]
El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Abdel al-Zayani, se reunió ayer con el presidente yemení. Ali Abdalah Saleh, a quien propuso la formación de un Gobierno de unidad nacional, encabezado por la oposición, al que seguiría la cesión del poder por parte del mandatario al vicepresidente, Abdo Rabo Mansur Hadi, y el cese inmediato de las manifestaciones, con el objetivo de preparar al país para unas elecciones.
Una fuente gubernamental indicó a AFP, bajo la condición de anonimato, que «el presidente presentará su dimisión a la Cámara de Representantes en un plazo de treinta días» desde la firma de un acuerdo para la transferencia del poder a su vicepresidente, al término del cual el presidente interino y el Gobierno de unidad procederán a organizar unas elecciones presidenciales que se celebrarán en un plazo de dos meses. Hasta la elección de un nuevo mandatario, Saleh ejercería de presidente honorífico.
Ni las autoridades yemeníes ni la oposición dieron a conocer su posicionamiento respecto a la propuesta de los mediadores para cerrar la crisis, pero la Embajada de Yemen en Washington confirmó ayer que Saleh había recibido la propuesta y que el partido del presidente comunicaría su posición oficial en un plazo de 24 horas. En caso de ser aceptada por ambas partes, tendrían un mes de plazo para formar un Gobierno de unidad y para la transferencia de los poderes presidenciales.
El 22 de marzo, Saleh anunció su disposición a entregar el poder antes de que termine este año, pero la oposición pide su salida inmediata. Hace diez días, los principales partidos opositores rechazaron una propuesta de diálogo del CCG, integrada por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Omán y Kuwait, que incluía la marcha de Saleh, pero sin establecer fechas.
Ayer mismo, el presidente afirmó en un discurso televisado que resistirá en el poder a pesar de las protestas diarias contra su régimen y rechazó «la conspiración y las intentonas golpistas», al tiempo que instó a confiar en las urnas a quienes quieren acceder al poder.
Viernes de movilizaciones
Dada la actitud intransigente del jefe del Estado y su negativa a dejar el poder, los manifestantes antigubernamentales, que desde mediados de febrero permanecen acampados en «la plaza del Cambio» de Sana’a, con el apoyo de la oposición, llamaron para hoy a un nuevo día de movilizaciones, que bautizaron como «viernes de la última oportunidad». El partido del presi- dente Saleh ha convocado contramanifestaciones para el «viernes de la reconciliación», por lo que es probable que se produzcan disturbios.
Fuertemente cuestionado en las calles, a Saleh se le ofreció «dejar el poder a cambio de no ser juzgado», señaló a AFP Hassan Zayd, líder del opositor partido islamista Al-Haq. A su juicio, esa propuesta prevé «la dimisión de Saleh y la promulgación de una ley de amnistía», que garantice que será perseguido tras dejar el poder. Esa oferta «espera la aprobación del presidente», manifestó Zayd.
«El señor Saleh sabe que tiene los días contados», sostuvo Zayd, quien agregó que «cuanto antes presente su renuncia, más oportunidades tendrá de lograr garantías». «Si tarda en dimitir y continúa el derramamiento de sangre, reducirá sus posibilidades de obtener garantías» para no ser juzgado, advirtió Zayd.
El movimiento de revuelta popular que realiza manifestaciones casi diarias desde finales de enero exige la salida inmediata del presidente y debido a la sangrienta represión de las protestas, que se ha cobrado más de 130 vidas, reclama que sea juzgado.
Al-Assad da luz verde al levantamiento del estado de emergencia
El presidente sirio, Bashar al-Assad, firmó ayer tres decretos, entre ellos el que deroga el estado de emergencia en vigor desde 1963, una de las principales exigencias de los manifestantes contrarios a su régimen.
Al-Assad también aprobó la disolución del Tribunal de la Seguridad del Estado, un tribunal de excepción que se estableció para reemplazar al Tribunal Militar de Excepción con sus mismas prerrogativas, y cuyos fallos son inapelables. «Todos sus procesos (actualmente en curso) serán examinados por tribunales competentes», explicó la agencia oficial Sana.
El tercer decreto respalda una nueva ley que garantiza el derecho a celebrar protestas pacíficas, que son «un derecho fundamental garantizado por la Constitución», informó la televisión siria. «Tenemos que conciliar la seguridad y el derecho de manifestación, que permita a las autoridades proteger los bienes públicos y privados», dice el decreto.
Se desconoce si, a partir del decreto, estado de emergencia queda completamente derogado o si la norma necesita ser ratificada en el Parlamento, algo que sería puro trámite.
El presidente del Observatorio sirio de Derechos Humanos, Rami Abdel Rahmane, calificó de «paso positivo» el levantamiento del estado de emergencia, mientras que el histórico dirigente opositor Haitham al-Malah advirtió de que es una medida «inútil» si no va acompañada de mecanismos que garanticen la independencia del sistema judicial y la rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad.