No es una pose mediática. Las organizaciones españolas de la campaña de control de armas han enviado una carta oficial al Gobierno para pedirle una reunión: quieren explicaciones por las operaciones de exportación de armamento a países «muy preocupantes» y sobre el acuerdo comercial desvelado por periodismohumano entre una empresa española y un proveedor del […]
No es una pose mediática. Las organizaciones españolas de la campaña de control de armas han enviado una carta oficial al Gobierno para pedirle una reunión: quieren explicaciones por las operaciones de exportación de armamento a países «muy preocupantes» y sobre el acuerdo comercial desvelado por periodismohumano entre una empresa española y un proveedor del Ejército de Israel para vender tecnología de aviones no tripulados.
El contenido confirma lo que adelantábamos semana pasada, no aporta detalles nuevos pero sí le da oficialidad al asunto y puede ser el inicio de un debate público para los próximos meses. Así que hemos pensado que si vamos a hablar de la exportación y venta de armas en España, de los países que las compran y de las dudas legales que puede haber respecto a algunos casos, lo mejor es contextualizar un poco. Aprender a quién va dirigida esa carta.
Aprender y contar por qué cuando hablamos de armamento no hablamos de libre mercado, así, a secas. Aprender y contar no solo lo que nos podría decir la moral, la ética y las buenas intenciones de cada uno sino lo que dice la ley, que esa sí que es solo una y está para todo el mundo.
La fabricación de armamento y la negociación con sus compradores corresponde en España a empresas privadas. Las compañías se buscan la vida, llegan a acuerdos con Gobiernos, proveedores de ejércitos extranjeros, empresas de seguridad o colectivos interesados. Y ese acuerdo se lleva a una mesa, que es la única que puede autorizar la operación.
Esa mesa es la de la JIMDDU [Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Defensa y de Doble Uso], un órgano integrado en el organigrama del ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esa mesa la preside la Secretaria de Estado de Comercio y, en su ausencia, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Entre los vocales destacan el Director de Inteligencia del CNI, el de Asuntos Estratégicos y Terrorismo del ministerio del Interior, y otros cargos policiales y comerciales. Ahora volvemos a este punto, pero antes un poco de historia.
La JIMDUU tiene su origen en la antigua Junta Reguladora de Exportación de Armas y Explosivos, creada en 1971 por el gobierno de Luis Carrero Blanco ante «la importancia cada día mayor» que estaba adquiriendo el comercio de ese tipo de material. En 1978, pocos días antes de la promulgación de la Constitución, el gobierno de Adolfo Suárez convierte la junta en «interministerial» para «ampliar su campo de acción a todo el comercio exterior» de armas.
A finales de los ochenta, «la complejidad creciente» del sector y «los nuevos compromisos internacionales de España» ponen definitivamente al día este importante órgano de decisión, que tradicionalmente ha estado vinculado a nuestros intereses comerciales. Sin embargo, entre 1998 y 2004, la JIMDDU se encuadró en el organigrama del Ministerio de Economía y Hacienda, y en ella se sentaban tanto el Director General de la Policía como el Director General de la Guardia Civil.
Tras la llegada al poder del gobierno de Rodríguez Zapatero, la junta volvió a formar parte del ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En 2007, todos los grupos parlamentarios del Congreso aprueban una ley que deja muy satisfechas a las organizaciones sociales de control de armas.
Su ejecución y seguimiento es lo que está sembrando más dudas en tres aspectos:
1. De luces y taquígrafos
La venta de armas en España es hoy más transparente que hace cuatro años. Anualmente, el cargo político que encabeza la comisión [desde 2008, la Secretaria de Estado de Comercio es Silvia Iranzo] comparece a petición del Congreso para que informe sobre «las estadísticas del último período de referencia». La próxima cita tendrá lugar en junio y con los datos del año 2009. Además, el Gobierno debe enviar cada seis meses al Congreso información sobre las exportaciones del material de defensa «con indicación, al menos, del valor de las exportaciones por países de destino y categorías descriptivas de productos, las asistencias técnicas, el uso final del producto, la naturaleza pública o privada del usuario final y las denegaciones efectuadas». Las cifras correspondientes al primer semestre de 2009 fueron las que analizamos en este reportaje de periodismohumano.
Pero aquí terminan las obligaciones de la junta en materia de publicidad, porque sus actas son secretas. Aparte de esos balances semestrales, no hay registro público de las reuniones que se mantienen una vez al mes para analizar y autorizar o denegar las operaciones solicitadas. Las organizaciones sociales plantean que no pueden hacer un ejercicio de seguimiento útil si no conocen las operaciones inmediatamente después de haber sido autorizadas.
La Ley de Secretos Oficiales, firmada por el general Franco en abril de 1968, establece que «podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos […] cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Según esa ley, corresponde entre otros al Gobierno decidir qué materias estatales son «reservadas», y en 1986, un Consejo de Ministros presidido por el socialista Felipe González decidió otorgar la «calificación de reservado» a «la producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico». Así consta en la respuesta a una pregunta parlamentariia (pdf) del diputado José Antonio Trillo en 1987. Como señala el profesor Eduardo Melero Alonso en su ensayo «El secreto oficial en las ventas de armas» (pdf) , un informe del ministerio de Comercio constató en 1995 que otro acuerdo del Gobierno González había clasificado como secretas en 1987 las actas de la JIMDDU.
2. ¿Demasiada ley para tanta selva?
Otro aspecto que había suscitado el optimismo de las organizaciones y políticos que llevan décadas trabajando por la exportación responsable de armamento era el artículo 8 de esa ley de 2007, que dice muy claramente que no se pueden autorizar exportaciones a países o zonas en conflicto, a países o zonas donde se violen los derechos humanos o a clientes que no ofrezcan garantías. Incluso cita expresamente los indicios de «represión interna» como motivo para rechazar una operación.
Y, sin embargo, solo en el primer semestre de 2009, países como Israel, Guinea Konacry, Marruecos, Colombia, Sri Lanka han comprado armamento español con permiso de la junta. También hay acuerdos de colaboración bilateral en materia de Defensa, como el que han reforzado Israel y España, cosa que provoca alianzas de empresas españolas con clientes no cumplen los requisitos de la ley. Y más: hay planes de inversión pública para fomentar tecnologías que, tal y como está el mercado, solo tienen salida para un uso militar muy polémico, como el caso de los aviones no tripulados.
La ley en vigor es garantista pero tiene que luchar contra la inercia de una maquinaria pesada cargada de intereses. El dibujo del tablero también tiene que ver. En la junta «hay demasiadas personas que representan al ministerio de Comercio», nos dicen desde la campaña de control de armas, «con lo que la conveniencia comercial a veces pesa más que la propia ley».
3. Cuestión de criterios
Las decisiones en la mesa de la junta interministerial se toman teniendo en cuenta, según la ley, los informes publicados por organismos internacionales, por Naciones Unidas y por las organizaciones «de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos». Es decir, que si Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por ejemplo, dicen que cierto país no es un destino deseable, la junta debe tenerlo en cuenta y denegar las exportaciones. Basta volver a repasar el listado de exportaciones de la primera mitad del año pasado para comprobar que hemos vendido armas a países que nunca serían recomendados por las organizaciones que son, oficialmente, la fuente de documentación vinculante.
¿Qué tipo de informes se están consultando?, se preguntan las ONG, que no tienen claro cuál es el criterio, cuáles son los documentos en los que se basan para autorizar esas exportaciones.
A pesar de estos tres agujeros negros que separan la dimensión legal de la dimensión real, las organizaciones que firman la carta mantienen el optimismo: la ley está de su parte y el Gobierno es el que debe cumplirla. Dos años pueden parecer pocos para cambiar mecanismos legales, inercias de mercado y presiones diplomáticas, pero se esperan reacciones a corto plazo.
Fuente: http://periodismohumano.com/economia/la-mesa-en-la-que-se-autoriza-la-venta-de-armas-en-espana.html