Los Mossos (y las Mosses) d’Esquadra, con la inclasificable -o fácilmente clasificable según se mire- dirección política de Felip Puig el sucio, y sus colegas afines, están efectuando detenciones a lo largo de este lunes 3 de octubre (y, por lo que parece, también en días anteriores). Usan para ello las imágenes obtenidas el 15 […]
Los Mossos (y las Mosses) d’Esquadra, con la inclasificable -o fácilmente clasificable según se mire- dirección política de Felip Puig el sucio, y sus colegas afines, están efectuando detenciones a lo largo de este lunes 3 de octubre (y, por lo que parece, también en días anteriores). Usan para ello las imágenes obtenidas el 15 de junio de 2011, durante la concentración que se efectuó en el Parc de la Ciutadella, a la entrada del Parlament de Catalunya.
En el momento en que escribo estas líneas, tarde de 3 de octubre, ya se han llevado detenidas a varias personas. Seis en total si no ando errado.
El movimiento 15M ha convocado a toda ciudadanía barcelonesa a la Plaza de Catalunya, la plaza de los indignados, esta misma tarde del lunes, 3 de octubre, a las 19 horas. No hace falta explicitar las razones, se imponen con claridad y rabia: protesta contra las detenciones y discusión de los diversos procedimientos de respuesta y resistencia que deberemos poner en marcha.
En el comunicado que han emitido «los acampados barceloneses» [1] -titulado, con evidente acierto, «Contra el proceso represivo al movimiento 15M»- se informa que con fecha de hoy han sido practicadas al menos tres detenciones a raíz de la protesta que tuvo lugar a las puertas del Parc de la Ciutadella de Barcelona. El movimiento expresa su apoyo a todas las personas que pueden verse represaliadas por estos hechos y el rechazo al proceso jurídico-político que ha abierto la Audiencia Nacional, la mismísima audiencia nacional que cada día se parece más al Tribunal de Orden Público del franquismo!
Tanto el consejero de Interior del gobierno de la Generalitat, prosigue el comunicado, como el magistrado de la AN Eloy Velasco (luego les doy un breve apunte sobre él) están impulsando una operación represiva contra un movimiento social, masivamente apoyado, que está haciendo frente a la política de recortes en ámbitos tan esenciales para la ciudadanía trabajadora como la educación y la sanidad. En lugar de prestar atención al malestar popular contra la crisis y los recortes antisociales, los poderes fácticos -¿les suena el término?- «responden con la presión y criminalización de la disidencia!
A todo ello hay que añadir esta, y el punto es muy importante, el papel fundamental jugado por una colectivo tan antidemocrático -tan fascistoide, por decirlo rápido pero no erróneamente- y tan poco representativo como Manos Limpias-Sucias en el proceso. Ellos, este colectivo jurídico-político con pieles de objetividad falsaria de extremísima derecha, envueltos en un nombre años-luz alejado de su verdadera esencia ni de sus finalidades básicas, «han sido los impulsores del proceso, presentando una querella criminal contra el 15-M ante la AN».
Los activistas que afrontan este procedimiento son acusados de un delito «contra las instituciones del estado», delito que, según parece, nunca ha sido aplicado a las múltiples protestas realizadas hasta el momento ante los diversos parlamentos autonómicos, ante el Congreso o ante el Senado. Tampoco en 1984 cuando, recuerda oportunamente el movimiento de los acampados, una multitud vociferante y altamente agresiva de militantes y simpatizantes de CiU, congregados a las puertas del Parlament catalán, protagonizaron una protesta mucho más contundente que la del 15J -nada que ver de hecho- contra los diputados del PSC (PSOE). Contra Jordi Pujol y a sus hazañas financieras en Banca Catalana nadie podía alzar la voz. Los entonces dirigentes convergentes, que también entonces gobernaban, no hicieron referencia alguna a la honorabilidad de una de las máximas instituciones del país. Ahora toca decir lo que entonces no se dijo. Eran entonces tiempo de insultos, percusiones y agresiones. Ellos fueron los causantes; el país era suyo y siguen creyendo que el país es suyo.
Ni que decir tiene que la protesta del 15-M fue netamente instrumentalizada y exagerada por el conseller Felip Puig el amenazante y el gobierno de los mejores (falsarios) en su totalidad. ¿Recuerdan aquellas infames imágenes, ridículas hasta el vómito, made in USA-TV3, con la llegada del president de la Generalirar y otras autoridades en helicóptero al Parlament?
Los indignados denuncian con razón uno de los objetivos de CIU: desviar la atención pública de lo que estaba pasando dentro del hemiciclo, «donde se debatían unos presupuestos antisociales absolutamente ilegítimos, en tanto que no constaban en ningún programa electoral y no pasaron por ningún referéndum vinculante». Tienen razón. Cuatro días más tarde, sólo cuatro días más tarde, a pesar de la campaña de manipulación jamás vista en estos lares, el domingo 19 de junio, un domingo para la historia social de la Catalunya resistente, una marea humana de más de 200 mil personas «respondió tanto al montaje político como a los graves recortes sociales sufridos por la población catalana en los últimos meses».
Por su parte, La Vanguardia en su edición electrónica [2], recuerda que se atribuye a los detenidos «un delito contra Altos Organismos de la Nación. El juez Eloy Velasco ha imputado a 22 personas por los incidentes del Parlament. Se imputa a todos ellos un delito contra Altos Organismos de la Nación, castigado con penas de entre tres y cinco años de cárcel, por los «actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica» que se produjeron al objeto de «impedir la asistencia a sus sesiones y a entorpecer su labor».
Desde primera hora de este lunes 3 de octubre los Mossos d’Esquadra han comenzado a localizar a los imputados y les han trasladado a comisaría, donde les han tomado declaración y les han entregado las correspondientes citaciones judiciales. Según ha afirmado la policía catalana, una vez realizados estos trámites, los arrestos quedan sin efecto. A primera hora de esta mañana los Mossos tenían localizados en sus domicilios a 6 de los 22 imputados.
Las imputaciones se han producido después de que el juez Velasco solicitara a la policía autónoma catalana que identificara a las personas que participaron en los hechos del Parlament y que le enviaran las imágenes que fueron grabadas en las inmediaciones.
La fiscal Teresa Sandoval solicitó que se impusiera a Manos Limpias una fianza de 50.000 euros para poder personarse en esta causa en un escrito en el que le acusaba argumentadamente de pretender establecer «una inquisición general» contra todas las actividades del 15-M. El juez Velasco acordó rebajar esa petición a 3.000 euros. ¿Por qué? Por «el interés ciudadano» que tenía «la persecución de delitos que afectan a sus instituciones esenciales, cual es el caso del Parlament». ¡Nada de ideología, objetividad jurídica en estado puro! ¡Menudo cuento! Destacó igualmente el señor juez la necesidad de «permitir el legítimo ejercicio de la acusación popular, compatibilizándolo con la intención legal de resarcir en su caso los hipotéticos daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso inadecuado de esta institución procesal».
La Fiscalía apuntó en su escrito que las actuaciones de Manos Limpias eran «difícilmente compatibles con el legítimo interés de que se imparta justicia». No es para menos. Pedían que se investigaran en un mismo procedimiento otros incidentes que se produjeron en Madrid, Valencia, Getafe o Alcalá de Henares. Todo en uno. A buen juicio de la fiscalía, la pretensión de los querellantes «quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución, y particularmente proscrita por la doctrina constitucional».
En cuanto al juez, Eloy Velasco Núñez accedió a la Audiencia Nacional en junio de 2008, nombrado a propuesta de la anterior Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comisión de mayoría claramente rancio-conservadora. Fue el señor juez director de Justicia en dos gobiernos de Eduardo Zaplana, nada menos, y fue el juez que no paró de iniciar procesos de persecución contra activistas por el caso de Venezuela, las FARC y ETA. Todo un juez español (y ñol). También ha estado implicado en alguno de los juicios a los que ha sido sometido Arnaldo Otegui por «enaltecimiento del terrorismo».
¿Les suena toda esta atmósfera político-judicial? Efectivamente: casi como en los viejos tiempos. ¿Ven cambios sustantivos en el proceso y en las finalidades?
Notas:
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.