Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Charlotte Silver analiza los efectos de las leyes sobre la tierra aprobadas por el Parlamento israelí. Los palestinos se enfrentan a expulsiones masivas a una escala que recuerda a 1948.
Los palestinos consideran que la Ley de la Administración de la Tierra de Israel (ILA, por sus siglas en inglés), discretamente aprobada por el Knesset israelí [Parlamento] en 2009, es el estadio final del proceso de desplazamiento de su tierra inciado hace 62 años. Se espera que esta legislación tenga un impacto desastroso y a largo plazo sobre las vidas de los palestinos, e cierra la posibilidad de una resolución negociada del conclicto.
Esta legislación es un paso más en una transición gradual desde un gobierno basado en la asistencia social a otro basado en las políticas neoliberales que empezaron en la década de 1980. Esta evolución dio recientemente un paso dramático cuando Israel aprobó unas leyes que privatizan su tierra, que ha sido históricamente propiedad del Estado. Aunque los medios de comunicación han prestado muy poca atención a este acontecimiento, esta ley tiene unas consecuencias profundas para los palestinos.
A diferencia de la mayoría de los países, Israel ha mantenido el control y propiedad estatal sobre la mayor parte de su tierra. Durante el establecimiento del Estado en 1948 Israel expulsó a más de 700.000 palestinos de unos 400 pueblos y ciudades, lo que los palestinos llaman la Nakba o catástrofe. Desde entonces, las tierras de propiedad pública suponen el 93% del territorio del Estado.
«El Estado nacionalizó toda la tierra en 1948 para facilitar el robo de tierra a los palestinos y el cedérsela a los judíos», comentó a The Electronic Intifada Shir Hever, un economista del Alternative Information Center.
Israel elaboró un sistema en el que el Estado daba a israelíes y palestinos el usufructo de sus propiedades. Sin embargo, en agosto de 2009 el Knesset dio el primer paso para acabar con este sistema aprovando la ILA, a la que también se denomina Ley de Reforma de la Tierra. Esta ley permite al Estado transferir la propiedad de toda la tierra desarrollada a un individuo, a una compañía privada o a una corporación. Con un desprecio mayúsculo del derecho internacional, la Ley de Reforma de la Tierra de Israel se aplica no sólo a la tierra dentro del Israel, sino también a los ocupados Jerusalén Oriental y Altos de Golán, que Israel se anexionó en 1981 en violación del derecho internacional.
La aprobación de esta ley tiene unas graves consecuencias para los palestinos desplazados internos que viven en Israel y para los refugiados palestinos dispersos por todo el mundo. Durante mucho tiempo los palestinos han mantenido la reivindicación legal de volver a la tierra de la que fueron explulsados por la fuerza y se han aferrado la esperanza de retornar.
«Esta es la última fase»
«Esta es la última fase. Se confisca la tierra, se usas para lo que se quiera; la última fase es venderla», afirmó Suhad Bishara, abogado de la organización israelí de derechos humanos y civiles Adalah.
Una parte significativa de la tierra propiedad del Estado de Israel se adquirió por medio de la expropiación y confiscación de propiedades palestinas durante la desposesión de 1948 e inmediatemente después de ella. Por medio de leyes posteriores a éstas, especialmente a través de la Ley de Propiedades Ausentes (1950) y la Ley de Adquisición de la Tierra (1953), Israel pudo impedir sistemáticamente el retorno de los refugiados palestinos que habían huido o habían sido expulsados de sus hogares en 1948.
Estas confiscaciones han continuado hasta la actualidad. Por ejemplo, para obtener un permiso de construcción hay que entablar un prolongado, burocráticamente arduo y muy costoso proceso que supone un obstáculo insuperable para que los palestinos puedan construir «legalmente». Esto da a Israel la excusa para demoler sin miramientos casas palestinas y confiscar sus tierras.
Mientras las aparentemente sin fin negociaciones de paz empiezan su decimoséptimo año, Israel ha estado haciendo planes discretamente para vender esta misma tierra.
«La privatización de todas estas tierras es básicamente acabar con toda esta historia. El Estado ya no es depositario. Hay terceras partes (que son individuos y empresas) que tendrán voz y voto, porque ellos son los depositarios, los dueños de la tierra», añadió Bishara.
El economista Shir Hever explicó que al trazar líneas de propiedad y cambiar el registro de la tierra, a los palestinos les costará aún más reivindicar sus tierras o pedir compensaciones por ella.
«La reforma de la tierra afectará fundamentalmente a los palestinos que viven dentro de Israel y a los refugiados palestinos porque se puede usar el volver a trazar las líneas de propiedad y el cambiar el registro de la tierra como una herramienta para ocultar la prueba de una propiedad palestina de la tierra que fuera anterior y dificultar aún más a los refugiados la reivindicación de que les devuelvan sus propiedades o de una compensación apropiada», afirmó Hever.
«Esto significa que una vez que sean privatizadas las propiedades, no se puede pedir en ningún momento que las devuelvan», afirmó Bishara.
Neoliberalismo y ultranacionalismo
«La fecha escogida para la reforma [de la ley] coincide con un profundo cambio dentro de Israel desde un modelo republicano de un Estado de bienestar ultranacionalista y fuerte a un nuevo modelo de neoliberalismo en el que se mantiene el ultranacionalismo», afirmó Hever.
La intención declarada de la Ley de Reforma de la Tierra es mejorar la eficiencia disminuyendo la burocracia del gobierno y su intrusión en la actividad del libre mercado. Sin embargo, Hever afirma que esto es un mero disfraz. Explica que la decisión de privatizar la tierra ahora se arraiga en el deseo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de atraer a la clase alta y a los capitalistas de la propiedad inmobiliaria del país anticipándose a un empeoramiento de la situación económica dentro de Israel reflejo de las actuales dificultades económicas de Occidente.
«Existen muchas manera de tratar la falta de eficacia y el enfoque del ‘libre mercado’ es sólo uno de tantos. Favorece a los ricos y les da la posibilidad de manipular el mercado creando monopolios locales. [Por ejemplo,] una vez que un o una magnate de la propiedad inmobiliaria se ha apropiado de toda la tierra disponible en determianda zona, puede establecer el precio para cada persona que desee vivir ahí. En mi opinión, ésta es la verdadera razón de la reforma; Netanyahu necesita el apoyo de las personas ricas que también financian sus campañas», señaló Hever.
La ciudad de Jaffa proporciona un ejemplo clarividente de los estragos que el desarrollo privado puede causar en las vidas de la población originaria palestina. Aquí se puede ver cómo el esquema neoliberal se puede utilizar en sí mismo como un dispositivo de limpieza étnica. Desde la década de 1960 la ILA vendió la tierra de Jaffa a los mejores postores. El resultado de ello fue la proliferación de complejos de elegantes bloques de pisos y casas a lo largo de la atractiva línea costera, lo que empujó a la población originaria palestina a barrios superpoblados y carentes de servicios.
Según el Dr. Yosef Rafiq Jabareen, profesor del Instituto de Tecnología de Haifa, la privatización de la tierra en las ciudades de todo Israel significaría el estadio final de la expulsión forzada de los palestinos de su patria iniciada en 1948. Con la privatización las propiedades de los palestinos se venderían a precio de saldo a capitalistas y promotores inmobiliarios.
Según Adalah, «la legislación llevaría finalmente a transferir la propiedad, incluso sin pagar, a arrendatarios judíos y a liquidar lo que queda de las propiedades palestinas en las principales ciudades de Israel, como Jaffa, Ramala, Lod, Beer Sheva, Tiberias, Beit Shean, Haifa y Acre, así como de las propiedades palestinas en Jerusalén Oriental. Así, se completaría la Nakba palestina en estas ciudades en el futuro cuando el espacio palestino que ha existido durante muchas generaciones se elimine finalmente y se convirta en un caso de bienes inmobiliarios privatizados para el disfrute de promotores inmobiliarios, magnates e individuos judíos» («The Geo-Political and Spatial Implications of the New Israel Land Administration Law on the Palestinians», boletín de Adalah, Volumen 62, julio de 2009).
Sin embargo, la Ley de Reforma de la Tierra va más allá de este prototipo que utiliza la competencia del libre mercado como una herramienta para expulsar a los residentes palestinos. Dentro de la ley y en un acuerdo previo con el Fondo Nacional Judío (JNF, por sus siglas en inglés), Israel ha asegurado que esta organización será un influencia dominante y que dirija cómo se deberán llevar a cabo en adelante las transacciones de venta de tierra.
Al garantizar que las ventas de tierra vayan fundamentalmente a compradores judíos la Ley de Reforma de la Tierra ha reestructurado la ILA de manera que ésta cede un control considerable al JNF. El Consejo de la Autoridad de la Tierra recibirá al nuevo organismo del gobierno que supervisa la venta de las tierras del Estado. El JNF, una organización cuyos estatutos prohíben directamente arrendar ninguna de sus tierras a residentes no judíos, contará ahora con 6 de los 13 puestos de los miembros del Consejo de la Autoridad de la Tierra.
Con la consolidación del poder del JNF sobre el proceso de privatización es imposible caracterizar esta reforma comocarente de una agenda política. El plan de Israel de vender tanto las tierras de los refugiados palestinos como las tierras de los ocupados Altos de Golán y Jerusalén Oriental contradice cualquiera de sus fingidos gestos de Israel en relación a comprometerse con la comunidad internacional en una solución real para la paz.
Fuente: http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article1620