Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos
Jamila Moussa tenía 19 años cuando ella y su marido huyeron de Kfur Yassin, su pueblo en Akka, al norte de Palestina. Acababan de tener su primer hijo, Nicolás, que ahora tiene los suyos. Huyeron temiendo por su seguridad y con la esperanza de volver en cuestión de semanas. Desde aquel día Moussa ha sido testigo de varias guerras, aunque ninguna de ellas en Palestina. En una entrevista que le hizo esta primavera Al-Ahram Weekly en su casa en el campo de refugiados de Dbayye en Líbano recordó que la fuerza de su expulsión «fue de una violencia como yo no había visto antes nunca o de la que nunca había sido testigo. Los británicos solían quemar casas, es cierto, pero los judíos arrasaron nuestros hogares de que manera que ya no existieran».
Aunque Moussa pronto cumplirá 80 años, cuenta su historia con sorprendente detalle, quizás porque siente el implacable paso del tiempo. Ha transmitido innumerables veces sus recuerdos a sus hijos y nietos, todos los cuales nacieron refugiados, para recordarles quiénes son. Ahora, a las puertas de 60 aniversario de la Nakba (catástrofe) de la fundación del Estado de Israel en 1948, su relato adquiere un nuevo significado. De los seis millones y medio de refugiados palestinos dispersos por el mundo, unos pocos de ellos, que son valiosísimos, poseen recuerdos de primera mano de su hogar.
Con frecuencia la discusión sobre la Nakba trata de limpieza étnica de palestinos (las masacres, la despoblación de más de 420 pueblos y las desposesión de al menos 700.000 palestinos que culminó en 1948) como algo perteneciente al pasado, llorado anualmente cada 15 de mayo mientras las presiones para olvidarlo o incluso pasarlo por alto son cada vez mayores. Sin embargo, cuando nos acercamos al sesenta aniversario del establecimiento de Israel, literalmente sobre Palestina, es importante señalar que en los últimos años varios escritores han señalado la continuidad de la Nakba.
Es más, no han cesado los crímenes que culminaron en torno a 1948 (aunque en ningún modo empezaron aquel año, como ha demostrado el escritor palestino Salman Abu Sitta). La masacre de Jenin el 11 de abril de 2002 no está separada, en términos políticos, históricos o legales, de la masacre de Deir Yassin el 9 de abril de 1948. Ambas masacres no sólo implican que se cometieron crímenes masivos, incluyendo el asesinato de niños, sino que ambas son crueles manifestaciones de la negación histórica por parte de Israel del derecho a la autodeterminación palestino, un derecho que en el derecho internacional tiene un carácter perentorio. La justicia (y el crucialmente importante tiempo) sigue estando del lado de Palestina y de manera irrevocable, a pesar del derramamiento de sangre, del robo de tierra y de la agonía de la desposesión.
«En todo examen adecuado de crímenes deliberados hay que buscar la intencionalidad que subyace en el crimen», declaró a Al-Ahram Weekly el abogado de derechos humanos asentado en Gran Bretaña Amr El-Bayoumi. Como demuestran incontables declaraciones hachas por dirigentes sionistas e israelíes desde el inicio de Israel hasta el día de hoy, el propósito de la política de Estado israelí no es otra cosa que la destrucción de los palestinos.
En 1937, David Ben-Gurion («padre fundador» de Israel y el primero de sus primeros ministros) pronunció la frase claramente criminal: «Debemos expulsar a los árabes y ocupar sus lugares, y si tenemos que usar la fuerza [entonces] tenemos fuerza a nuestra disposición». De manea más descarnada, en 1969 la primera ministra israelí Golda Meir negó totalmente la existencia de los palestinos diciendo «no existe algo como un pueblo palestino». Más recientemente, en 1989, el ex-primer ministro Benyamin Netanyahu comentó: «Israel debería haberse aprovechado de la represión de las manifestaciones en China, cuando la atención del mundo estaba centrada en este país, para llevar a cabo expulsiones masivas de árabes de los territorios». Y en 2001 el ex-ministro de Turismo y defensor de la política israelí de los llamados asesinatos extrajudiciales, Rehavam Zeevi, dijo: «Cada uno de ellos eliminado es un terrorista menos con el que tenemos que combatir».
Estas declaraciones políticas se corresponden directamente con los crímenes de Israel contra los palestinos durante los últimos 60 años hasta llegar al actual asedio a Gaza (que, según el derecho internacional, constituye un castigo colectivo y es ilegal). Según el derecho internacional esta destrucción intencionada constituye genocidio. Según la Convención sobre la Prevención y Prohibición del Crimen de Genocidio, adoptada en 1948, el genocidio se define como la comisión de uno o más actos «con la intención de destruir, completa o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso» e implica, entre otros actos, el asesinato de miembros de uno de los grupos nombrados y también la imposición «al grupo de condiciones de vida calculadas para ocasionar su destrucción física total o parcial».
En muy importante tener en cuenta que si la intención es crucial para entender los crímenes de Israel de transferencia [de población] y limpieza étnica contra los palestinos, sería erróneo desde el punto de vista histórico y legal considerar estos crímenes de otra manera que no sea dentro del mismo marco que los crímenes actuales de asesinatos extrajudiciales, de castigo colectivo y de privación de los derechos humanos fundamentales, incluyendo los derechos a la vida, la educación, el agua y el trabajo, y el no menos fundamental derecho a retornar al propio país. Como tales, ha sido demostrado por expertos legales, incluyendo a Monique Chemillier-Gendreau, que los crímenes de Israel durante la Nakba son violaciones continuadas, y no violaciones cometidas en el pasado y pertenecientes a éste. El hecho de que la realización de la política de Estado de Israel haya sido gradual no mitiga en absoluto la responsabilidad de Israel porque no hay limitaciones establecidas por la ley a la reparación de los crímenes masivos.
En el derecho público internacional «un crimen sigue siendo un crimen hasta que haya sido reparado», declaró a Al-Ahram Weekly el coordinador de Habitat International Coalition y abogado de derechos humanos, Joseph Shechla. Tal como se expone explícitamente en la resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, las reparaciones incluyen la restitución de las víctimas «a la situación original» antes de que ocurrieran las violaciones, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de que las violaciones no se repetirán.
Si Israel ha propuesto la compensación como un remedio para las expulsiones masivas cometidas durante décadas, lo ha propuesto de forma inadecuada, porque se ofrece la compensación «como parte de un paquete. No es el paquete», según Shechla. Es más, la compensación se debe ofrecer por los daños ocasionados a lo largo del tiempo, incluyendo la renta acumulada y los beneficios de la agricultura que tendrían los palestinos de no haber sufrido la Nakba. «Una manera de calcularlo sería teniendo en cuenta la economía israelí», afirmó Shechla.
Con todo, las compensaciones no absuelven a Israel de su responsabilidad de proporcionar remedios adicionales, incluyendo la restitución, que incluye el inalienable derecho al retorno. Incluso entre los jóvenes que nunca han visto Palestina, la posibilidad retornar sigue siendo un objetivo sagrado. «Si yo pudiera volver a Palestina, volvería inmediatamente», afirmó Arwa Saleh, un periodista de 25 años que vive en El Cairo. «¿Por qué iba a renunciar a mi derecho? No puedo imaginar que nadie lo haga».
Lo que revelan los análisis es que, como saben perfectamente bien los dirigentes israelíes y sionistas, y sus partidarios y donantes estadounidenses y europeos, la fundación y continuidad de Israel son en sí mismos crímenes de guerra porque el proporcionar un remedio adecuado no significaría deshacer la Nakba y el Estado que emergió a costa de ella. En este sentido, no sería en absoluto incorrecto invocar la responsabilidad de la comunidad internacional por su reconocimiento del Estado de Israel y la ayuda, tanto ideológica como material, que le ha estado proporcionando a lo largo de décadas.
Según Elna Sondergaard, profesora de derecho público internacional en la Universidad Americana de El Cairo, en ausencia de pasos para hacer cumplir la responsabilidad del Estado, a los abogados internacionales les incumbe asumirlo para «llevar ante los tribunales y organismos de derechos humanos casos» que se refieren a más de seis décadas de crímenes perpetuaos de Israel contra los palestinos. El fracaso en hacerlo socava toda fe en las soluciones legales y de este modo deja como única opción el recurso a la rebelión, afirmado como un derecho por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Es más, hasta que se emprenda una acción legal es inevitable que un número cada vez mayor de palestinos y árabes desposeídos abracen la resistencia directa. En esto tienen el derecho internacional de su parte, a cambio de los propios fracasos de éste.
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Enlace con el original: weekly.ahram.org.eg/2007/877/re82.htm