Como las ultraderechas europeas, Vox y un sector del PP han evolucionado del negacionismo climático a un falso ecologismo nacionalista que justifica la xenofobia.
España se quema. Está siendo el peor verano de incendios en nuestro país en los últimos 30 años. Las decenas de fuegos propagados durante el último mes y medio ya han calcinado más de 300.000 hectáreas, dejando al menos cuatro muertos, más de 30.000 personas evacuadas y multitud de casas y bosques carbonizados.
Esta tragedia también se está utilizando como arma política entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos de las comunidades autónomas más afectadas (Galicia, Castilla y León y Extremadura), donde gobierna el PP, en algunos casos con el apoyo de Vox.
Sin embargo, la disputa verbal sobre la logística y los efectivos desplegados, las carencias de medios técnicos para extinguir el fuego o la precariedad del personal de emergencias se ha extendido al terreno de la narrativa sobre el cambio climático. Vox no ha dudado en culpar de los incendios al “fanatismo climático” y a la Agenda 2030, y el PP también ha contribuido a construir el discurso antiecologismo difundiendo bulos y desinformación.
Ambos partidos, a través de figuras como Javier Ortega Smith o Isabel Díaz Ayuso, han asegurado que “las agendas ideológicas” prohíben limpiar montes, márgenes de ríos o desbrozar, algo que queda desmentido por el Artículo 48 de la Ley de montes. En 2019 Vox se negó a firmar una declaración institucional que relacionaba los incendios con el cambio climático tras alegar que tenía un “enfoque ideológico”.
Del negacionismo al ecofascismo
El cambio climático, como el feminismo, la violencia machista o la inmigración, es uno de los ejes del discurso reaccionario de la extrema derecha en todo el mundo. Ante la evidencia científica, los partidos ultra han dejado atrás el negacionismo simplista para reorientar la narrativa climática hacia el nacionalismo excluyente.
En este nuevo marco se sustituye la negación por la apropiación de discursos aparentemente verdes que legitiman políticas de jerarquización de la ciudadanía (los españoles primero) y de cierre de fronteras, desplazando el debate ecológico hacia el terreno de la identidad nacional. Así, las aduanas y la cultura se presentan como barricadas protectoras del medioambiente frente a la “saturación” que provocaría lo extranjero.
Otra de las estrategias de la extrema derecha para desplazar el foco de la amenaza climática es culpar al ecologismo por las consecuencias de diversos problemas sociales, como los incendios en España. Hace unos años, el líder del Partido Nacional Británico llegó a responsabilizar a los parques eólicos de la muerte por hipotermia de las personas mayores, y en Alemania el partido neonazi AfD acusó a las políticas verdes de aumentar el desempleo en sectores tradicionales.
El ecofascismo enfatiza la protección del “ecosistema nacional” frente a supuestas amenazas externas. Este discurso ha permitido a partidos de ultraderecha presentarse como defensores del medioambiente y del campo, pero circunscribiendo su visión al nacionalismo, no al ecologismo y la protección del entorno. El origen del término se remonta a los años cuarenta, cuando la propaganda nazi adoptó el concepto Blut und Boden (sangre y tierra) para justificar el vínculo entre pureza racial y tierra que romantizaba la vida agraria y la protección ambiental como parte integral de la nación.
Vox: localismo y xenofobia
En España, el giro del discurso negacionista clásico hacia el nacionalismo ecológico ha sido impulsado por Vox, aunque en los últimos años lo han incorporado diversos sectores del PP. La formación de Santiago Abascal ha adoptado una visión instrumental de la ecología, vinculándola con la defensa del agricultor local y la soberanía hídrica, a la vez que apuesta por una narrativa abiertamente xenófoba.
En el programa de Vox no hay ninguna medida que contemple crear más zonas verdes o reducir la contaminación; únicamente hablan de agricultores españoles, soberanía de los acuíferos y la deportación masiva de migrantes, muchos de los cuales son jornaleros del campo y trabajan en explotaciones agrarias. Hace tan solo unas semanas, Vox propuso la “remigración masiva” de “millones de inmigrantes y sus hijos”, e intentó justificar la medida no solo con argumentos de seguridad, sino también con la defensa de la identidad y la cultura españolas.
Poco a poco el PP ha ido incorporando parte del discurso y las propuestas de Vox a su propio programa, especialmente en materia de migración. El resultado es un discurso híbrido que tiene un gran calado en zonas rurales. Seduce a votantes que están preocupados por la crisis climática, pero les da el marco discursivo de la inmigración como amenaza para los recursos y la cultura locales.
Ecologismo identitario en Europa
En Europa, el discurso ecofascista ha adquirido formas distintas según el contexto nacional, aunque todos comparten la instrumentalización de la crisis climática y ambiental como argumento para justificar políticas antiinmigración.
En Francia, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen también ha mutado del negacionismo a una visión de la ecología como proyecto nacionalista. Le Pen apela a la protección de la producción local frente a la globalización y considera la inmigración como una amenaza tanto identitaria como medioambiental. Miembros del partido, como el eurodiputado Hervé Juvin, han propuesto defender el ecosistema nacional, y presentan la frontera francesa como un elemento “protector” frente al “nomadismo”.
Bajo esta “ecología patriótica” vinculada al localismo y la autosuficiencia, Le Pen ha vertebrado un discurso que impulsa la xenofobia, con la idea central de que sólo la población nacional cuida realmente de la tierra.
Aunque Marine Le Pen no niega abiertamente el cambio climático, varios dirigentes de su partido cuestionan su gravedad o que esté causado por la acción humana. Además, son habituales los ataques a instituciones científicas como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC), a las que acusan de alarmismo. También ignoran políticas de adaptación a un escenario de digitalización y evitan comprometerse a aplicar medidas para reducir emisiones de carbono.
Alternativa por Alemania, tradicionalmente negacionista del cambio climático, también ha evolucionado hacia posiciones proteccionistas basadas en el nacionalismo identitario. Si bien mantienen corrientes reticentes a asumir la crisis climática, varios sectores del partido han empezado a articular la defensa de “los recursos alemanes”. Esto se plasma en su rechazo a políticas migratorias de integración como al Pacto Verde Europeo. Se centran en remarcar que ellos priorizan al ciudadano alemán.
Caso similar es el de Italia, donde la Lega y Fratelli d’Italia han incorporado en su discurso ambiental la protección del agricultor local y la defensa del Made in Italy. El argumento identitario se mezcla con propuestas de soberanía alimentaria, la oposición al Mercado Común Europeo y el rechazo a las migraciones, de nuevo deslizando la idea de que los productos nacionales y las comunidades locales son más sostenibles y respetuosas con el entorno. El ecologismo, por tanto, se utiliza para reforzar la batalla cultural por la identidad italiana y justificar medidas proteccionistas y restrictivas.
En Europa central y oriental, Hungría y Polonia son los mayores referentes de cómo los partidos de extrema derecha asumen el discurso ambiental como parte de su estrategia para legitimar políticas excluyentes. En estos contextos, la protección del medio ambiente se convierte en excusa para exaltar la cultura nacional y culpar a migrantes o países vecinos de la degradación ecológica.
En todos los casos se observa una tendencia a enfocar la sostenibilidad desde la óptica de la “resistencia nacional”, donde la transición verde se convierte en un instrumento para proteger las capacidades nacionales y justificar una política migratoria restrictiva, que impide la entrada bajo supuestos como la “saturación ecológica” o el “agotamiento de recursos”.
Este enfoque contrasta con las políticas climáticas solidarias y redistributivas que apuestan por la justicia global, la cooperación y la equidad socioambiental. Mientras las primeras consolidan barreras y jerarquías de ciudadanía bajo la bandera de la ecología, las segundas defienden que la verdadera sostenibilidad implica un reparto justo de recursos y responsabilidades más allá de las fronteras.
En nombre de la seguridad y el control
El concepto ecobordering sintetiza esta tendencia. Los partidos de extrema derecha presentan el cierre de fronteras y el endurecimiento de las políticas migratorias como medidas de protección, también ambiental, justificando barreras físicas y tecnológicas bajo el pretexto de preservar lo nacional. Organizaciones como Adelphi han documentado los efectos de esta retórica en el entorno europeo actual, subrayando el peligro de que la respuesta climática derive en políticas abiertamente excluyentes bajo una falsa apariencia de sostenibilidad.
En 2021, los expertos británicos Joe Turner y Dan Bailey publicaron un estudio donde constatan esta estrategia de la extrema derecha de vincular las políticas fronterizas rígidas con la protección del medioambiente. Esta idea queda perfectamente resumida en las palabras que Marine Le Pen pronunció en 2019: “El ambientalismo es el hijo natural del patriotismo, que es el hijo natural del arraigo”, y “La mejor preservación del medioambiente es la defensa de las fronteras”.
Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente sobre adaptación al clima advierte de que los colectivos más vulnerables (personas mayores, con bajos ingresos o enfermedades) están soportando el mayor peso de los impactos climáticos, desde las olas de calor hasta las inundaciones o los incendios.
Precisamente quienes menos contribuyen a la crisis climática son los más afectados por sus consecuencias. Según un informe de Oxfam y el Stockholm Environment Institute, el 1% más rico produjo más emisiones que el 50% más pobre entre 1990 y 2020. Por lo tanto, es evidente que el proceso no afecta por igual a todos los sectores y clases sociales.
Es lo mismo que concluyen varios estudios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o el informe sobre transición ecológica publicado por el Observatorio Transición Justa, que evidencian cómo en todos los ámbitos vinculados al cambio climático se producen importantes desigualdades de género, renta y edad, que se trasladan también al proceso de digitalización. Por ejemplo, sólo una de cada siete personas ocupadas en empleos verdes en España es mujer, mientras que los mayores y quienes viven en situaciones de pobreza sufren con mayor intensidad el impacto de los desastres naturales.