La oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell, más allá de abrir una discusión sobre el sector bancario español y europeo, es una expresión de la centralización del capital que tiene a la lucha de clases y la acción del estado como formas concretas de realizarse. Visto así, con las herramientas de que dota la Crítica de la Economía Política, entonces nos podemos plantear si este movimiento empresarial nos acerca o nos aleja del socialismo.
La banca es un sector estratégico bajo sospecha. En tanto gestor (depositario y canalizador) de la forma general del valor —el dinero— y específicamente del capital dinerario es un sector imprescindible en la economía.
Sin embargo, su imagen en la opinión pública, tras la crisis y el rescate bancarios, ha sido objeto de críticas: cierres masivos de oficinas, digitalización forzada, exclusión financiera de mayores y rurales, destrucción de empleo, comisiones desproporcionadas, contratos poco transparentes o sueldos astronómicos en la alta dirección, entre otras cuestiones.
Algunas cifras ilustran la importancia del sistema bancario español: gestiona en torno a 2 billones de euros en depósitos y créditos, frente a un PIB de 1,5 billones; representa un 5 % del valor añadido bruto (VAB) nacional, algo por encima de la media europea, aunque emplea solo al 1 % de la fuerza laboral (frente al 1,3 % en Europa), lo que refleja su alta productividad.
Esto sería un buen argumento para los que defienden que el sector bancario español no necesita más concentración ni más eficiencia. Pero, eso niega la naturaleza del capital, caracterizado por la búsqueda incesante del plusvalor.
Así que, el 30 de abril de 2024, el BBVA propuso una fusión amistosa al Sabadell. Ofrecía una acción propia por cada 4,83 acciones del banco catalán, y tres puestos en el nuevo consejo. El 6 de mayo, el Sabadell rechazó la oferta por considerarla insuficiente. Poco después, el BBVA lanzó una OPA hostil (sin acuerdo entre las partes), acudiendo directamente a los accionistas (propietarios).
Desde entonces, se ha desencadenado un pulso de más de un año (mucho tiempo): en julio, BBVA logró respaldo accionarial y el Sabadell anunció beneficios récord; en septiembre, el BCE no vio riesgos de solvencia; en noviembre, la Comisión Europea dio luz verde invocando eficiencia y escala; en enero de 2025, el Sabadell anunció el retorno de su sede a Cataluña; en abril, la CNMC avaló la operación con condiciones; en mayo, el Gobierno abrió un proceso de consulta pública; en junio, anunció su aceptación condicionada. Aunque todavía no es formal esta posición (exigencias europeas, debilidad gubernamental, acuerdos con catalanes, vete tu a saber).
Esta cronología nos muestra la acción estatal (europea y española) y las escaramuzas entre capitalistas que acompaña a esta operación de compraventa de una empresa que, a pesar de no contar con el acuerdo de las partes, la ley tiene previsto un procedimiento donde intervienen elementos mercantiles y administrativos para que la situación se resuelva de la manera más ordenada posible sin que termine en una “guerra”. Destaco esta cuestión, más allá de apuntar a la misión pacificadora del estado capitalista, para exponer que el libre mercado, la libertad de negocio o de empresa, etc. que algunos enarbolan frente a un abstracto intervencionismo estatal es esto: una “libertad” apoyada, sustentada, en la acción administrativa y estatal. Frente a la falsa oposición que suele plantearse entre capital (o mercado) y estado, la realidad es la complementariedad del capital y el estado, y esta OPA nos lo vuelve a poner de frente.
Pero, la lucha de clases, política e ideológica, se expresa aun más claramente en las posiciones que los diferentes actores políticos adoptan en torno a este asunto. Y es que la OPA ha activado un tablero de posiciones contrapuestas. El Gobierno comenzó con un rechazo frontal, pero ha evolucionado hacia una aceptación condicionada en seis puntos (remedies): empleo, red de oficinas, crédito a pymes y autónomos, comisiones, compromisos territoriales (Cataluña, Valencia y Murcia) y seguimiento por parte del Ejecutivo y supervisores. Todo con un plazo temporal de 1,5 a 3 años.
Los sindicatos (CCOO y UGT) han sido tajantes en su rechazo: denuncian una posible pérdida de entre 7.000 y 10.000 empleos, cierre de más de 500 oficinas, concentración de mercado y debilitamiento del tejido productivo regional. El interés de la clase obrera no sólo consiste en las condiciones inmediatas de la plantilla del Sabadell: englobándolas va más allá.
Por su parte, Sumar, Podemos y sectores del PSOE han expresado reservas similares, centradas en la cohesión territorial y el empleo. En vez de plantearse un cambio en el modelo bancario donde el control estatal sirviera para exigir responsabilidad social a la banca privada (hipotecas asumibles a la clase obrera, por ejemplo), incluso insistir en el desarrollo de una potente banca pública, se enredan en posiciones (oligopolio, competencia, territorialismos) que dificultarían el avance hacia un modo de producción superador del capitalismo.
La burguesía catalana (Foment, Cercle d’Economia y otras entidades) también rechaza la OPA, aunque desde la defensa del “capital catalán” y su peso institucional. Paradójicamente, estos sectores liberales invocan ahora el interés general y la cohesión social demandando la intervención gubernamental para frenar una operación de mercado.
Los partidos catalanistas (ERC, Junts, AC) igualmente insisten en la cohesión territorial y social. Pero, uno ha de plantearse: si la cohesión social y territorial, y la defensa de los consumidores bancarios, pasan por preservar un capital menos eficiente como el Banco Sabadell, significa que allí donde no hay este banco, lésase el 80 por ciento del territorio español, no gozan de dichas cohesiones. Entonces, no sería más adecuado regular que dichas cohesiones sean garantizadas en la totalidad del sistema bancario para la totalidad del territorio nacional, y dejar de privilegiar a un sector territorialmente determinado, que además está al albur de que un capital privado decida o no instalarse en dicho territorio.
En la derecha estatal (PP y Vox) predomina la inmediatez del desgaste al gobierno: critican la “intervención” gubernamental, pero evitan pronunciarse sobre el fondo de la cuestión; así dejan su valentía para los menas, mujeres violentadas o lgtb’s.
Mientras, las instituciones europeas respaldan la operación como parte de una estrategia de consolidación que permita a los bancos europeos competir globalmente. Y no les falta razón: entre los diez bancos más grandes hay 4 de USA, 4 de China, 1 de RU y 1 de Australia; hay que esperar a los puestos del 15 al 20 para que aparezca algún europeo (y entre estos los españoles). Otra cosa es saber si la debilidad del sistema bancario europeo en el mercado mundial es causa o consecuencia del lugar del capital europeo en este mercado, cuestión que no abordaremos aquí. Además, y pensando en una venidera reestructuración europea del sector, mejor le iría a la banca española si esta bien concentrada (pocos y grandes).
Más allá de los discursos sobre libre competencia, cohesión territorial o social, la compraventa del Sabadell por el BBVA nos muestra dos cuestiones que, en mi opinión, es un olvido lamentable entre los defensores de la transformación radical de la sociedad. Por un lado, esta relación económica (compraventa de empresa) adopta la forma jurídica de opa, cuya regulación da lugar a un desarrollo del derecho mercantil privado y, en la medida que este tipo de operaciones afecta a diversos capitales, cada uno con sus intereses particulares en ejercicio (lucha de clases), da lugar a un ordenamiento mercantil-público y administrativo, que está garantizado a nivel estatal con el objetivo de que la compraventa se realice por su valor; cuestión ésta que, además de velar por la pax empresarial, es una condición del desarrollo fluido del capital total de la sociedad. La personificación de este capital total no es la clase capitalista, demasiado ensimismada en sus particulares intereses, y todavía tampoco es la clase obrera; su personificación es el estado en sus distintos niveles territoriales (Unión Europea, España o Cataluña). Todo esto es la superestructura en la que se desenvuelve la lucha de clases (ideológica y política) que acompaña, porque es la forma en que se realiza, a la operación de compraventa empresarial (base sobre la que se erige esta superestructura, o sea su contenido). Por otro lado, la compraventa empresarial es la forma concreta que adopta la centralización del capital, una tendencia absoluta del modo de producción capitalista que Marx descubrió y denominó ley general de la acumulación capitalista. Tendencia ésta que es la palanca principal de la superación del capitalismo, pues expresa cómo el propio desarrollo del capital lleva a que todo el capital quede en pocas, poquísimas -cuantas menos mejor- manos. Si se plantease la oportunidad de una transformación social profunda, avanzar hacia una gestión pública de sectores clave como la banca, sería más sencillo con un mapa financiero menos fragmentado. No, pero es mejor seguir apelando a la abstracta libre competencia y a la fragmentación de las fuerzas productivas.
Pedro Andrés González Ruiz, autor del blog Criticonomia
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.