Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
Un Estado que dice ser democrático y progresista no emite órdenes militares para deportar a activistas por la paz que desean protestar contra las injusticias de la ocupación.
Los altos mandos militares del ejército israelí no esperaron la decisión del gabinete que trataba esta semana el informe emitido por el comité Edmond Levy. (El informe determinó que toda la Ribera Occidental no es territorio ocupado y por lo tanto anula y deja sin efecto los Acuerdos de Oslo).
El cuartel Central Nitzan Alon ha firmado una orden que permite a la Policía de Inmigración operar en los territorios ocupados, incluida la Zona A (zona que está bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina). Jaim Levinson informó en el Haartez del viernes de que la Policía de Inmigración está autorizada a registrar las casas de los palestinos y a detener a cualquier persona si el oficial tiene una «causa razonable» para sospechar que está allí sin un permiso.
El portavoz del ejército señaló que la orden autoriza a los oficiales a transferir a los extranjeros que permanezcan ilegalmente en los territorios (según la ley israelí) al territorio israelí para la continuación de los procedimientos de aplicación de la ley en su caso.
Hace dos años el Tribunal Supremo ordenó la liberación de dos activistas internacionales, a quienes la policía de inmigración arrestó en Ramala y quería deportar. El juez Asher Grunis dictaminó que los oficiales no tenían autoridad para actuar fuera de la jurisdicción soberana de Israel. El dictamen se hizo bajo el acuerdo interino con los palestinos de 1995, según el cual el ejército israelí no tiene autoridad para llevar a cabo búsquedas de residentes en situación irregular dentro de la zona A. Cada vez que parece que los terroristas que llevaron a cabo ataques contra los israelíes provenían de esa zona, Israel insiste en que el acuerdo atribuye la responsabilidad a la Autoridad Palestina, que asumió toda la seguridad y nombró a las autoridades civiles.
Un Estado que dice ser democrático y progresista no emite órdenes militares para deportar a activistas por la paz que desean protestar contra las injusticias de la ocupación. El nuevo orden demuestra la contradicción entre la afirmación de que los territorios no están ocupados, por una parte, y el uso de las órdenes militares, por el otro.
Si los territorios no están ocupados, como afirma el informe de Edmond Levy, la Policía de Inmigración no requiere de una orden militar para actuar más allá de la Línea Verde. Todo lo que resta es aplicar la ley israelí a todos los residentes de Cisjordania y darles el derecho de sufragio activo y participar en las elecciones.
La penetración de una autoridad civil israelí en Ramala muestra el enorme abismo entre las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre el deseo de avanzar en la solución de dos Estados, y la actual política israelí, que se encamina hacia una realidad binacional.
Fuente: http://www.haaretz.com/opinion/the-occupation-paradox-1.451072