Traducido para Rebelión por Guillermo F. Parodi y revisado por Caty R.
Encuentro del Cheik Hamad bin Jassim bin Jabor al-Thani con el presidente Morsi
En esta presentación, haré una breve introducción sobre las políticas económicas y sociales usadas por el régimen de los Hermanos Musulmanes actualmente en el poder en Egipto. Lo haré siguiendo su programa y sus discursos, así como sus iniciativas a lo largo del año 2012. Esta visión va más allá de lo económico, ya que se agrega una visión de la situación actual y de su estrecha relación con el destituido régimen de Mubarak. La cuestión que se puede plantear es: ¿cuáles son las principales características y las grandes líneas de las políticas económicas y sociales adoptadas por el presidente Morsi? ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre éstas y las del expresidente Mubarak?
Voy a entrar directamente al meollo del tema y hablar de la naturaleza de la política económica de Morsi y de los Hermanos Musulmanes que es de donde surgió. En primer lugar, mostraré su visión económica tal como fue presentada en su programa presidencial y defendida en los discursos de los líderes económicos de los Hermanos Musulmanes. Pondré de relieve a continuación la política fiscal (las tasas, los impuestos) y del endeudamiento que la acompaña. Destacaré también los grupos y los sectores privilegiados y los marginados por el programa presentado por el Gobierno al FMI (Fondo Monetario Internacional); y en esa línea el conjunto de las decisiones económicas que han sido anticipadas y/o aprobadas por el presidente Morsi y su gobierno durante los seis últimos meses.
1. El programa económico del presidente Morsi
El programa presentado por Morsi en su candidatura a la presidencia estuvo basado en las grandes líneas del sistema neoliberal. Defendía la prosecución de la política de privatizaciones en los sectores de: educación, salud, transportes y energía (electricidad). Era el único programa que estimulaba las inversiones extranjeras en las principales obras de infraestructura (alrededor de 200.000 millones de dólares en cuatro años) y la liberalización centralizada de los intercambios comerciales.
Khairat El Shater
En una entrevista con Reuters International, Khairat El Shater (subjefe de los Hermanos Musulmanes, y cogerente del empresario Hassan Malek, a cargo del imperio económico de los Hermanos Musulmanes) explicó que para aplicar la justicia social, el Estado debe apoyar a los empresarios y alentar al sector privado. Sin embargo, sin hablar de los sectores productivos, abordó el tema de la cooperación pública-privada en los sectores de electricidad y agua.
Estos proyectos de cooperación entre los sectores público y privado apuntan, de acuerdo con la voluntad de los Hermanos Musulmanes, a la privatización de los servicios públicos vitales, tales como el agua, la electricidad, el tratamiento de las aguas residuales o el agua potable. Es una profundización de las privatizaciones en el sentido de la redistribución de las riquezas de la sociedad a favor de los «hombres de negocios de los Hermanos Musulmanes», llamados el 1% de los Hermanos Musulmanes por Wael Gamal [conocido periodista, podemos encontrar una entrevista que le hicieron sobre la justicia social en Egipto en Jadaliyya del 10 de junio de 2011].
El discurso de El Shater y el programa presidencial son compatibles con la estrategia que privilegia las inversiones extranjeras para que entren en esos proyectos sensibles, con un fuerte apoyo de las instituciones financieras internacionales, especialmente el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) así como el Fondo Monetario Internacional.
2. La deuda externa
El espíritu de la revolución llevó a un grupo de ciudadanos a lanzar una campaña popular para terminar con las deudas que pesan sobre el pueblo egipcio, a través de una auditoria popular de la misma, y así acabar con el diario castigo a la ciudadanía que implica el pago del servicio de esa deuda. A pesar de las dificultades encontradas por este grupo para seguir adelante -en particular ante la terquedad del Estado que ignora sus pretensiones y considera que esta campaña ensucia la imagen del país-, sigue su combate y llama a encontrar otras soluciones alternativas para cubrir el déficit presupuestario del país.
Desde la caída del régimen de Mubarak, se multiplicaron las visitas de varias delegaciones del Banco Europeo para la Reconstrucción, del FMI y del Banco Mundial. De hecho, pese a que esas delegaciones han flexibilizado sus exigencias después de la firma del acuerdo preliminar de un préstamos del FMI a Egipto (por un monto de de 4.800 millones de dólares) -algunas semanas después de la elección del presidente Morsi- las visitas no se han interrumpido. Parece actualmente que fue el FMI (en diciembre de 2012) el que postergó la firma final del acuerdo después de que el gobierno de Morsi diera marcha atrás en su decisión de aprobar el impuesto sobre 50 productos, la mayoría de primera necesidad.
A pesar de las campañas publicitarias y las protestas que se llevaron a cabo para oponerse a las condiciones vinculadas a este préstamo, y la presentación de una lista de propuestas alternativas posibles y rápidas a este préstamo condicionado -propuestas que aportarían un beneficio mayor al del valor del préstamo para subsanar el déficit presupuestario- el Gobierno está determinado a seguir adelante, siguiendo la vía trazada por Sadat [presidente de la República árabe de Egipto de octubre de 1970 al 6 de octubre de 1981, fecha de su asesinato] desde la segunda mitad de los años setenta [en el marco de los primeros pasos del Infitah, apertura], luego por Mubarak [presidente desde octubre de 1981 al 11 de febrero de 2011].
«El préstamo es la única solución para subsanar el déficit presupuestario permanente, expresó el ministro de Finanzas» Hicham Kandil, que afirma que ninguna otra alternativa podría ser eficaz para subsanarlo. Es por ello que el gobierno continúa las negociaciones con el FMI y busca un «consenso social» sobre esta cuestión. En efecto, el primer ministro anunció el domingo 30 de diciembre de 2012 un «diálogo nacional sobre el préstamo» que tuvo lugar a puertas cerradas al día siguiente en una sala cerrada en el Forum de Investigaciones Económicas. Asistieron al evento «algunos ministros y profesores». Por otra parte, el plazo muy corto entre el anuncio de este diálogo y la fecha de su desarrollo (un día) así como la elección de un espacio limitado (sala cerrada) impidió la presencia posible del sindicato u otros representantes de la sociedad. De hecho, el objetivo camuflado tras esta maniobra era el de registrar «el diálogo» en el calendario del gobierno y presentar un documento oficial con un acta del diálogo a la delegación del FMI que llegaba a Egipto una semana después [el lunes 7 de enero de 2013].
El Ministro de Planificación y Cooperación Internacional [Achraf Al-Arabi] propuso la primera semana de este mes de enero que el conjunto de los préstamos que Egipto obtendrá del Banco Mundial, el FMI, el Banco Africano, el Banco Islámico y el Banco Europeo para la Reconstrucción serán de hasta un máximo de 15.000 millones de dólares, principalmente los préstamos a medio plazo (5 años), con un tipo de interés razonable, pero no publicado; el del FMI se ha en 1,5%.
Respecto al préstamo del Fondo Monetario Internacional (4.800 millones de dólares), los informes de las negociaciones entre el equipo egipcio y el FMI indican la obligación de aplicar dos políticas claves. La primera «hacer más eficientes los gastos públicos» «resistiendo a las presiones por aumentarlos», particularmente tender a «la reducción de los costos de subvención» (bienes de consumo, etc.). La segunda política se refiere «al aumento de las rentas del Estado, en particular a través de la implantación de impuestos, ampliando el ámbito del IVA (impuesto sobre el valor agregado) con el aumento del número de productos gravados (50 productos)». El informe remarca en su cuarta página la obligación de aplicar plenamente y de manera permanente el IVA (Mahinur Badri, Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales).
Por otra parte, el gobierno recibió en enero de 2013 una subvención de 1.000 millones dólares de Catar, además de un depósito (reserva de tesorería) de 2.000 millones de dólares [algunas fuentes indican una cifra de 4.000 millones], depositado en el Banco Central Egipcio para apoyar su reserva monetaria. Sin embargo, excepto el comunicado de prensa final sobre el encuentro entre Cheikh Hamad bin Jassin bin Jabor Al-Thani, Primer Ministro de Catar, y el presidente Morsi, el 8 de enero, no existe ninguna información detallada sobre este acuerdo.
3. Las políticas fiscales
Parece que los sueños de un cambio radical y de un futuro mejor después de la revolución que tuvo lugar en Egipto y la lucha emprendida para introducir estas modificaciones en la estructura del sistema fiscal de país siguen siendo imperceptibles. En efecto, todas las medidas anunciadas por el presidente y su gobierno tienen como único objetivo tranquilizar a los hombres de negocios en el sentido de que no se aplicarán nuevos impuestos, y simultáneamente la imposición del IVA sobre una gran cantidad de productos de primera necesidad, una política fiscal que favorece cada vez más a los ricos y condena a las clases media y pobre.
Una semana antes del referéndum para la adopción de la nueva Constitución (15 y 22 de diciembre), el gobierno publicó una lista oficial de 50 productos (bienes y servicios) de primera necesidad, que ocasionarán un aumento de los impuestos indirectos, como: aceite (5%), fertilizantes (5%), desinfectantes e insecticidas (5%), hierro (5%), cemento (10%), y los aumentos constantes en los servicios de distribución de agua, electricidad y gas [1]. Sin embargo, a raíz de las vivas reacciones ante estos aumentos, el presidente promulgó un decreto que prorrogaba la aplicación de estos impuestos a una fecha posterior al referéndum sobre la Constitución para no causar un descontento de los ciudadanos que haría fracasar el resultado por él deseado del referéndum.
El ministro de Planificación y Cooperación Internacional declaró que para hacer frente al déficit presupuestario del país son necesarios sacrificios que deben ser pagados por los ciudadanos en la fase siguiente. Así, mencionó la aplicación del conjunto de las medidas fiscales destinadas a garantizar al Estado una renta para cubrir su déficit, minimizando al mismo tiempo el impacto que este nuevo aumento de los precios de los productos (por ejemplo: aceite y azúcar) tendrá sobre el sector de dicha clase media que no dispone de una cartilla de racionamiento. Celebró la medida del aumento del precio del tabaco, con el pretexto de preocuparse por la salud de los pobres. El Ministro estimó conveniente la imposición del impuesto sobre el cemento y el acero que tendrá, por supuesto, un impacto directo en los precios de los apartamentos y de los más simples alojamientos de los barrios pobres. Sin embargo, este mismo Ministro mantiene que en estos tiempos no es conveniente la aplicación del impuesto progresivo sobre las rentas de más de 10 millones de libras. El impuesto actual del 25% no debe modificarse. Además, omitió completamente mencionar impuestos sobre la plusvalía obtenida por los inversores en el mercado bursátil gracias a la compra y la venta de acciones.
El gobierno rechaza pues toda forma de redistribución en relación con los beneficios capitalistas, excluyendo el impuesto sobre la propiedad de la tierra, el impuesto progresivo y el impuesto sobre los beneficios (las plusvalías). Por lo tanto, para reducir sus cargas, el gobierno optó por la reducción de los gastos públicos en los sectores de salud, educación y otros servicios públicos, que ya se encuentran en un estado lamentable. En efecto se han ignorado deliberadamente en el programa y los discursos oficiales del nuevo presidente: la reducción del nivel de los servicios de salud, educación, la falta de agua potable y la insuficiencia escandalosa de la red de drenaje, el mal estado de las carreteras así como la falta de los transportes públicos o también la falta de formación y calificación en los servicios destinados a disminuir la desigualdad social.
Al mantener un debate en Facebook acerca del último discurso económico de Morsi, en el cual declaré que este último era similar a el pronunciado por Gamal Moubarak [hijo de Hosni Mubarak, presente en el Foro Económico Mundial en 2008] en la última conferencia del Partido Nacional Demócrata en 2010, pude encontrar un vídeo que mostraba claramente la semejanza entre estos dos discursos en lo relativo a la «reducción de los gastos públicos» y el «apoyo a la inversión», entre otras cosas.
4. ¿Cuáles son los grupos más favorecidos por el Gobierno actual?
Al analizar las políticas realmente aplicadas, y no los discursos, se constata que desde su acceso al poder, Morsi dio prioridad al aumento de los salarios y jubilaciones de las fuerzas armadas, de la policía y de los profesores de las universidades. Lo que pone de manifiesto que para el gobierno estas profesiones son las más importantes y a las que más debe privilegiar. Eso sin olvidar a los hombres de negocios cuyos intereses se encarga de proteger el gobierno, aceptando antes de su elección no aplicarles impuestos sobre la renta ni sobre las ganancias ni sobre el capital. El gobierno se comprometió, en efecto, a no adoptar ninguna política fiscal o medidas que perjudiciales para sus intereses, aunque esté en juego un consenso nacional.
Además de la no aplicación de impuestos que perjudicasen a sus intereses, el presupuesto para 2012-2013, propuesto por el gobierno, estipula que estos hombres de negocios percibirán subvenciones para la exportación, estimadas en más de 3.000 millones de libras al año por el Fondo de apoyo a la exportación. Este régimen se creó en 2002 y otorgaba subvenciones a la exportación a 1.000 hombres de negocios próximos, en esa época, al régimen de Mubarak. Se probó que esta ayuda constituía un «sobrebeneficio» que se añadía a los beneficios de los exportadores en sus actividades específicas y a los obtenidos por la devaluación de la libra egipcia con respecto a las otras divisas.
Conviene tener en cuenta que los monopolios heredados del régimen de Moubarak -que siguen controlando las estructuras de la distribución, la importación y las industrias básicas (como el hierro, el cemento, los abonos, la carne, el aceite, el azúcar, la leche, etc)- no se cuestionaron con la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes. Al contrario, se ha negociado con ellos con el fin de integrarlos en el nuevo sistema por medio del hombre de negocios Hassan Malek [que creó en marzo de 2012 el Ebda, la Asociación Egipcia para el Desarrollo de los Negocios y que Morsi nombró integrante del grupo de asesores del presidente para atraer capitales internacionales] y la asociación con Abou Alayen, un influyente hombre de negocios miembro de la comisión de las políticas en el Partido Nacional Demócrata depuesto.
5. Los sectores excluidos y los grupos marginados
Los marginados son los obreros, los campesinos, los trabajadores del sector informal y los habitantes de los barrios de emergencia y de la periferia alejada de las grandes ciudades. A nivel político el objetivo es que acepten la «transición democrática» que no consiste, en realidad, más que en una votación cada cuatro años.
Entre ellos, un sector de jóvenes sueña con la justicia social y no solo un margen de libertad. Forman parte de los 8 millones de desocupados, que representan el 25% de la población activa. Estos sectores sociales están ampliamente excluídos de los servicios de salud y de la educación, no tienen acceso al agua potable y carecen de servicio de saneamiento.
5.1 Los grupos marginados
El 1 de mayo de 2010, los sindicatos independientes organizaron una gran manifestación en la plaza Tahrir para reclamar un salario mínimo de 1.200 libras, conforme con el fallo judicial obtenido por el abogado de los derechos humanos Khaled Ali. Desde esa fecha, la consecuención de un salario mínimo se ha convertido en la principal pretensión del pueblo. Enfrentando esa pretensión, el proyecto de ley del presupuesto 2012-2013 no preveía la aplicación de un salario mínimo y máximo ni indicaba un aumento de las jubilaciones. La cuestión del aumento de sueldos se refirió simplemente al aumento anual, incluyendo las primas vinculadas a los tratamientos de base para los años anteriores.
El movimiento sindical independiente que nació antes de la revolución y continuó desarrollándose con un crecimiento regular, va a ser formalizado por el Estado a través de la Constitución y la ley. La prohibición del pluralismo sindical se aprobó en un artículo de la Constitución unos días antes de la aprobación de la misma, lo que permite al poder ejecutivo una intervención directa en el movimiento sindical y limita su poder así como sus relaciones con el movimiento de los asalariados.
En un discurso presidencial, Morsi prometió cancelar las deudas con el Banco de Desarrollo de 44.000 pequeños agricultores. En vez de eso solo canceló las deudas de los agricultores insolventes. Es posible que las instrucciones dadas al Banco de Desarrollo no hayan sido claras, ya que los agricultores beneficiados fueron menos de un cuarto del total. Esta vez se reprodujo la situación de 2009, cuando Mubarak anunció en la fiesta del campesino la anulación total de las deudas de ese colectivo, medida no aplicada por el banco. En cambio embargaron tierras y encarcelaron a algunos campesinos.
El gobierno de Morsi adoptó una ley que limita la actividad de los comerciantes ambulantes no habilitados, sin garantizarles otros mercados alternativos. El gobierno ignoró este punto y endureció las sanciones contra estos vendedores ambulantes. Teóricamente aparece como una medida lógica y favorable para la circulación de vehículos y peatones, igualmente para no bloquear las estaciones de metro y de ómnibus. Sin embargo la aplicación de estas medidas en el contexto de una situación económica desesperante, implicarán que el sector informal, que representa el 40% de la actividad económica, resultará paralizado. Las consecuencias serán directas sobre la clase pobre ciudadana que crece continuamente, en particular en las grandes ciudades. Para eludir esta ley y preservar su actividad, estos vendedores ambulantes se organizaron en una especie de cooperativa. Pero la decisión del Estado y sus expertos fue irreversible y no negociable. El gobierno simplermente rechazó su demanda.
5.2. Los sectores olvidados
El sector de la salud.
En 2010, se detectaron nueve millones de casos de hepatitis (A, B, C), más de seis millones de personas diabéticas, más de un millón enfermos de insuficiencia renal y cuatro millones con problemas cardíacos. Los pacientes afectados de cáncer, de todas las edades, representan más de tres millones de casos. Lo que significa que cerca de un tercio de la población total sufre enfermedades crónicas y graves. Además de sus sufrimientos, estos enfermos están afectados por la negligencia y los deteriorados servicios de los hospitales públicos.
Mientras el número de enfermos va creciendo (se registraron casi 49,5 millones de enfermos que utilizan los servicios de los hospitales públicos en 2006), los médicos se declararon en huelga para reclamar la mejora del sector de salud y su presupuesto. Al final de 2012, una huelga en la que reivindicaban un aumento del presupuesto de la salud duró cerca de cuatro meses. Los Hermanos Musulmanes pararon la huelga, los miembros del sindicato, después de ocupar la sala del sindicato actuaron con ocasión de una reunión del comité de los médicos que debían votar por la prolongación o no de la huelga. En esa ocasión los Hermanos Musulmanes movilizados votaron por la suspensión de la huelga. Esta huelga, que tenía como objetivo una reivindicación legítima -el aumento del presupuesto del sector salud y la mejora de la calidad de los servicios médicos-, fue completamente ignorada por el gobierno. Los partidarios de Morsi actuando en el sindicato hicieron todo lo posible para pararla.
Hay que saber que Egipto es el país que dedica la menor parte de su presupuesto al sector salud de todo Oriente Medio. Además, la nueva ley presupuestaria otorgó a ese sector menos del 1,6% del PIB. Es un aumento insignificante con relación al valor que tenía en el presupuesto en la época de Mubarak (la parte del presupuesto para la salud se fijaba en un máximo de 1,5% del PIB y a veces ascendía al 1,8%). Este porcentaje es significativamente inferior al promedio mundial, que varía entre 5,7% y 5,8% (véase. Ahmed Anajar, Centro de Estudios Socialistas).
Vivienda.
El derecho a la vivienda no existe para la población. En efecto, las estadísticas indican que en 2006 alrededor de 2,5 millones de alojamientos estaban disponibles pero inutilizadas. Esas unidades están a la espera de que los propietarios las vendan, éstos tienen el privilegio de que no existan impuestos a la tierra y la ausencia de un sistema de arrendamientos que otorgue derechos a los locatarios. Los propietarios inmobiliarios tienen una posición monopolista mientras 500.000 familias egipcias sobreviven en los cementerios.
Por último, después del accidente que causó la muerte de 51 niños en un ómnibus el 17 de noviembre de 2012 en la provincia de Assiut, debido al olvido de bajar la barrera de un paso a nivel, la única medida tomada fue la dimisión de del ministro de Transportes, Rachad Al-Metini, una medida similar (dimisión del ministro afectado) a la tomada en la época de Mubarak (2001) por un accidente idéntico. Los gobiernos cambian, pero las políticas se mantienen. En efecto, se han producido muchos accidentes de tren y los balances fueron siempre graves, sin que provoquen la intervención del gobierno para resolver el problema y dar seguridad los pasos a nivel para proteger a la población, en particular a los niños.
6. Proyecto de ley de Sukuk (instrumentos) islámicos
El Partido Libertad y Justicia presentó al Consejo de la Choura (con mayoría islamista) un proyecto de ley sobre los instrumentos islámicos. Los instrumentos Sukuk son el equivalente hasta cierto punto de obligaciones. Tal certificado de inversión debe ajustarse a las recomendaciones de la ley islámica que prohíbe directamente el préstamo a intereses. Un Sukuk debe corresponder a un proyecto determinado o en la posesión de bienes, prestaciones, servicios o de cualquier otro proyecto. El inversor financia un activo tangible que debe proporcionar una renta estable durante un período dado. Debe hacerse según la reglamentación en vigor como está indicada en el prospecto informativo [que se refiere a la cuota parte del activo generador de flujos financieros], en función de las circunstancias y según las disposiciones de la Sharia islámica.
Este proyecto tiene por objeto proporcionar liquidez al vender bienes del Estado al sector privado. El Gobierno va a determinar los inmuebles [activos de utilización duradera para una entidad económica y que crean un recurso, una renta para esta entidad] de las empresas estatales y sobre esta base los cheques [Sukuk, cuya raíz persa significa cheque] que se pueden obtener como contrapartida. Eso lleva al Gobierno a poner el Canal de Suez, el sector público y los servicios públicos a manera de hipotecas como garantías de estos cheques. Según las disposiciones del artículo 8 de la ley, se fijan las condiciones de apertura del alquiler de estos inmuebles emitidas como contrapartida de estos instrumentos soberanos [cheques emitidos a partir de estos bienes de Estado y sus rentas] y su vencimiento a 60 años.
El objetivo de estos instrumentos islámicos consiste en financiar el déficit presupuestario, no se utilizarán nunca en los proyectos de construcción que puedan generar beneficios o pérdidas y que podrán dar lugar a un rendimiento.
Según el economista Ahmed Nagar, este tipo de financiación es un modo de fraude del Gobierno de Hecham Kandil utilizando la religión de esta forma para recoger fondos con el fin de cubrir el déficit económico y la incapacidad del gobierno.
Conviene señalar que el régimen de Mubarak alegó la idea de utilizar estos instrumentos «cheque» en dos ocasiones, pero los Hermanos Musulmanes añadieron la palabra «islámica» para atraer el dinero de países del Golfo, como estos instrumentos se exoneran de los derechos e impuestos de acuerdo con la ley. Añadido a eso, la palabra «islámica» satisface los deseos de los Hermanos Musulmanes. Y este proyecto de la instauración de estos instrumentos nos lo muestra con toda objetividad. [No obstante, la forma específica propuesta del Sukuk fue cuestionada muy recientemente por la instancia islámica Al-Azhar [2] y deberá ciertamente modificarse].
7. La economía del ejército: un Estado dentro del Estado
El ejército egipcio tiene una «Agencia de servicios cívicos» que ejecuta proyectos de construcción (por adjudicación directa) y posee fábricas. Zeinab Abu El-Magd señala que el ejército controla una gran parte de la economía del país, entre el 25% y el 40%.
El Primer Ministro Morsi con el nuevo de Ministro de Defensa Tte. General Abdel-Fattah el Sissi
El ejército es muy activo en numerosos ámbitos, como la compra-venta de terrenos y apartamentos, en el mantenimiento y la gestión de las cafeterías, de las estaciones de gas, hasta en la ganadería, entre otras cosas, en la agricultura y la industria de las pastas y telas enceradas para las mesas. Hay que tener en cuenta que todos los negocios en favor del ejército están exonerados de impuestos, de tasas aduaneras y de cualquier otro impuesto.
Esta economía es la herencia de julio de 1952 [toma del poder, en la noche del 22 al 23 de julio, del movimiento de los «Oficiales Libres»] y no se disolvió en la época de Sadat y Mubarak, es decir, durante el período de las medidas néolibérales. Al contrario, se mantuvo y se transformó en una fuente de «corrupción continua» de los jefes de las fuerzas armadas. Son los generales y los jefes del ejército quienes se aprovechan por medio de los dividendos y la obtención de puestos de dirección a la cabeza de distintos organismos después de su retiro.
Esta economía no se ha modificado. El gobierno no ha emitido ninguna señal de conciliar, al contrario, el estatus privilegiado que beneficia a las «fuerzas armadas» en la Constitución: el ministro de Defensa es el comandante y debe ser elegido entre oficiales; el presupuesto militar está bajo el control de los militares y permanece en la primera posición; «existe la posibilidad de juzgar a un civil mediante tribunales militares «. Lo que existía, de hecho, al principio del período de Morsi no era nada más que un acuerdo para permitirl a los Hermanos Musulmanes gobernar solos y proteger el estatus del ejército sin que tuviera alguna incidencia sobre sus intereses económicos y qué los militares pudiesen siempre gozar de todas sus ventajas adquiridas conforme a la ley de julio de 1952.
Debo mencionar acá que el poder absoluto del ejército no fue muy visible durante los regímenes de Mubarak o de Sadat. Siempre actuaron a la sombra, pero la situación cambió después de la salida de Mubarak, lo que fue muy perjudicial. Eso los llevó a llegar a un acuerdo con los Hermanos Musulmanes para restablecer la situación anterior haciendo algunas concesiones y apoyando a los Hermanos Musulmanes.
Conclusión
El gobierno volvió a las políticas económicas y sociales anteriores y el pueblo se volvió contra el gobierno multiplicando las protestas.
En general, las características de la visión económica del nuevo Estado pueden resumirse en seis puntos:
1. Como primer punto, la ideología económica del Estado es siempre el neoliberalismo económico y la continuidad de la economía de mercado.
2. La expansión de modelos de inversiones extranjeras, sobre todo el aumento de las inversiones del sector privado mundial (esencialmente proveniente del Golfo).
3. La reanudación de la privatización de los activos del Estado, la limitación del papel del Estado en la economía.
4. La reducción de los gastos públicos, el aumento de los impuestos directos e indirectos así como la reducción del sostén a los servicios sociales.
5. El mantenimiento de las posiciones económicas del ejército en el marco de un acuerdo que le hizo ceder una parte efectiva de su poder político.
6. Y por fin dar un color islámico a la economía neoliberal para protegerla y darle un estatus popular.
Se impone una pregunta: ¿Será que la «cobertura islámica» puede proteger al sistema neoliberal que ya no estaba protegido al nivel deseado por la sola represión del Estado autoritario de Mubarak?
Me parece que la respuesta es no, por las razones siguientes:
Antes de la caída de Mubarak, los observadores notaron un aumento en el movimiento de protesta en las calles de Egipto.
De acuerdo con el Centro de Estudios Socialistas, hubo 202 manifestaciones en 2005, mientras que en 2006 fueron 266, y la cantidad de manifestaciones y protestas fueron 756 en 2007, 708 en 2008 y 588 en septiembre de 2009.
A lo largo de los cinco años que precedieron la caída de Mubarak, en la sociedad egipcia se asistió a la propagación de de la cultura de la protesta, tanto sentido vertical (funcional) como horizontal (geográfico). En efecto, estas protestas no se limitan a las de los trabajadores, se extendieron a otras categorías sociales: los empleados, los profesionales, los campesinos y los artesanos. Desde finales de 2009 se propagaron a las regiones pobres y marginadas, que se sitúan en las zonas de pobreza condenadas a la demolición y a las expulsiones.
La revolución de 25 de enero no tenía por objeto reunir a estos pequeños grupos que se propagaron horizontalmente, ya que estos movimientos de protesta no se formaron de una manera que les permitiese llevar a cabo una gran manifestación. Pero estos movimientos eran un movimiento en el que no dominaba lo social sino que se centraba en reclamos sobre los «derechos civiles», lo que alentaba a la organización a movilizarse a gran escala. Y encuadramos la caída del poder de Mubarak, sin que implique el desmantelamiento del sistema de decisión, de poder.
El período que siguió a la salida de Mubarak fue seguido por la recuperación de fuerzas por parte de los movimientos de protesta y del crecimiento de la capacidad organizativa (huelga de profesores, médicos y transportistas). Una decena de sindicatos independientes se han clausurado. Durante el año 2011 se comprueba un cierto estancamiento de las protestas y un proceso de organización más lento. De todas maneras, 2012 fue un año de grandes protestas y movilizaciones, se contaron 3.817 manifestaciones sociales.
De acuerdo con el Centro Egipcio por los Derechos Económicos y Sociales, así como las protestas del Movimiento, en 2012 se registraron: 851 movimientos y veladas (sit-in), 561 cierres de rutas, 558 casos de manifestaciones, 514 huelgas, 500 casos de protesta, 163 casos de reunión, 135 casos de huelga de hambre, 64 casos de toma de asalto de la oficina de responsable, 140 marchas, 30 agentes encerrados dentro de una biblioteca, 26 oficinas del gobierno cerradas, 13 casos de huelga de profesores, y 13 tentativas de suicidio
Señalamos otras numerosas formas de protesta, como desnudarse, dejar de pagar las facturas de electricidad, cortar el agua de toda la ciudad, renunciar al trabajo o suspender un tratamiento médico.
El poder sólo ve todos estos movimientos como productos de los medios de comunicación y de la oposición «popular». No admitió la verdadera profundidad de las «dificultades sociales» en las que vive la amplia mayoría de la población egipcia, dificultades debidas a los largos años de abandono por parte del Estado, de las opciones neoliberales y a la acumulación de los efectos sociales negativos sobre extensas capas populares.
El Estado no llegaba a comprender que las estructuras de los Hermanos Musulmanes no se someterían a sus «deberes sociales», ya que ellas estaban también afectadas. En efecto, sus fondos se dedicaron cada vez más a la campaña electoral. Así, antes de las elecciones estos gastos se hicieron en detrimento de ellas en favor del pueblo a través de las ayudas proporcionadas a las unidades médicas y a las instituciones sociales controladas por esta formación (el FM).
El nuevo sistema encontró las políticas del antiguo régimen en parte a favor de los ricos y de las políticas neoliberales. Los sectores populares retomaron las «antiguas luchas», pero ahora teniendo mayor experiencia. Se trata de una victoria «simbólica» de la revolución.
Fuentes : Varios artículos de Wael Gamal (Elshorouk Newspaper), varios artículos de Omaima Kamal (Elshorouk Newspaper), datos del Centro de Estudios Socialistas, datos del Centro Egipcio por los Derechos Económicos y Sociales.
Notas:
[1] El IVA representa el 37% de los ingresos fiscales del Estado. De acuerdo con el decreto presentado el 6 de diciembre en la Gaceta Oficial, las familias deberán enfrentarse a un aumento de las estampillas administrativas especialmente las que se necesiten para la obtención de diferentes permisos otorgados por la administración pública. Además se prevén impuestos sobre el uso de: energía eléctrica, gas natural y gas butano. Una nueva tasa de 3 piastras por KWh deberá imponerse a los hogares y a los comercios. El sector industrial tendrá un alza de 0,6 piastras por KWh. El gas de la ciudad tendrá un aumento de 3,6 piastras por m3 para los primeros 20 m3 del mes, luego 25 piastras por m3 suplementario. (Redacción A l’Encontre)
[2] «Este proyecto de ley fue elaborado totalmente por el Partido Libertad y Justicia, con el fin sacar al país de la crisis económica a la que se enfrenta desde 2011. El texto autoriza y controla la emisión de sukuk (obligaciones islámicas) por el Gobierno. El objetivo es atraer nueva liquidez, en particular, procedente del Golfo. Eso debería permitir inyectar grandes sumas a la economía y remediar el déficit presupuestario. Los sukuk son certificados financieros compatibles con la Sharia, que reúnen las acciones y las obligaciones intercambiadas en Bolsa y que se presentan a un tipo de interés variable basado en los beneficios y pérdidas. El proyecto de ley autoriza al Gobierno a emitir sukuk en libras egipcias o en monedas extranjeras por medio de acciones. Pero las divisiones políticas internas parecen retrasar la promulgación de tal proyecto. Por ejemplo, la Academia de las investigaciones islámicas, dependiente de Al-Azhar, teme que los activos del Estado pasen después a manos extranjeras. Lo que podría amenazar la soberanía del país» (Al Ahram, 16 de enero de 2013, nota de Redacción A l’Encontre.)
Saker El Nour es miembro de la Asociación de Estudiantes Egipcios en Francia. Este texto -editado por los responsables del sitio A l’Encontre-fue la base de su intervención en ocasión de la reunión de información organizada en la Bolsa de Trabajo de París, el 15 de enero de 2013, por la Unión Sindical Solidaires, Attac y Cedetim.