Ventura Montalbán se considera un inmigrante. Cuando tenía 8 años, en 1962, llegó con su padre -un comunista que escapaba de la represión franquista- a Valencia. Obligado a abandonar su pueblo natal, Alcolea (Córdoba), Ventura Montalbán empezó a trabajar de ebanista a los 14 años. Su militancia sindical (participa desde 1968 en las reuniones clandestinas […]
Ventura Montalbán se considera un inmigrante. Cuando tenía 8 años, en 1962, llegó con su padre -un comunista que escapaba de la represión franquista- a Valencia. Obligado a abandonar su pueblo natal, Alcolea (Córdoba), Ventura Montalbán empezó a trabajar de ebanista a los 14 años. Su militancia sindical (participa desde 1968 en las reuniones clandestinas de CCOO), le llevó a participar en las huelgas de la construcción y la madera de los años 70. Fue detenido y golpeado durante el franquismo. Ya en la democracia, se ha implicado activamente en todas las huelgas sectoriales y generales. En el año 2004, Montalbán da un giro a su trabajo sindical para ocupar la secretaría de Inmigración de CCOO en el País Valenciano. Considera que la nueva reforma laboral «va a afectar a toda la clase trabajadora, pero muy singularmente a la población inmigrante de este país».
¿Cómo afectará la nueva reforma laboral del gobierno de Rajoy a los trabajadores inmigrantes?
Les afectará muy especialmente. De entrada, cuentan con una tasa de paro un 12% superior a la de la población autóctona. La Ley de Extranjería exige seis meses de cotización a la seguridad social para renovar por primera vez el permiso de trabajo y residencia; para la segunda y la tercera renovación, se requiere un año de cotización. Pues bien, con la precariedad que introduce la reforma laboral y el abaratamiento del despido, les resultará mucho más difícil la renovación de los permisos. Esto es evidente. Además, los trabajadores inmigrantes no disponen, en términos generales, de un colchón familiar como los españoles.
Y eso en un contexto de crisis económica muy grave
En efecto. Hasta el año 2010 hay en todo el estado más entradas que salidas de población inmigrante. Pero en 2011 se invierte la tendencia. Esto es una consecuencia notoria de la crisis. Además, con la recesión se está produciendo una superexplotación de la clase trabajadora española y, sobre todo, inmigrante. Un ejemplo sangrante es el del campo. Se han dado casos en las collas de la naranja donde se ha pagado 25 euros por 12 horas de trabajo. O el caso de un ciudadano boliviano, que trabajaba en una panificadora de Real de Gandía durante 12 horas por 700 euros; una máquina le cortó el brazo y el empresario lo arrojó al cubo de la basura. Al final consiguió el permiso de trabajo y residencia.
¿De qué manera afecta a los inmigrantes la precariedad y la economía sumergida?
De manera muy evidente. Pero me gustaría aclarar que la economía sumergida es muy anterior a la incorporación masiva de trabajadores inmigrantes. Por ejemplo, en el País Valenciano ha habido históricamente población inmigrante empleada en la cerámica, el textil o el mueble. Hoy trabajan en sectores intensivos en mano de obra que no requiere excesiva cualificación, y en los que los trabajadores españoles durante una época no han querido trabajar: construcción, empleo doméstico, sector agrario, hostelería y comercio, sobre todo. Pero lo que les condena, otra vez, es la Ley de Extranjería.
¿En qué sentido?
Porque para poder trabajar necesitan estar tres años empadronados en un municipio español. De lo contrario, no se les concede el permiso de trabajo y residencia. Y por eso entran en el país con un visado de turista. El visado caduca en cuatro meses y entran a continuación en situación «irregular». Es entonces cuando ingresan en la economía sumergida. Hay datos muy elocuentes. La Comunitat Valenciana -con 880.000 inmigrantes empadronados, la tercera de España tras Cataluña y Madrid- es buen ejemplo de cómo afecta la crisis y la precariedad a los trabajadores extranjeros: En 2008, cotizaban en el País Valenciano a la seguridad social 240.000 inmigrantes, mientras que en 2012 son 187.000.
¿Afecta especialmente la recesión a las trabajadoras inmigrantes, por ejemplo, respecto a los salarios? ¿Y en cuanto al desempleo?
Tanto es así que, si entre la población autóctona, el salario de las mujeres es un 20% inferior de media respecto al de los hombres, entre los inmigrantes la diferencia se eleva al 30% a favor de los hombres. Y esto se acentúa en una situación de crisis, entre otras razones, por las dificultades para el acceso a los papeles y la mayor vulnerabilidad derivada de la Ley de Extranjería. En cuanto a las tasas de paro, el desempleo en la población inmigrante (me refiero ahora al País Valenciano, y sin distinciones de género) supera en 12 puntos la media de la población española (24% frente al 36%). Todo esto implica mayor precariedad, sobre todo en el País Valenciano, donde la economía sumergida está cuatro puntos por encima del promedio nacional.
¿Opinas que les afectarán particularmente los recortes, más que a los trabajadores nacionales?
Las personas inmigrantes sufrirán los recortes de una manera muy directa, ya que ni cuentan con el colchón familiar ni con recursos para acceder a servicios privados. Son los que más uso hacen de los servicios públicos generales. Te pongo además un ejemplo palmario en cuanto a la formación. Los recortes ya afectan a los cursos de enseñanza de castellano y valenciano que en CCOO del País Valenciano se imparten a la población subsahariana. Les afectarán también más que a los nacionales la degradación de la sanidad y la educación públicas (incluidas todas las modalidades de copago). Y es de esperar que los trámites administrativos de regularización se dilaten todavía más debido a los recortes; y eso que ahora ya se tardan unos seis o siete meses en adquirir los permisos de trabajo y residencia.
Respecto a las trabajadoras del hogar, muchas de ellas inmigrantes, ¿Cómo les afecta la nueva normativa aprobada tras un acuerdo entre el Gobierno de Zapatero, CCOO y UGT?
Hay que entender el contexto. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), hay unas 800.000 personas (según otras fuentes, cerca de un millón) de trabajadoras domésticas, un 70% en la economía sumergida. La regulación que ha entrado en vigor el 1 de enero supone dignificar la labor de estas mujeres y avanzar en algunos derechos. Así, es obligatoria la cotización a la seguridad social desde la primera hora de trabajo, y la existencia de un contrato de trabajo por cada empleador. También se garantiza, como mínimo, el pago en metálico del salario mínimo interprofesional o la parte proporcional a éste según las horas trabajadas. Y se podrán cobrar las bajas laborales a partir del cuarto día, como cualquier otro trabajador. Son algunos avances muy significativos.
Por último, ¿Qué trabajo se desarrolla en el área de inmigración de CCOO en el País Valenciano?
Trabajamos en varias líneas. Primero en la tramitación de expedientes, unos 30.000 al año, sobre permisos de trabajo y residencia, recursos de lo contencioso-administrativo o agrupaciones familiares; en segundo lugar, dando voz a los trabajadores inmigrantes en la negociación colectiva. Por ejemplo, en el convenio estatal de la construcción hemos logrado que se amplíe a seis los días de permiso para que viajen a su país si fallece un familiar. También es importante la asesoría jurídica a extranjeros que realiza el Centro de Información de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes del País Valenciano (CITMI-CITE); y, asimismo, la entrada de inmigrantes en las ejecutivas de CCOO en el metal, construcción, hostelería o el sector agroalimentario. Son los sectores, por cierto, que emplean más mano de obra extranjera.
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